Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Cd. de México, 6 marzo 2019.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que México vive una grave crisis de derechos humanos que afecta fundamentalmente a mujeres y niñas, y señaló que, en el caso de los asesinatos de ellas, independientemente del lugar donde se cometió el crimen, “todas ellas las une un factor común: la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para asegurar su integridad y para asegurar sus vidas”.
Junto con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, presentaron esta mañana durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México en el que se dijo que cada 160 minutos es privada de la vida una mujer o niña.
Ante la prensa y observada por López Obrador, la responsable de la política interna del país explicó que en México 66 de cada 100 mujeres han declarado haber sufrido algún tipo de violencia y que cada día nueve mujeres son víctimas de un feminicidio, lo que llevó a contabilizar en 2018 un total de tres mil 580 víctimas.
Dijo que de acuerdo con CEDAW, México no ha tenido avances significativos desde 2012 para contrarrestar la violencia contra las mujeres “por el contrario se ha incrementado en forma dramática”, aunque reconoció los avances jurídicos, como los mecanismos instituciones y una política pública amplia para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, que, sin embargo, “no han tenido su efecto útil”, este plan es solo un primer paso de muchos más.
La titular de la Secretaría de Gobernación recordó que cuando fue designada para estar al frente de la dependencia señaló que sería la primera vez que la política interna “sería vista desde la perspectiva y la mirada de las mujeres y las niñas, porque solo incorporando esta visión entenderemos. Debemos comprender la realidad de las mujeres y niñas para garantizar sus derechos”.
Dijo que el Plan Emergente incluye la participación de los tres órdenes de gobierno y distintas autoridades en diferentes ámbitos, quienes de manera conjunta y coordinada deberemos de actuar de manera inmediata.
La grave crisis de derechos humanos ha afectado en mayor medida a las niñas y mujeres, pues en los últimos años tanto la violencia común como la violencia del crimen organizado se ha ensañada en contra de ellas, así lo demuestra el incremento de los índices de violencia y las 33 solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres, de los cuales en 17 ha sido declarada.
Ello, planteó, nos merece una intervención decidida, no podemos seguir normalizando la violencia contra las mujeres, no podemos aceptar que la cifra de feminicidio infantil haya aumentado, no podemos permitir la violencia feminicida, sexual y doméstica (porque) son contrarias a la pacificación y reconciliación propuesta por el presidente, dijo la Secretaria de Gobernación.
Destacó que México no ha tenido avances en esta materia, ello a partir de las recomendaciones hechas por el comité CEDAW en 2018, que señaló la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir los asesinatos y desapariciones forzadas, abordando sus causas, violencia organizada, tráfico, discriminación, pobreza en que viven las mexicanas.
Rectoría del Estado, plan emergente
Por su parte, la presidenta de INMUJERES presentó las acciones del Plan de Emergencia que se enmarcan en la situación de emergencia que vive el país en materia de seguridad y donde las mujeres y ñas niñas se encuentran en extrema vulnerabilidad, lo que aclaró, “no sustituye las obligaciones legales que tenemos en materia las diferentes dependencias”.
Sus objetivos son: asumir como un problema de Estado la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; y colocar en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad.
El Estado asume como deber jurídico la rectoría de la política pública para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas con la competencia de los tres órdenes de gobierno: federación, entidades federativas y municipios.
Entre las instituciones que participan mencionó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes conferencias de seguridad y procuración de justicia; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV); el Sistema Nacional para Prevenir, atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Secretario Ejecutivo, así como INMUJERES, CONAVIM y Consejo Consultivo.
Las acciones se realizarán de forma inmediata, y otras en un plazo de seis meses, señaló Nadine Gasman quien apuntó que hasta el momento estás han sido aisladas y sin coordinación.
En materia de prevención citó: Acciones coordinadas en las zonas prioritarias y a través de las coordinaciones estatales para la construcción de paz para prevenir los feminicidios. Fortalecimiento de la coordinación entre autoridades locales y federales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Registro nacional del sistema de transporte público concesionado. Recuperación de espacios públicos con enfoque de ciudades seguras y espacios libres de violencia. Seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje. • Desarrollo de aplicación para teléfonos móviles con enlace al 911. Campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.
En Justicia: Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, a fin de identificar líneas de investigación y problemas estructurales. Impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas
En atención: Adopción del paquete de servicios esenciales para mujeres víctimas de violencia, que incluye servicio en áreas de protección y seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente hijas e hijos menores de edad, así como de dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidas.
En relación con las Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Revisión de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres decretadas en el país. Crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de la AVGM, de acuerdo con una de las recomendaciones dictadas por el Comité de CEDAW. Integrar un cuerpo técnico que permita realizar investigaciones más eficientes de las solicitudes de AVGM presentadas.
Así como reformas legislativas: Reforma integral en materia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, haciendo énfasis en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y órdenes de protección. Reforma para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia. Reformas para establecer las sanciones a servidoras y servidores públicos que son omisos o negligentes en su actuar en los casos de violencia contra las niñas y mujeres. Adopción del Código Penal Único a fin de homologar los delitos que se cometen en contra de las mujeres y las niñas en el país.
Y finalmente la rendición de cuentas: Informes mensuales sobre avances, retos y obstáculos en la instrumentación del plan emergente.
