- En 2021, tres mil 433 personas presas por feminicidio y cinco mil 165 personas por abuso sexual.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 18 de octubre del 2022.- En un estudio realizado por Alejandro Giles Navarro para el Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que hoy en día la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) se concibe como un instrumento indispensable para la seguridad pública, pero hasta el momento no existe evidencia que compruebe su efectividad para prevenir el crimen o disminuir la incidencia delictiva.
En el año 2021 fueron ingresadas mil 37 personas por feminicidio en los centros penitenciarios del país, esto es 9.5 % más que las personas recluidas por este delito el año anterior. Al cierre de 2021 en México había tres mil 433 personas recluidas por feminicidio.
Mientras que los feminicidios aumentaron 3.2 %, al pasar de 948 a 979 en 2021, y el número de homicidios de mujeres en México, según el INEGI, creció en 0.8 % al pasar de tres mil 957 a tres mil 991.
Giles Navarro señala que entre 2020 y 2021, creció el número de personas encarceladas por los delitos incorporados con la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa de 2019. En la mitad de estos delitos, la incidencia delictiva también aumentó, lo que sugiere que el hecho de que haya más personas en la cárcel no garantiza que se cometan menos delitos.
De acuerdo a los datos de los primeros tres años de implementada la Prisión Preventiva Oficiosa, entre 2020 y 2021, el número de personas ingresadas por el delito de abuso sexual registró un aumento del 31.6 %, al pasar de dos mil 688 en 2020, a tres mil 540 en 2021. Al cierre de 2021, había cinco mil 165 personas recluidas por el delito de abuso sexual en las cárceles del país, de acuerdo a datos del INEGI.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), en el año 2020 se registraron 22,377 delitos de abuso sexual y en el 2021 se reportaron 27,713, lo que significó un aumento del 23.8%.
En el 2021 ingresaron 475 personas a prisión por el delito de desaparición forzada, esto es, 28 por ciento más que el año anterior. Al cierre de 2021, había 866 personas presas por el delito de desaparición forzada de personas.
El 12 de abril de 2019 se publicó la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, que amplió el catálogo de delitos en los que los jueces deben ordenar que las personas acusadas de cometer un delito vayan a la cárcel sin que exista una sentencia de por medio que acredite su culpabilidad. Bajo la premisa de terminar con la llamada “puerta giratoria” que supuestamente permite a los criminales entrar y salir de la cárcel.
Asimismo, señala que por disposición constitucional, en el 2024 la Prisión Preventiva Oficiosa tendrá que evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación.
Al respecto en su análisis indica que los criterios jurisprudenciales más recientes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la SCJN apuntan más bien hacia su desaparición por la contradicción y amenaza que representa esta medida para derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Subrayar que la Prisión Preventiva Oficiosa que se perfila a ser eliminada es aquella entendida como prisión automática, una figura distinta a la prisión preventiva, la cual sí es reconocida como una medida cautelar válida siempre y cuando se encuentre sujeta a los principios de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad que la hacen compatible con los derechos humanos.
Explica que en México existe una situación sui generis que promueve la confusión debido a que coexisten dos figuras reconocidas por el sistema jurídico: la prisión preventiva, que se puede ordenar de manera justificada por el ministerio público y la PPO, que se ordena por los jueces de manera automática en determinados delitos definidos expresamente por la Constitución.
Adicionalmente, múltiples estudios realizados en varias partes del mundo han comprobado que la prisión preventiva afecta a las personas más pobres que no tienen recursos económicos para pagar una fianza o un abogado.
El investigador señala que los datos apuntan que, además de las penas privativas de la libertad de las personas, existen otros factores que repercuten en la incidencia delictiva y, por tanto, diversas alternativas de intervención pública que deben ser exploradas para disuadir y erradicar las conductas criminales que amenazan la tranquilidad de las personas.
SEM/MG
