- 25 enfocadas a la violencia contra las mujeres, precisas, cambian, pero en nada presionan para mejorar las políticas públicas.
- SemMéxico examinó sólo dos meses de acciones legislativas, mientras cerca de 300 iniciativas están archivadas.
- En el acceso a la justicia la queja es trato discriminatorio y falta de equidad.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 6 de diciembre del 2022.- Una cascada de iniciativas en el Congreso de la Unión, 25 enfocadas a la violencia contra las mujeres, algunas ya resueltas, otras con pequeños cambios. Las preceden discursos encendidos.
Esto da cuenta del trabajo legislativo de sólo pocas semanas, alrededor de la campaña de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres, provenientes de todos los partidos, pero…
De estas iniciativas, pocas se concretan y muchas quedan pendientes. Un ejemplo es que se hacen modificaciones, para reforzarlas, precisarlas. Muchas punitivas, como la “Ley Ingrid” con sanciones penales que avanza en comisiones en el Senado, y otras se duplican en las dos Cámaras como la Ley Vicaria cuyo tema es polémico porque incluye a las hijas e hijos en esta violencia familiar, económica e institucional, que argumentan a los hombres también les afecta.
Otras de igual importancia se quedan rezagadas en el Senado como la que tipifica y penaliza el delito de lesiones por razón de género en contra de mujeres, que las distingue de las lesiones dolosas.
Hay insistencia a los partidos políticos para que incluyan la paridad en sus estatutos, pero éstos no hacen nada. Siguen omisos.
SemMéxico hizo una de las iniciativas y propuestas, discursos y duplicidades, analizando contenidos y palabras. Muchas. Pero no existen, en cambio acciones políticas de congresistas para empujar políticas públicas; dejaron pasar al presupuesto para transversalidad de género. El examen desde una mirada periodística, arroja, al menos, confusión y deja una sensación de vacío. Las cifras crecen y la impunidad también.
Por ejemplo, la falta de acceso a la justicia por omisión y negligencia de autoridades es demandada en los argumentos de algunas iniciativas que buscan modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas e Instancias de Procuración de Justicia, pero la revictimización a mujeres y familiares sigue siendo la constante porque no han logrado resultados materiales y acciones de políticas públicas.
Algunas iniciativas insisten en promover la participación económica de las mujeres con el solo cambio de nombre de una Secretaria o promoviendo iniciativas para jóvenes y personas mayores, dando por hecho que cubren las necesidades particulares de las mujeres invisibilizándolas nuevamente, cómo ha sido la constante del gobierno de la Cuarta Transformación.
También se realizan foros, talleres, parlamentos abiertos sobre los temas de las iniciativas con la participación de especialistas y organizaciones sociales, pero no son garantía de que las propuestas se tomen en cuenta.
Pendiente dictamen para tipificar delitos en razón de género
A principios de noviembre quedó pendiente por las Comisiones unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, que se declararon en sesión permanente para ajustar la redacción del dictamen, la que tipifica y penaliza el delito de lesiones por razón de género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.
Aprobado por la Cámara de Diputados a finales del 2019 es un proyecto iniciativa de los ocho grupos parlamentarios para adicionar el Capítulo I Bis denominado “Lesiones cometidas contra la mujer en razón de género” conformado por los artículos 30 Bis y 30 Ter con lo que se distinguen las lesiones dolosas de las lesiones cometidas contra mujeres en razón de género.
Sanciones de 20 años para quien ataque con ácido a una mujer
Lo que si se aprobó en el Senado de la República fueron las modificaciones al Código Penal Federal para tipificar y sancionar con cárcel de hasta 20 años a quien cause a una mujer lesiones con ácido o cualquier otro corrosivo. El dictamen establece que se impondrán de 7 a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva. La pena aumentará seis más si existe relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza. La iniciativa que reforma el artículo 85 del Código Penal, también señala que no se conceda libertad preparatoria a los sentenciados por el delito de lesiones previsto en el artículo 297 Bis. El Dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para su aprobación.
