Argelia Guevara
SemMéxico. Cd. de México. 19 de febrero de 2019.- La Comisión de Igualdad debe incluir en sus reflexiones y acciones la tremenda impunidad que rodea a la violencia política contra las mujeres, como es el caso en impunidad de Ma. del Sol Cruz Jarquín acribillada el 2 de junio, al lado de Pamela Terán Pineda y su chofer en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pidió la periodista Sara Lovera al foro del parlamento abierto que discutió la violencia política de género, reunión en la Cámara de Diputados.
Ahí la diputada perredista Guadalupe Almaguer afirmó que, en un punto de acuerdo, de hace semanas en que pidió justicia para la fotógrafa Ma. del Sol Cruz Jarquín, está atorado el dictamen aprobatorio y que no se ha llevado a la discusión de la asamblea.
En ese sentido diputadas presentes y público en general también manifestaron que es fundamental que un nuevo cuerpo legal sobre la violencia política contra las mujeres ha de considerar a familiares o acompañantes que por desgracia estaban en el momento del crimen.
La periodista entregó un documento de 18 cuartillas a la presidenta de la Comisión de Igualdad, María Wendy Briceño para que apure el acuerdo, y que los crímenes como este sean incorporados a la ley, se dé seguimiento y se procure lo que en el caso ha faltado, justicia y no impunidad.
En el foro, donde participaron 5 expertas o estudiosas del tema, se dejó en claro que no es posible abordar la violencia política contra las mujeres, si no se considera el contexto y no se hace desde la Cámara de Diputados una reconvención a las autoridades judiciales, electorales y estatales para que actúen.
Se ha podido documentar que la violencia que arrancó de la vida, al menos a 19 candidatas o políticas en 2018, produce secuelas, dolores colaterales que ahondan la desconfianza y la incredulidad en una justicia que en México no existe, como explicó la periodista, en un espacio de tres minutos para plantear la impunidad y la injusticia en el caso de Juchitán de Zaragoza en junio último, donde además demandó que se analice el contexto político de ese crimen y los intereses económicos que están detrás.
María del Sol Cruz Jarquín, quien era jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, SAI, fue enviada a finales de abril pasado por su jefe Francisco Javier Montero López, para preparar, primero, y después apoyar con su trabajo como fotógrafa y videasta, la campaña de su hermano Hageo Montero López candidato a la presidencia municipal de Juchitán, quien le advirtió que de no hacerlo perdería su empleo.
Eso, puntualizó la periodista es un delito electoral que no han resuelto las autoridades, y aunque el tribunal electoral ya condenó el hecho, el señor Hageo Montero López está ejerciendo como regidor. No existe justicia electoral, deben ser reconvenidas esas autoridades por las diputadas, agregó. Haberla obligado a apoyar al hermano del Secretario, es un delito electoral clarísimo, que hoy permanece en la impunidad.
Tampoco ha habido justicia desde la Fiscalía del Estado de Oaxaca, pudieron identificar a uno de los autores materiales y lo dejaron libre. Durante meses esa fiscalía ha solicitado a la familia de Ma. del Sol, todo, dijo la periodista, hasta su acta de nacimiento “para saber si existió” y es hora que sus pertenencias, cámara, computadora y otras cosas, no se les ha entregado a la familia; sistemáticamente hay reuniones, pero no hay soluciones, “qué es esto” preguntó a las expertas Sara Lovera, la repetición y la injusticia, la falta de probidad y la estulticia. ¿Qué harán? preguntó y citó otros ejemplos. Habló del punto de acuerdo archivado en el Congreso, que hizo la diputada Almaguer. La mesa estaba como sorprendida, recibió todo el expediente. No se dijo qué compromiso o acciones se harán en el futuro inmediato.
Hechos y contexto
En 2016, Pamela Terán Pineda contendió por la vía independiente a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, fue derrotada por la perredista Gloria Sánchez López. Terán Pineda era hija de Juan Terán, quien ha sido acusado de narcotráfico y de cometer diversos crímenes en la región. Entre los antecedentes familiares de Gloria Sánchez López destaca el hecho de que su hermano Héctor Sánchez López fue uno de los impulsores de la COCEI y posterior presidente municipal (1989-1993). Más tarde dirigente estatal del PRD.
