- Las instituciones señaladas son Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado de México
- Acusado falsamente, hubo saña en la violación a sus derechos por su preferencia sexual
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 3 de mayo 2022.- Por ser acusada falsamente por delitos contra la salud, torturada y víctima de abuso sexual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 76/2022 a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes se enseñaron por su preferencia sexual.
La víctima presentó la queja el 7 de mayo del 2019 de los hechos ocurridos el 28 de agosto de 2014 cuando se encontraba en la carretera con otras cuatro personas como parte de un proyecto social autorizado, cuando de dos camionetas grises descendieron 15 elementos de la Semar y les solicitaron sus identificaciones.
Cuando la persona agraviada indicó que no contaba con ella, la revisaron y, al encontrar dinero en sus pantalones, le cuestionaron acerca de su procedencia.
La víctima llevó a los elementos de la Marina a su casa por su identificación, y encontraron en la cama una maleta con el dinero proveniente del proyecto el cual comprobó con un recibo impreso del depósito a la cuenta de la asociación que representa. Le solicitaron más información y los llevó a una bodega de forrajes de alimentos.
Sin embargo, los elementos de la Marina lo trasladaron al campamento de la Semar en el municipio de Luvianos, Estado de México, y ahí lo interrogaron acerca de las actividades de su hermano, del dinero que recibía de éste y de las actividades ilícitas que supuestamente cometía la víctima, como robo de ganado.
Como negó dichos cargos falsos, los elementos de la Marina lo torturaron, lo golpearon, lo embolsaron, le aplicaron descargas eléctricas y lo violaron.
El 29 de agosto de 2014 la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Toluca.
Indicó que primero lo metieron en un cuarto sin ventanas donde había hombres encapuchados vestidos de civiles y los marinos descubiertos y una mujer a quienes señala como responsables de las torturas que sufrió.
Después lo metieron a otro cuarto en el que se encontraban una mujer y un hombre que lo patearon en todas las partes del cuerpo, al no responder lo que querían sobre gastos e ingresos.
La víctima, dijo que tanto los elementos de la Semar, como los del entonces PGJEM, le agredieron en todo momento por su preferencia sexual.
Las investigaciones de la CNDH acreditaron que los elementos de la naval violentaron los derechos humanos de libertad y seguridad jurídica de la víctima. Junto con los elementos de la Procuraduría violentaron sus derechos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual lo que le ocasionó daños físicos y psicológicos.
De acuerdo a lo establecido por los peritajes en materia de psicología y medicina conforme al Protocolo de Estambul elaborados por personal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal.
Se recomienda la reparación integral del daño a la víctima directa y a las indirectas que acrediten esa calidad, y que incluya una compensación justa y eficiente, en términos de la Ley General de Víctimas, mediante la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. Así como también se le otorgue la atención médica integral y psicológica necesaria.
La Recomendación 76/2022 fue notificada al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), José Rafael Ojeda Durán, y al fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Martínez Cervantes, por los actos de tortura y violencia sexual cometidos en agosto de 2014 en contra de una persona.
Se les pide que se coordinen con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que colaboren ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH se presente ante la Fiscalía General de la República y ante la FGJEM para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado en los hechos.
Así como que se diseñe e imparta un curso de capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género para los servidores públicos que hayan participado en los hechos, en el caso de que continúen adscritos a las dependencias mencionadas.
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