En el Senado avanza “Ley Ingrid” con prisión de hasta 10 años
En el marco de la violencia feminicida avanzó en la Comisión de Justicia del Senado de la República, el dictamen conocido como la “Ley Ingrid” que busca sancionar, hasta diez años de prisión, a quien difunda imágenes, audios, videos, documentos y demás evidencias con cadáveres de niñas, niños, adolescentes o mujeres que formen parte de una carpeta de investigación o un proceso penal.
El proyecto conocido como “Ley Ingrid”, adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, para establecer que, a quien resulte culpable de dicho ilícito, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
La senadora promovente Indira Rosales San Román del PAN, expresó que, aunque ya está regulado administrativamente, se busca imponer una sanción penal a la difusión de imágenes que vulneran la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres.
Cabe recordar que esta propuesta fue nombrada así en memoria de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio el 9 de febrero de 2020. Dicho delito salió a la luz luego de que dos agentes de la Fiscalía que acudieron al levantamiento del cadáver capturaron y difundieron imágenes de cómo el feminicida asesinó a la joven al interior de su propio departamento.
Proyecto para víctimas de lenocinio cuando se encuentren embarazadas
En la misma Comisión de Justicia se aprobó un proyecto que busca aumentar hasta en una mitad más las penas ya establecidas para los delitos de lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones, cuando la víctima se encuentre embarazada al momento de la comisión del delito. Se busca evitar graves afecciones durante el embarazo a las víctimas y que ello pueda incidir o limitar el desarrollo del feto o bebé. Propuesto por la senadora Indira Rosales San Román.
Sancionar la no impartición de justicia
En el marco de la reunión de la Comisión de Justicia en el Senado, el legislador panista Damián Zepeda Vidales fue muy puntual en señalar que se queda corta esta sanción en el artículo 225 Bis al Código Penal Federal y que se debe penalizar las conductas de abuso en la administración de justicia de manera más rigurosa.
Al respecto recordó que en 2021 hizo una propuesta para la dictaminación de la nueva Ley Orgánica para penalizar el abuso de justicia o faltas en la administración de justicia respecto a conductas en contra de cualquier persona como abrir carpetas de investigación sin justificación y filtrar no solo imágenes y audios, sino todo tipo de documentos o elementos privados que forman parte de la presunción de denuncia.
También celebró que se entregara al Senado el Informe Anual de las actividades de la Fiscalía General de la República correspondiente a los ejercicios fiscales 2020-2021. Puntualizó, que, de acuerdo a la Ley, el Senado tienen 60 días para valorar, aprobar o rechazar el informe por lo que exhortó a cumplir con la legislación.
Demandan que el delito de feminicidio sea imprescriptible
A efecto de que sea imprescriptible el delito de feminicidio, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, propuso adicionar un artículo 325 Bis al Código Penal Federal, de tal forma que las autoridades ministeriales practiquen en todo tiempo las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de este tipo de delitos. Debido a que en la mayoría de los casos en los que muere una mujer por razones de género, las familias tardan años en poder encontrar los restos de las víctimas.
Expresó la senadora Mayorga Delgado que las autoridades tienen que practicar en todo tiempo las diligencias de investigación para el esclarecimiento del delito, porque si el Estado falla en investigar y sancionar crea impunidad y el feminicidio se vuelve una vertiente sin final, expresó la senadora priista Nuvia Mayorga Delgado.
La normalización de la violencia contra las mujeres y la cultura machista conducen a la violencia y al acoso. Otro contribuyente a esta violencia es el crimen organizado. Un estudio reciente mostró que el 63 por ciento de los feminicidios ocurridos entre marzo y abril de 2020 en nuestro país, tienen vínculos con el crimen organizado, pero el gobierno muchas veces no reconoce este tipo de violencia.
Proponen tipificar violencia vicaria contra mujeres
La senadora Estrella Rojas Loreto, de Acción Nacional, presentó una iniciativa para establecer la violencia vicaria, entendida como la violencia contra los seres queridos, como uno de los tipos de violencia contra las mujeres en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y el artículo 342 Bis del Código Penal Federal. Dicha iniciativa se turnó a las comisiones unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos Segunda.
El primer paso es visibilizar este fenómeno antisocial, dijo, y generar conciencia en la ciudadanía y en autoridades responsables de la seguridad de este grupo poblacional, sin ignorar que hay violencia contra el hombre, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las personas que ejercen violencia familiar, 76.2 por ciento son hombres y 23.8 mujeres.