Como quedó en segundo lugar, Pamela fue designada regidora de Energía, una regiduría que no existía y que fue creada ex profeso para ella dentro del gobierno municipal que encabezaba Gloria Sánchez López y cuya gestión concluyó el 31 de diciembre.
Pamela Terán decidió en 2018 ser parte de la planilla del PRI-PVEM-PNA, ocupando la segunda posición. Aunque había revelado su intención de buscar la presidencia municipal nuevamente como candidata independiente y tras rechazar el ofrecimiento de varios partidos políticos, entre ellos, de la coalición Juntos Haremos Historia. Dentro de la planilla del PRI-PVEM-PNA, el candidato a la alcaldía de Juchitán fue designado Hageo Montero López, integrante de una familia encabezada por el pastor evangélico Porfirio Montero, quien también ha estado inmerso en la política y ha sido negociador de José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, en las negociaciones entre pobladores de Juchitán y las empresas eólicas. Es un hombre de amplio poder económico y político en la zona y hermano del entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Javier Montero López, del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa.
Como se informa María del Sol Cruz Jarquín, quien era jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la SAI, fue enviada a finales de abril pasado por su jefe Francisco Javier Montero López, para preparar, primero, y después apoyar con su trabajo como fotógrafa y videasta, la campaña de su hermano Hageo Montero López candidato a la presidencia municipal de Juchitán, quien le advirtió que de no hacerlo perdería su empleo.
El 2 de junio se cometió un triple asesinato en Juchitán de Zaragoza contra Pamela Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Guerra Jiménez, éste último chofer de la concejala con licencia.
De acuerdo con familiares de Juan Terán – Juan Carlos Terán Pineda y Samara Terán, hermano y prima de Pamela- el crimen no tenía nada que ver con un ajuste de cuentas entre narcotraficantes sino tenía fines políticos, dada la enorme influencia de Pamela en el municipio, lo que habría generado una disputa por quien encabezaría la planilla del PRI-PVEM-PNA una vez que ella aceptó, y por el otro la disputa por los cotos de poder que se habían generado con grupos opositores a la instalación de la eólicas, lo que acrecentó la distancia con la presidenta municipal Gloria Sánchez López.
Sin embargo, la noche del crimen, tanto Pamela como María del Sol eran acompañadas por personas que trabajaban directamente con Hageo Montero López, uno de los cuales (J.G.L.) fue señalado como uno de los presuntos autores materiales del triple homicidio, y que el juez de la causa de Juchitán, Omar Morales Simón, determinó no vincular a proceso en septiembre pasado. El otro acompañante (J.E.CH), quien iba junto con las dos mujeres y el chofer, cuando fueron acribilladas, resultó con una lesión leve, a pesar de que caminaba detrás de ellas. Este no ha sido localizado por la Fiscalía.
Después de la detención de JGL y del manejo de un presunto “testigo protegido” por parte del Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, el expediente criminal no ha tenido ningún avance. (Carpeta de investigación 2552/JU/2018, radicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado).
Procedimiento Especial Sancionador
La familia de María del Sol Cruz Jarquín interpuso un Procedimiento Especial Sancionador ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Expediente CQDPCE/PES/074/2018 Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral) y aportó pruebas documentales, fotografías y videos sobre el trabajo realizado de María del Sol Cruz Jarquín en la campaña política del candidato del PRI-PVEM-PNA, desde abril y hasta el 1 de junio, fecha en que realizó trabajo de fotografía y video en los mítines de campaña en las agencias municipales de La Venta y La Ventosa.
Cabe señalar que después del atentado en que perdió la vida, H.A.CH, quien ocupa una dirección en la Secretaría de Asuntos Indígenas acudió al hotel donde se hospedaba María del Sol, para recoger sus pertenencias. Personal del hotel le permitió entrar a la habitación de donde recogió sus pertenencias personales y el equipo de trabajo (cámaras fotográficas, de video, computadora y tripies). Esto ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana. Unas dos horas después devolvió la maleta y la mochila tipo back pack. Cuando las hermanas de María del Sol acudieron por sus pertenencias al filo de las 17:00 al hotel a recoger sus pertenencias se percataron que la mochila estaba vacía y que el equipo de trabajo, propiedad de María del Sol, había desaparecido.
También se pudo constatar en el teléfono celular de María del Sol que había sido eliminada de los grupos de WhatsApp tanto de la SAI como del equipo de campaña de Hageo Montero López, en su pretensión de borrar toda evidencia de su presencia en Juchitán de Zaragoza para trabajar, por órdenes de su jefe, en la campaña política.
