Colectivos de la alcaldía de Polanco denuncian ilegalidades en el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México

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  • Vecinas y vecinos piden participar en el proceso de elección de nuevos magistrados y magistradas, porque es mandato de ley
  • Piden a la Jefa de Gobierno y al Congreso capitalino su inmediata intervención para acabar con los malos manejos en la justicia administrativa

Libertad López

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de noviembre 2020.- Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo a los nuevos nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a ocupar las vacantes como autoridades en los Tribunales de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, TJACMX

Habitantes de la zona de Polanco, en una carta enviada a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y a comisiones de la cámara capitalina, exigieron que se permita que las y los vecinos opinar y evaluar sobre los méritos y el cumplimiento de requisitos de las candidaturas y solicitaron que se evite ratificarlos en su cargo. 

De acuerdo con el artículo 113 Fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la CDMX, la Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio.

Sostienen que hay innumerables irregularidades cometidas en las ratificaciones, exigen que se realicen nombramientos con perfiles legal y éticamente idóneos para cubrir las vacantes de magistradas y magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

Mencionan que entre   las irregularidades son, en cargos anteriores, alteración de procesos, incumplimiento de requisitos para ocupar los cargos, conflicto de intereses, vacantes publicadas que se encuentran en litigio y honorabilidad cuestionada, entre otros. Documentan casos precisos.

En el documento elaborado por varias colectivas, explica que, en caso contrario, se violaría la norma, al omitir la observación de diversas disposiciones, así como la falta de elementos éticos y de legitimidad social de esas mismas personas citadas.

“Se estaría dando continuidad y avalando las prácticas jurisdiccionales y de administración interna que han dañado y corrompido al Tribunal.   La Jefa de Gobierno y el Congreso de la Ciudad tienen la posibilidad histórica de depurar un Tribunal de primera importancia para el combate a la corrupción, para los intereses ciudadanos y para la gobernabilidad, cuyas actuaciones han sido sumamente cuestionadas y puestas en entredicho en los últimos años”, señalaron.  

Como lo expresa la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en su Artículo 37 I, sobre los Magistrados de la Sala Ordinaria y Superior del Tribunal de Justicia Administrativa que pretenden ser ratificados en su cargo, los Magistrados de la Sala Superior y ordinaria serán designados por el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del órgano legislativo de la Ciudad de México, para el primer caso, la duración del cargo es de 15 años,  para la ordinaria, 10 años, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo, caso en el cual podrán durar un periodo más.

Casos individuales expuestos

Los Magistrados, Estela Fuentes Jiménez, José Arturo de la Rosa Peña, Ernesto Schwebell Cabrera y Arturo González Jiménez propuestos o para la ratificación o nuevo nombramiento de cargos, no obstante desde hace dos años, al Congreso de la CDMX la sociedad civil mediante un escrito, no avaló sus candidaturas para Magistrados de la Sala Superior Especializada Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Desde 2018, colectivas ciudadanas buscaron el respaldo de su postura a través de César Arnulfo Cravioto Romero, de la bancada de MORENA a través de su coordinador.

Como anteriormente ya se habían propuesto los mismos nombramientos para ratificación, la sociedad civil reiteró su postura ante cada uno de los cargos:

Para el caso de Magistrada de la Sala Superior Ponencia, donde se ha mencionado a Estela Fuentes Jiménez para ocupar el lugar de la Magistrada Victoria Quiroz Pesquera en la Sala Superior, sin embargo, se hizo fuera de tiempo y de la Ley, ya que cuando Estela Fuentes fue nombrada en la citada Sala superior, en el mes de mayo del 2015, Quiroz todavía era legalmente magistrada y por tanto Fuentes ocupó una plaza que no estaba vacante.

 “Fue nombrada Magistrada de Sala ordinaria en mayo del 2012 por su cercanía con Yasmín Esquivel, de quien fue compañera de generación, a pesar de que no cumplía con los requisitos”, expresaron. 

Adicionalmente cuando se designó  se desempeñaba como Jueza de lo penal en el Estado de México, aunque el artículo 4to de la Ley Orgánica del citado Tribunal señala que para ser magistrado/a hay que contar con una práctica profesional y experiencia mínima de 5 años en materia administrativa y fiscal. Durante la comparecencia de Fuentes ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea, la entonces aspirante a Magistrada fue cuestionada sobre recursos y procedimientos administrativos y en ningún momento acertó”.

Mientras que para el cargo de Magistrado de la Sala Superior Ponencia, que ocupa José Arturo de la Rosa Peña, fue nombrado magistrado de Sala Ordinaria en el mes de agosto del 2012, después de haber sido Secretario de Acuerdos y Secretario General de Acuerdos, este último cargo con la hoy Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Yasmín Esquivel Mossa en la presidencia del Tribunal.

En este caso, a diferencia de los otros nombrados en el período de Esquivel Mossa, De la Rosa Peña sí había estado laborando en el Tribunal; no obstante su nombramiento se debió a su apoyo a la magistrada Esquivel desde la llegada de esta última al Tribunal, por la cercanía que construyó con la propia Presidenta y a la supuesta intervención a su favor del Secretario de Gobierno, a petición expresa de Esquivel. 

Sin embargo, su nombramiento fue irregular e ilegal porque se hizo sin que mediara dictamen por parte de las comisiones en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dado que fue hecho directamente por el Pleno de la Asamblea, precisamente por la supuesta intervención del entonces Secretario de Gobierno Héctor Serrano.

Entre las actividades de la Rosa, mencionan que fue el encargado de desechar alrededor de 54 demandas de vecinos de Coyoacán, que en su oposición los parquímetros habían acudido al Tribunal a demandar la nulidad de esos actos de autoridad.