La senadora del PAN propuso que en el rubro de violencia familiar se incorpore una agravante, a fin de que la pena de prisión se aumente hasta en una mitad, cuando la violencia familiar la realice un hombre que tenga o haya tenido una relación de pareja y utilice por sí o interpósita persona a las y los hijos, y cause algún daño, físico, emocional y psicológico de la víctima y los infantes.
Proponen reforma para reinstalar a mujeres despedidas por estar embarazadas
El senador Roberto Juan Moya Clemente presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXII del Apartado A del artículo 123; un párrafo tercero a la fracción XII, del Apartado B del artículo 123, ambos de la Constitución.
El senador panista Moya Clemente propuso reformar el artículo 123 de la Constitución para reinstalar a las mujeres despedidas por estar embarazadas, incluso cuando sea personal de confianza. La iniciativa también propone que el patrón que haya despedido injustificadamente a una mujer en estado de gestación estará obligado a cubrir la totalidad de las cuotas por el seguro de enfermedades y maternidad, desde la fecha del despido hasta cuatro meses posteriores a la fecha del parto.
Avalan imponer penas a quien explote sexualmente a su pareja
La Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República avaló un dictamen que tiene como objetivo imponer una pena de 20 a 40 años de prisión y de dos mil a 20 mil días de multa, a quien explote sexualmente a su pareja, al aprovecharse de la relación matrimonial, concubinato u otra relación sentimental.
El proyecto que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, señala que en todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio y sin efectos el concubinato. Especifica que, una relación sentimental análoga es otra forma de unión sentimental que no llegue a constituirse en matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia por razón de tiempo u otro requisito legal.
Asegurar paridad sustantiva en postulación de candidaturas
La senadora Sasil de León Villard, coordinadora de la fracción del PES, presentó una propuesta para darle claridad normativa al marco legal en materia de paridad sustantiva mediante los criterios de competitividad para la postulación de candidaturas en materia electoral, esencialmente en los ámbitos federal y local, y cuando se trate de la elección de gubernaturas.
Recordó que la paridad sustantiva en materia electoral ha sido instrumentada por el INE y avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal mediante la emisión de criterios y lineamientos y en el Reglamento de Elecciones, pero no está contenido este tema fundamental en las leyes secundarias en materia electoral.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 207, se adiciona numeral 4 del artículo 224, se modifican los artículos 226 y 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda.
Destinar dos días en las escuelas para prevenir violencia sexual
A fin de establecer que las autoridades escolares destinen dos días del calendario escolar, para que en las escuelas se hable de violencia sexual y cómo prevenirla, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Martha Cecilia Márquez Alvarado, presentó una iniciativa para reformar la fracción X del artículo 30 y adicionar el artículo 87 a la Ley General de Educación.
Manifestó que se pretende que la escuela sea el espacio donde niñas, niños y adolescentes tengan confianza para hablar sobre lo que les sucede, sobre sus sentimientos y con ello brindar apoyo a quienes, lamentablemente, son o fueron víctima de abuso sexual.
Se propuso que el personal académico y administrativo reciban cursos de capacitación en materia de prevención del abuso sexual en los entornos escolares; así como de los procedimientos, protocolos y canales de atención para denunciar este tipo de actos.
Hasta 5 años de prisión por acoso sexual en público, privado o medio informático
Las senadoras y senadores también aprobaron adicionar el artículo 259 Ter en el Código Penal Federal para sancionar el acoso sexual, en cualquier espacio público o privado, y el que se realice a través de medios informáticos, con prisión de uno a cinco años.
“Se establece que, si la persona acosadora fuese servidor público, y usa medios o circunstancias de su cargo, será destituido e inhabilitado para ocupar otra responsabilidad pública hasta por un año” refiere la reforma.
Analizan en el Senado legislaciones internacionales para garantizar derechos de la mujer
La senadora Olga Sánchez Cordero precisó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se diseña en el Senado de la República, atenderá la justicia cotidiana y homologará los procesos como divorcios, intestados, actas de nacimiento, entre otros, en las 32 entidades federativas.