A raíz de la queja el Tribunal Electoral de Oaxaca, el 8 de octubre, reconoció la comisión de infracciones en materia electoral, consistente en la utilización de recursos públicos transgrediendo el principio de imparcialidad que rige los procesos electorales. Dicho Tribunal impuso una multa apenas superior a los 20 mil pesos para el candidato a primer concejal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López, y dio vista al gobernador Alejandro Murat para que sancionara a quien fuera el titular de la SAI. Hasta la fecha el titular del Ejecutivo estatal no ha dado a conocer la sanción respectiva para su ex colaborador, quien renunció al cargo el 3 de junio, un día después del asesinato.
La familia impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Xalapa, mantiene el criterio por la comisión de infracciones en materia electoral por parte del ex titular de la SAI, Francisco Javier Montero López, y de su hermano, el ex candidato a presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López, a quienes además, los magistrados electorales de la Sala Xalapa les imponen sanciones económicas a ambos, las cuales no deberán ser menores a los 20 mil 150 pesos que había impuesto el TEEO.
La Fepade
El 5 de junio, la familia de María del Sol Cruz Jarquín ratificó la denuncia por Delito Electoral en contra de Francisco Montero López y su hermano Hageo Montero López, se presentaron diversas pruebas documentales, videográficas y fotográficas. La Ministerio Público, Norma Martínez, realizó diversas entrevistas de actores involucrados tanto de la SAI como de colaboradores de Hageo Montero López, quienes en su mayoría se negaron a reconocer los hechos. Lo anterior porque la mayoría del personal de mandos medios y superiores que laboran en la SAI obedecen a los intereses de su ex jefe Francisco Javier, considerando que el gobernador Alejandro Murat, cinco meses después no ha nombrado un o una nueva titular en la dependencia, lo que les dio amplio margen de manipulación con los y las trabajadoras.
Hasta la fecha la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de Araceli Pinelo López, no ha vinculado a proceso la denuncia presentada.
La sanción por delito electoral sentaría un precedente en México y en Oaxaca, pues ha sido un uso y costumbre utilizar a servidores públicos para apoyar las campañas de candidatos del partido en el poder local, estatal o federal, con secuencias graves muchas veces, pero que nadie denuncia por miedo a perder su trabajo.
Contexto general: intereses económicos detrás
Juchitán de Zaragoza se ubica en el Istmo de Tehuantepec. Este municipio ha sido el eje principal de disputas políticas cuando en los setentas surgió la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) lo que llevó cientos de asesinatos políticos y la lucha permanente para derrocar al PRI, lo que se logró hasta 1981 cuando fue electo y se reconoció el triunfo de quien fuera el primer alcalde de la izquierda en México en época moderna: Leopoldo De Gyves de la Cruz. Más tarde se convirtió en el sitio del trasiego de drogas, uno de ellos encabezados por Juan Terán, detenido y encarcelado en abril de 2017, y el otro por el cartel Jalisco Nueva Generación. Y desde hace 23 años las disputas entre grupo políticos en el poder municipal, estatal y federal, y caciques de la región, así como organizaciones civiles, unos a favor y otros en contra, por la instalación de empresa eólicas, casi todas extranjeras.
Aunado a todo el contexto político-financiero, el proceso electoral 2017-2018 se realizó en un clima de descontento social, derivado de los terremotos que azotaron la zona en septiembre de 2017, y que dañó, específicamente en Juchitán a más de 15 mil viviendas, la mitad de ellas con pérdida total, edificios públicos y religiosos, sin tener respuestas “oportunas” por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, que llevaron en más de una ocasión a enfrentamientos entre la ex presidenta municipal Gloria Sánchez López y el gobierno estatal por la ministración de recursos.
Sumadas a las disputas constantes entre grupos de organizaciones de la sociedad civil opositoras a la instalación de parques eólicos que en más de dos décadas de operaciones no se han traducido en beneficios de desarrollo para la población: de acuerdo con el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, el 60.2 por ciento de la población de Juchitán vive en pobreza moderada y pobreza extrema.
La violencia en Juchitán oscila desde la década de los setenta entre la violencia política y la violencia organizada, en 2018 este municipio fue catalogado como el noveno más violento del país con una tasa de 95 asesinatos.