No obstante, manipuló el proceso e ilegalmente no se turnaron a los demás magistrados y esto permitió que De la Rosa desechara todos los juicios alegando que los y las vecinas demandantes no tenían interés legal. Trascendió entonces que dicha acción De la Rosa la realizó obedeciendo indicaciones de la presidenta, del entonces Secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y del entonces Delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo.

Durante su gestión se menciona que tomó decisiones polémicas en los casos de la Torre Mitikah y de la Acción Pública presentada en contra de la construcción de dos niveles excedentes del inmueble ubicado en la calle de Toledo número 39 en la Colonia Juárez4.

Mientras que para el cargo de Magistrado de la Segunda Sala Ordinaria Ponencia 4, donde Ernesto Schwebell Cabrera fue nombrado en 2014 como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo después de haber sido Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad, el colectivo señala que dicho nombramiento fue otorgado debido a su cercanía con el entonces Consejero Jurídico, Ramón Amieva, un claro ejemplo de conflicto de intereses, ya que el Tribunal es responsable de analizar la legalidad o ilegalidad de las resoluciones que en materia administrativa dicten las autoridades del citado Registro. 

De Arturo González Jiménez, Magistrado de la Tercera Sala Ordinaria Ponencia 8, señalan que no cumple con el requisito de gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica que menciona la fracción V. del artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

Entre las actividades profesionales de González Jiménez se encuentra que fue magistrado del Tribunal de lo Contencioso desde 2014 y en el 2016 fue señalado por el delegado en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, de haber revertido la clausura de una tienda Chedraui Tulyehualco, a pesar de que la sala quinta de la propia institución había ordenado reposición de sellos.

Además fue Coordinador de Evaluación de la Contraloría General del Distrito Federal, cargo al que renunció después de haber sido detenido por dar positivo en un alcoholímetro en marzo del 2014, conducta en la que reincidió ya que había sido detenido en la misma circunstancia en el mes de enero de ese mismo año, en medio de un pequeño escándalo que se documentó en la prensa. Su nombramiento, se dice que fue gracias a su supuesta cercanía con el entonces Consejero Jurídico, José Ramón Amieva, pasando por alto sus antecedentes.  

Actualmente, se encuentran vacantes varias Ponencias de las Salas Ordinarias del Tribunal y una de la Sala Superior. Se han mandado por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, algunas propuestas para ocupar los cargos. Las Ponencias vacantes corresponden a: – Ponencia 1 y 3 de la Primera Sala Ordinaria. – Ponencia 6 de la Segunda Sala Ordinaria. – Ponencia 12 y 13 de la Cuarta Sala Ordinaria. – Ponencia 15 de la Quinta Sala Ordinaria y Ponencia 5 de la Sala Superior

Mencionaron que dos de esas ponencias se encuentran en litigio, ya que Margarita María Isabel Espino Del Castillo Barrón, de la Ponencia 11 de la Cuarta Sala Ordinaria y el Magistrado Carlos Manuel Rebolledo Busto (Ponencia 2 de la Primer Sala) está en curso fueron ilegalmente separados, interpusieron juicios de amparo.

En el primer caso, ya obtuvo resolución favorable y mientras que con Rebolledo Bustos, de nombrarse a las personas propuestas podría haber responsabilidad. Por lo que los colectivos de la sociedad civil expresaron que indebidamente el Tribunal informó al Gobierno que esas ponencias están vacantes. 

Organizaciones: La Voz de Polanco AC; Suma Urbana AC; Ruta Cívica AC; Ciudadanía 19S COPACO San Ángel; COPACO San Ángel Inn; Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco; El Rosedal Unido AC; Granadas Resiliente; 06600 Plataforma Vecinal; Observatorio la colonia Juárez. 

Y los ciudadanos Ma. Teresa De las Rivas (COPACO Polanco Chapultepec); Ma. Teresa Ruiz Martínez (COPACO Polanco Reforma); Josefina MacGregor A; Mónica Tapia A; Lorena Zamora González (Alcaldía Coyoacán); Luis Zambrano; Cristina Barros; César Jiménez; Marcela Álvarez Mardones; Fátima Cabañas; Francisco Escamilla; Ana Leticia Reyes; Josefina Viveros; Lillian Liberman; Elba Correa Guerra; Viviana Correa Guerra; Déborah Guerra Martínez; Juan Eduardo López Vargas; Iván Guerra; Paul O´Hea Flores; Rebeca Herrera Naranjo; Eduardo Barraza; Carlos Pérez Velázquez; Antonio Martínez Pastor; Carlos Muñoz Villareal; Naxhelli Ruiz; Oswaldo Mendoza Santana; Susana Kanahuati Reyes; Mario Alberto Rodríguez Sánchez (Socio Fundador de Urbaniquitektur CDMX, SA de CV), Lucía Siller Rodríguez (Alcaldía Coyoacán); Isidro López Peñafiel; José Adolfo Tovar Mandujano (Vecino de Tlalpan Centro); María Elena de Jesús Echegoyen Arenaza (Vecina activa de San Ángel); Arq Ma Eugenia González; Alberto Pérez Cano; Saúl Alejandro Rosado García (COPACO Los Morales Sección Palmas); Sergio González; Rebeca Moreno Sandoval; Laura Freyermuth; María del Carmen Carolina Amézquita Benítez y Mtra. Sandra Rosas G.   PARA MAYOR INFORMACIÓN: contacto@lavozdepolanco.org omaritere@lavozdepolanco.org

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