Durante el foro “Derecho civil y familiar discriminatorio en América Latina: hacia un nuevo marco normativo orientado a prevenir la violencia contra las mujeres”, realizado en el Senado de la República.
Senadoras, senadores, especialistas y representantes de asociaciones civiles destacaron que es necesario avanzar hacia nuevos marcos jurídicos que permitan prevenir, atender, proteger y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Analizaron las normas de derecho civil, familiar y procesal vigentes en México y en distintos países de la región, que afectan las garantías de igualdad y de protección de las mujeres.
Mejorar condiciones laborales de personas conductoras de autobuses, camiones y vehículos
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó un proyecto de iniciativa para establecer que la jornada laboral de las y los conductores de autobuses, camiones unitarios, vehículos articulados y vehículos de doble remolque no exceda las 14 horas de conducción continua, por lo que se adiciona una fracción al artículo 236 de la Ley Federal del Trabajo.
Además de garantizar que las personas conductoras tengan la capacitación adecuada, que no excedan de trayectos continuos de 14 horas con sus ocho horas de descanso, y se tenga un descanso obligatorio de 24 horas. En trayectos superiores a cinco horas realizar pausas de 30 minutos. Las y los conductores deberán llevar la bitácora de horas de servicio y horas de reposo y descanso. Dicha iniciativa también plantea que cuando el trayecto supere las nueve horas, se garantice la presencia de una segunda persona conductora en el transporte.
Los descuentos en salarios por cuotas sindicales no deben exceder del 20 por ciento
La Comisión de Trabajo y Previsión Social avaló modificaciones a diversas fracciones del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo para especificar que los descuentos en los salarios de las personas trabajadoras están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos como pago de deudas contraídas por las personas empleadoras, pagos hechos con exceso a la persona trabajadora o adquisición de artículos producidos por la empresa.
Estos descuentos no pueden exceder al importe de los salarios de un mes y de acuerdo que convenga a la persona trabajadora, sin exceder el 30 por ciento de salario mínimo.
Respecto al pago de cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos, se sugiere que esos descuentos deben aceptarse libremente por la persona trabajadora y que no podrán exceder del 20 por ciento del salario.
Derechos laborales a trabajo en plataformas digitales y repartidoras/es
La senadora Patricia Mercado Castro aseguró que las innovaciones tecnológicas han creado nuevas modalidades de empleo, por lo que es indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para garantizar los derechos laborales a las y los trabajadores.
Fenómenos como el trabajo en plataformas digitales, reparto de alimentos y mercancías, teletrabajo, trabajo en línea, trabajo colaborativo están cambiando nuestra forma de entender conceptos centrales de la actividad económica, refirió.
Por lo que enfatizó que la relación contractual, el consumo, la distinción entre comercio y empleo, la jornada laboral son algunos de los moldes jurídicos y administrativos tradicionales que se están desbordando. Resulta urgente determinar y plasmar ante la ley los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras de este rubro, así como las obligaciones del empleador y empleadora.
La iniciativa de Movimiento Ciudadano propone añadir el Capítulo Sexto Bis a la Ley Federal de Trabajo denominado “De las personas trabajadoras de plataformas digitales de transporte y reparto”. La iniciativa se turnó a Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda.
Senado deroga obstáculos a la pensión por medio del IMSS o el ISSSTE
El pleno del Senado aprobó por unanimidad derogar los normativos que condicionan por edad y duración del lazo matrimonial, la obtención de la pensión por viudez pues representan una violación a los derechos de seguridad social y de igualdad. Las reformas que modifican las legislaciones del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se turnaron a la Cámara de Diputados.
El senador Ricardo Monreal Ávila presentó esta iniciativa desde el 17 de noviembre de 2021 para reformar la fracción ll del artículo 132 de la Ley del IMSS, así como la fracción II del artículo 136 de la Ley del ISSSTE.
