Mujeres

Cobra fuerza la demanda de legalización del aborto en Durango, tras decisión de la Suprema Corte de Justicia

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  • Petición en change.org con 10 mil 700 firmas, al 7 de septiembre
  • Que actúe el congreso local demandan colectivas y sociedad civil

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 8 de septiembre 2021.- Con la declaración histórica de inconstitucionalidad a la penalización del aborto en el estado de Coahuila por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cobró más fuerza la petición al gobierno de Durango para no criminalizar el aborto por la sociedad civil firmante, asociaciones y colectivas.

La petición se lanzó en los últimos días de agosto con más de 10 mil 700 firmas al 7 de septiembre cuando se actualizo la petición en la plataforma change.org que considera relevante esta declaración que abre el canal de oportunidad para poder acercar más la posibilidad de lograr lo mismo en Durango.

Con las consignas de ¡Ante la inacción, resistencia! ¡Ante la represión, revolución! las colectivas feministas y sociedad civil firmante felicitan al estado de Coahuila por este logro en materia de derechos.  

En la petición replican la declaración: “Propone declarar inconstitucional el tipo penal que sanciona a la mujer que voluntariamente interrumpe su embarazo, porque atenta contra el derecho de las mujeres a decidir su vida reproductiva y repercute, de forma especialmente grave en aquellas que sufren condiciones de desigualdad, precariedad y marginación”.  

Tras calificar de desinterés por parte de las y los legisladores a esta petición de la sociedad demandan sacar de la congeladora el tema de la despenalización del aborto en todas sus causales.

Que saquen de la congeladora el tema de la despenalización y acceso integral al aborto para las mujeres gestantes.

Solicitan se redoblen los esfuerzos para la concientización sobre la anticoncepción,y se garantice el acceso a métodos de este tipo para todos los estratos de la sociedad, sin que los trabajadores de la salud impidan que cualquier mujer pueda acceder a métodos de anticoncepción y planificación familiar.

Expresan su preocupación por que este derecho constituye una deuda del Estado y un asunto de salud pública que debe ser abordado con la misma fuerza con la que se aborda cualquier otro derecho reproductivo de las mujeres y personas gestantes en esta sociedad.

Piden que se haga mayor énfasis en las políticas públicas que han vuelto letra muerta las normativas federales que dan este derecho vital.

Exigimos se respete de una vez por todas que el Estado cumpla con su concepción laica, y se elimine de una vez por todas cualquier intromisión por parte de la Iglesia. 

Ante cualquier negativa, cualquier comportamiento y acto condescendiente o ante cualquier represión de cualquier acto que tenga que ver con esta justa petición, haremos lo pertinente y no quitaremos el dedo del renglón hasta que esta problemática que nos afecta directamente sea por fin solucionada a nuestro favor.

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