Emergencia COVID-19

Autoridades de Yucatán desprotegen a defensoras de derechos humanos, por COVID 19

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  • Medidas de protección con la debida diligencia, exigen para las tres defensoras, 279 organizaciones defensoras de los DDHH

Elda Montiel

SemMéxico. Yucatán. 4 de mayo de 2020.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, reprueban el uso de las medidas sanitarias sobre el COVID-19 que han sido utilizadas por funcionarios del gobierno de Yucatán y la presidencia municipal de Mérida para agredir a las defensoras del estado de Yucatán; Rosa Elena Cruz Pech, Clementina Adelaida Salas Salazar, y la médica Sandra Peniche Quintal. 

Las 279 defensoras de los 27 estados del país, de la RNDDHM, en una carta abierta dirigida al gobernador, Mauricio Vila Dosal, al presidente municipal, Renán Alberto Barrera Concha y al Comisario Director de la Policía Municipal, ing. Mario Arturo Romero Escalante demandan se establezca las condiciones que garanticen la protección para la labor de las defensoras que desde el mes de marzo de este año han sufrido desprecio, hostigamiento, intimidación y amenazas bajo el contexto de la emergencia sanitaria COVID 19.

Señalan que Rosa Elena Cruz Pech enfrento una serie de incidentes como hostigamiento cibernético, el desajuste de tuercas a las llantas de su automóvil, vigilancia en su vivienda particular y la amenaza de muerte en su contra por hacer visible las situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar. Además de que no se cumplió con la medida de protección otorgada, consistente en rondines en su domicilio por agentes de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado que debían realizar por 30 días. 

A la defensora Clemencia Adelaida Salas Salazar le notifican el pasado 30 de marzo que se le retiran las custodias que tenía establecidas por las medidas de contingencia del coronavirus para mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El 3 de abril, a la médica Sandra Peniche Quintal, se le pretendía aplicar la misma disposición del retiro de la medida de protección que le fue instalada posteriormente a vivir un intento de asesinato en marzo del año 2018.

Así como el 24 de abril, Sandra Peniche Quintal, denunció que tres agentes de la policía municipal de Mérida, dos de ellos integrantes del equipo antimotines, arribaron a la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, de la cual es Directora, y pretendieron detener a la administradora, un albañil y dos personas de limpieza por las medidas de contingencia sanitaria, sin tomar en cuenta que es un centro que otorga atención médica a mujeres y por tanto, su actividad es considerada como de carácter esencial.

Sandra Peniche Quintal es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y las medidas que le fueron otorgadas no contemplan rondines ni ninguna otra acción que implique la participación de elementos de la policía municipal. 

Por lo que consideran que el abuso de autoridad cometido por las fuerzas de seguridad se suma a los recurrentes actos de hostigamiento e intimidación, que tanto particulares como agentes del estado, han focalizado hacia la labor de defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres llevada a cabo por la médica Sandra Peniche.

La RNDDHM demanda al gobernador establecer un plan público en que defina qué condiciones y medidas implementará su gobierno para garantizar la seguridad y la integridad física de las tres defensoras de Derechos Humanos. 

Así como al gobierno federal a establecer, a partir del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el seguimiento de la implementación de las medidas de protección con la debida diligencia para garantizar la vida y seguridad de las defensoras beneficiaras de medidas de protección en el estado de Yucatán.

Así como reconocer públicamente el papel fundamental que desempeñan las defensoras de ddhh y las periodistas; condenar las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellas y los intentos de desacreditar su labor, y garantizar la debida investigación de la violencia y las amenazas cometidas contra ellas que lleve a la sanción de quien resulte responsable.

Lo anterior, de acuerdo con el marco de recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, emitidas en su Informe relativo a la Misión en México del 26 de febrero al 23 de marzo del 2018.

Asimismo, mandaron copia de la carta al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

A la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Sr. Michel Forst, y a las doctoras, Duvraka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y la doctora, Sandra Patargo, Coordinadora  de Protección para las Américas, Front Line Defenders.  

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