La iniciativa firmada por 3 diputadas de Morena se aprobó en comisiones
La iniciativa concuerda con recomendaciones de Conavim y Guerrero sería la 8ª. entidad con ILE en México
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril, 2022.- Guerrero podría convertirse en el estado número 8 del país con el derecho para las mujeres de interrumpir su embarazo luego de que este día la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó el dictamen para establecer la interrupción legal del embarazo, informaron las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga, todas de Morena, en conferencia de prensa.
El dictamen pasó a la discusión de la asamblea y así termina un proceso para la ILE, detenido en 2020.
En una segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM, la Secretaría de Gobernación a través de Conavim recomendó al Congreso de Guerrero legislar sobre la ILE, y el Congreso, por el contrario, trató de fundamentar una prohibición más allá de la ley y violando la norma 046. Desde entonces hay una dura batalla en Guerrero. El grupo parlamentario de Morena ya se sumó al acuerdo de la comisión.
De aprobarse la iniciativa Guerrero sería el octavo estado de la República en aprobar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo luego de que en el segundo semestre de 2021 se despenalizó el aborto en Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima; la Ciudad de México fue la primera entidad federativa en descriminalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en abril de 2007 y acaba de cumplir 15 años. Luego se aprobó en el estado de Oaxaca en 2019, e Hidalgo, Baja California, Colima y Veracruz en 2021. En todos los casos se obliga a los gobiernos a dotar de atención médica oportuna, para salvar vidas.
En Guerrero se estima que un alto porcentaje de mujeres se embarazan como resultado de abusos y violación sexual.
No obstante, la iniciativa de las morenitas, que entrará a la asamblea para su discusión y aprobación, propone reformar el Código Penal del Estado, para establecer la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación, así como las penas consecuentes a quien se realice o ayude a realizar este procedimiento después de los plazos acordados con o sin el consentimiento de la mujer o persona gestante. Turnada a las Comisiones de Justicia y Salud.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez dio lectura a la iniciativa que está firmada por las diputadas Beatriz Mojica Morga y Nora Yanek Velázquez Martínez y fue turnada a las Comisiones de Justicia y Salud para su análisis, quien será la encargada del proceso de dictaminación.
En de octubre de 2020 el congreso del estado rechazó eliminar los candados relacionados con la interrupción legal del embarazo producto de una violación en menores, como lo establece la Norma 046 y pretendía incluir la Interrupción Legal del Embarazo, por voluntad de la mujer en el Código Penal. Ni una, ni otra cosa admitieron los y las diputadas.
Entonces el argumento político fue que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pretendía usurpar las funciones legislativas, toda vez que la aceptación de la segunda Alerta de Violencia de Género contra las mujeres AVGM por agravio comparado solicitaba a los diputados esta reforma, e incluso la Interrupción Legal del Embarazo en los términos aprobados en la Ciudad de México como el caso de Veracruz y lo acordado por la Suprema Corte de Justicia.
Lo que hicieron los diputados fue desechar la reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, para eliminar todos los condados relacionados con la interrupción legal del embarazo producto de una violación; mientras que en el caso de menores, de 18 años, la Secretaría de Salud no cumple con la norma, que permite que cuando se haga la denuncia de la violación de una menor, no se debe esperar a la resolución del ministerio público de que sí fue una violación, y realizar el aborto, tal como lo establece la Norma.
Ante ello activistas feministas, lamentaron y condenaron la posición de los diputados y diputadas por rechazar la propuesta que hizo la Conavim y el grupo de trabajo que estudia la AVGM por agravio comparado. Además, dijeron que hay casos de adolescentes abusadas sexualmente. Incluso sostuvieron que ha habido casos, donde las adolescentes han tenido que dar a luz, esperando la autorización del ministerio público.
Por su parte Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO-Guerrero), acusó a los 25 diputados y diputadas locales, de dejar a las mujeres en total desamparo de sus derechos.
La representante de Obvio-Guerrero aseguró que esta decisión de los diputados es un revés para el libre ejercicio de los derechos de las mujeres, “no solo están atentando en contra del dictamen de Conavim, sino en contra de toda una legislación internacional de la que tienen un total desconocimiento y no cumplen con la Ley general de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia”.
Por otro lado, Yolitzin Jaimes Rendón, de la colectiva “Las Revueltas, opino; “es terrible el dictamen. Hacen del proceso un episodio burocrático y más traumatizante para las mujeres. Es un atentado al derecho a decid
La definición en Guerrero tendrá que ajustarse a los dictados de la Suprema Corte de Justicia que decidió no criminalizar el aborto inducido desde el año pasado, considerando injusta toda criminalización y opuesta a la Constitución y a los acuerdos y convenciones firmados por México.
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Guerrero
En 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el amparo de una mujer indígena de Guerrero por violación a sus derechos de defensa adecuada, para discutir —entre otras cosas— la fiabilidad de la prueba de docimasia pulmonar hidrostática.
El resultado fue que “la única prueba de cargo que sustentaba la condena era la necropsia practicada por el perito oficial, la cual era claramente insuficiente para establecer que el deceso de la víctima fue resultado de alguna acción realizada por la quejosa”.
Un punto común que tienen los casos de mujeres criminalizadas por eventos obstétricos es que tanto el personal de salud, como los elementos policíacos e incluso el Instituto de Defensa Pública del Estado, se encargan desde el primer momento de encontrar elementos para culpar a las mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o un parto fortuito.