Cámara de Diputados
Reforma para que la Secretaría de Desarrollo Social cambie a Secretaria de Bienestar
En la Cámara de Diputados se presentaron iniciativas con el argumento de que sólo el cambio de denominación asegura mayor participación económica de las mujeres en una administración federal que ha demostrado poco o nulo interés por las mujeres y las engloba genéricamente con los jóvenes y las personas adultas mayores como el dictamen que sustituye “Secretaria de Desarrollo Social” por “Secretaría de Bienestar” y adiciona la fracción X en el artículo 8 de la “Ley de la Economía Social y Solidaria” reglamentaria del artículo 25 Constitucional, a fin de generar condiciones para la integración social productiva de las mujeres, libre de cualquier forma de discriminación.
Reformas para la productividad y la competitividad de mujeres y jóvenes
Se presentó dictamen para adicionar los artículos 11 y 12 de la Ley para Impulsar el Incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional en materia de derechos de mujeres y jóvenes.
Dichos cambios, precisa, incorporan la perspectiva de transversalidad en el diseño e implementación de decisiones y políticas públicas que beneficien a mujeres y jóvenes. Asimismo, se impulsa la participación laboral de las mujeres y personas jóvenes, en términos del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.
Reforma en la Ley por la Igualdad entre Hombres y Mujeres
También se hizo el cambio de denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en la Ley General por la igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que en opinión de la diputada perredista Olga Luz Espinosa Morales se da la certeza a más de 4 millones 855 mil mujeres de la Ciudad de México, de acuerdo al Censo de Población de 2020.
Reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Por unanimidad se aprobaron reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores/as públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia. Se establece que se deberán realizar los procedimientos en el menor tiempo posible sin revictimizar.
La diputada panista Patricia Terrazas Baca expresó que no se puede ser inmune al dolor de las familias, padre/madre, hijas/os, hermanas/os que han perdido un ser querido/a por lo que se pretende el robustecimiento de acciones afirmativas en la exigencia de justicia ante las autoridades que actúan con indiferencia e inclusive agresión y revictimización en lugar de prestar auxilio.
Sancionar omisión de procuración de justicia en delito de feminicidio
La diputada morenista Adriana Bustamante Castellanos impulsa iniciativa que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, con el propósito de incorporar en los supuestos que establecen la responsabilidad para el servidor/a público que no sólo retarde o entorpezca maliciosamente, sino por acción u omisión, la procuración o administración de la justicia para resolver un delito de feminicidio, y plantea incrementar la pena de prisión de tres a diez años a quien lo cometa. Fue enviada a la Comisión de Justicia.
Conceptos de igualdad y no discriminación se incorporan a la Ley Orgánica del PJF
Con la finalidad de garantizar a las mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), en materia de igualdad y no discriminación. Las disposiciones son acordes con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
En la Comisión de Justicia se destacó que el 90 por ciento de los dictámenes han sido enfocados a atender las múltiples denuncias que se reciben de los sectores más vulnerables de la población al ser tratado de manera discriminatoria y con falta de equidad.
La promovente de la iniciativa, diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega expresó que la finalidad es que haya capacitación en perspectiva de género, igualdad y no discriminación para jueces y magistrados federales, “quienes son los que resuelven en última instancia en el país”.
Regular los servicios periciales
A la Comisión de Puntos Constitucionales fue remitida la iniciativa de la diputada Gabriela Sodi Miranda del PRD, que reforma y adiciona los artículos 21 y 73 de la Constitución Política, a fin de que la Federación y las entidades federativas cuenten con servicios periciales autónomos, independientes y profesionales, que proporcionarán datos científicos al Ministerio Público para el desarrollo de sus investigaciones, y determinar la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación general que regule los servicios periciales.
Auditorías preventivas en tiempo real
Se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión, iniciativa del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena), que adiciona el artículo 79 de la Constitución Política, para señalar que previa solicitud de los entes fiscalizables y fiscalizadores, la Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo auditorías preventivas en tiempo real, previa autorización de su titular y, una vez concluidas, deberá formular un dictamen que contenga un informe individual derivado de dicha auditoría.
Guardia y custodia de los hijos e hijas menores de 3 años para mujeres privadas de la libertad
En la Cámara de Diputados se aprobó reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las mujeres privadas de su libertad tengan derecho a conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, y permanecer en el Centro Penitenciario, siempre que no contravenga el interés superior de la niña o niño.
Reforma a la ley laboral para licencias de paternidad en fallecimiento de la madre
Con el propósito de que sea obligación del patrón otorgar licencia de paternidad con goce de sueldo en caso del fallecimiento de la madre durante el parto, la diputada Ana María Esquivel Arrona del PAN, planteó adicionar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
La adición de una fracción X establece que en el caso de muerte materna en el parto o durante la licencia de la madre, y cuya niña o niño haya sobrevivido, el padre tendrá derecho a una licencia de paternidad de seis semanas posteriores al fallecimiento de la madre, con goce de sueldo.
Violencia vicaria
La diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa de Morena planteó reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre violencia vicaria, para señalar que quien mantenga o haya mantenido una relación de hecho con una mujer y le provoque daño, mediante una acción u omisión que afecte física o psicológicamente a sus hijas, hijos o persona con la que tenga otro parentesco o relación afectiva, se le impondrá de uno a seis años de prisión, multa de 50 a 100 días y deberá cumplir con tratamiento psicológico e indicar que se perseguirá por querella. Se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Igualdad de Género.
Estudios médicos a víctimas de violencia sexual con previo consentimiento
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona un inciso d) a la fracción V del artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar en las órdenes de protección administrativas, la realización de estudios médicos que corroboren o descarten posibles enfermedades de transmisión sexual, previo consentimiento de la víctima para evitar la violencia obstétrica.
El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, menciona que la fracción V, hace referencia a que se canaliza y traslada, sin demora alguna, a las mujeres o a las niñas en situación de violencia sexual a las instituciones que integran el sistema nacional de salud, para que les provean gratuitamente los servicios requeridos. Se incluye la realización de dichos médicos que corroboren o descarten posibles enfermedades de transmisión sexual, previo consentimiento de la víctima.
Se busca evitar complicaciones en la salud de las mujeres, como son el desarrollo de cáncer cervicouterino, para lo cual, el sector público deberá de cubrir la atención correspondiente.
Reforma a la Ley General de Educación en materia de violencia escolar
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Educación en materia de violencia escolar, con el propósito de impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la convivencia social y escolar, así como prevenir y atender este fenómeno. El dictamen, que reforma el último párrafo del artículo 74 y la fracción II del artículo 128 y adiciona una fracción XXIII al artículo 115 de dicho ordenamiento legal, fue remitido al Senado de la República.
México ocupa el primer lugar en casos de bullying en educación básica, situación que afecta a más de 18 millones de alumnos y alumnas en primaria y secundaria, públicas y privadas y de acuerdo al CONAPRED, cuatro de cada 10 niñas y niños reportan haber experimentado violencia social. Asimismo, 71 por ciento de las y los adolescentes dicen haber recibido insultos y burlas en los últimos cinco años.
Muerte digna sin dolor
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) presentó reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, para precisar que es materia de salubridad general el tratamiento integral de los cuidados paliativos y la muerte digna sin dolor, establecer que las personas tienen derecho a elaborar su voluntad anticipada en cuanto a una muerte digna sin dolor y registrarla en el Registro Nacional de Cuidados Paliativos y Muerte Digna sin Dolor o expresarla por escrito ante dos testigos, y determinar que los pacientes en situación crítica o terminal podrán tomar de manera libre e informada la decisión. Se turnó a las comisiones unidas de Salud y de Justicia.
Garantizar el aprendizaje digital
Para que las autoridades educativas implementen estrategias que garanticen el aprendizaje digital, aseguren el uso productivo y responsable de las tecnologías de la información, así como la creación de programas que promuevan el uso de éstas, y propicien que los educandos las utilicen para alcanzar su desarrollo personal y profesional, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) sugirió diversas modificaciones a la Ley General de Educación. Se canalizó a la Comisión de Educación.
Etiquetado de productos en sistema de escritura braille
Las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, con opinión de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, analizarán iniciativa de la diputada Carolina Dávila Ramírez (PRI), que reforma las leyes generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de Salud, a fin de establecer un etiquetado a los productos empacados o envasados en sistema de escritura braille y códigos de respuesta rápida (QR), y así garantizar el derecho de acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual.
Que el Presidente asista al Congreso a presentar su informe
Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba presentó iniciativa, suscrita por diputadas y diputados de su grupo parlamentario, para adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso asista el Presidente de la República y presente un informe por escrito y escuche un posicionamiento por cada grupo parlamentario.
Reformas sobre revocación de mandato
A fin de reorientar la figura de revocación de mandato, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) presentó iniciativa que reforma la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuya finalidad es determinar, entre otras cosas, que la pregunta deberá ser ¿Está de acuerdo con que se revoque el mandato a (nombre de la persona titular del Ejecutivo Federal), como presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos?, que los partidos políticos no deberán promover la participación ciudadana en dicho proceso, así como contemplar responsabilidad presupuestaria. Fue enviada a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Gobernación y Población.
Entornos con movilidad y accesibilidad para adultos mayores
El diputado José Luis Garza Ochoa (PRI) propuso reformar el inciso g de la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar a esta población a vivir en entornos donde ejerzan su movilidad y accesibilidad universal. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.
Que derechohabientes tengan acceso a medicamentos en farmacias
Con el objetivo de que las y los derechohabientes que no tengan acceso gratuito a los medicamentos en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, puedan adquirirlos en las farmacias, que designe para tal efecto la Secretaría de Economía y el pago de los mismos será sufragado por la Secretaría de Salud, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN) presentó una iniciativa, suscrita también por integrantes de su grupo parlamentario, para adicionar la Ley General de Salud, misma que fue turnada a la Comisión de Salud.
Aportaciones voluntarias de las y los trabajadores del campo
Steve Esteban Del Razo Montiel, diputado de Morena, planteó adicionar el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que las y los trabajadores del campo tengan derecho a realizar aportaciones voluntarias para garantizar el acceso a un esquema de seguridad social, sin importar su condición de permanente, eventual o estacional. Se canalizó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Piden que Viviendas cuenten con iluminación saludable
En tanto, el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer (PAN) expuso cambios al primer párrafo del artículo 71 de la Ley de Vivienda, suscritos por integrantes de su bancada, con el objetivo de que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con energía eléctrica con iluminación saludable. Se remitió a la Comisión de Vivienda para su dictamen.
No podrán salir del país personas obligadas al pago de alimentos
De Morena, la diputada Olga Leticia Chávez Rojas propuso reformar el artículo 48 de la Ley de Migración para que no puedan salir del territorio nacional los mexicanos y extranjeros que estén obligados al pago de alimentos, previa solicitud de la autoridad judicial, no puedan asuntarse hasta tanto no garanticen dicha obligación. Se mandó a la Comisión de Asuntos Migratorios.
Creación de empresas tractoras
La diputada Gabriela Martínez Espinoza (Morena) presentó una iniciativa para reformar las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y la de Aguas Nacionales, a fin de que el Gobierno Federal y las entidades federativas promuevan la creación de empresas tractoras, las cuales se considerarán como puntos de desarrollo rural hidroagrícola. Se turnó a las comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
La discriminación un tema de la administración pública
En el taller “Introducción a la Prevención y Eliminación de la Discriminación”, impulsado por la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que dirige Yuriria García Núñez, se analizó el marco jurídico del Derecho a la Igualdad y la no Discriminación.
Explicó que la no discriminación es un derecho humano con una dimensión jurídica plasmada en instrumentos internacionales y que el Estado está obligado a garantizar su cumplimiento, a través de mecanismos legales. Puntualizó que es un tema de administración pública que implica una gran tarea para eliminarla porque, aun cuando está prohibida desde la Constitución, eso no garantiza su eliminación. “La discriminación no se termina por decreto”, acotó.
Participan las y los trabajadores de las direcciones generales de Servicios a Diputados, Resguardo y Seguridad, Apoyo Parlamentario, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Canal del Congreso y Comunicación Social.
Declarar 10 de noviembre “Día Nacional del Sotol”
La Comisión de Gobernación y Población analizará la iniciativa de la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), la cual plantea declarar el 10 de noviembre de cada año como el “Día Nacional del Sotol”, por su historia, gran potencial e importancia económica que puede llegar a representar. Asimismo, se considera que se debe trabajar en una estrategia para que su comercialización tenga impacto a nivel local y nacional y que esta bebida artesanal sea conocida a lo largo del país.
SEM/MG
