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Complicidad generalizada y acoso político a concejalas en Bolivia

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Así, las cosas pueden ir subiendo el tono.

Intimidación, amenazas, acoso sexual, violencia física y asesinato, armas machistas en la política municipal boliviana

Drina Ergueta

SemMéxico. La Paz, Bolivia. 12 de abril de 2018.- En Bolivia, un concejal municipal para acceder al cargo o para mantenerse en él debe enfrentarse, sin duda, a luchas y maniobras políticas internas de todo tipo y grado de suciedad; sin embargo, cuando tiene de contrincante a una mujer sus armas son mayores y compartidas entre todos los de su género.
La impunidad es el principal sustento de un variado repertorio de acciones al que puede acceder, y de hecho lo hace, un hombre para: lograr el puesto de concejal en reemplazo de una mujer que hasta entonces lo ejercía; para boicotear la actuación de ésta porque es de oposición o del mismo partido; para obligarla a renunciar o para anularla políticamente. 
Todo en un espacio en el que la llegada del Estado en estos asuntos es tangencial y donde en el área rural se vive con mayor crudeza, aunque el problema no está ausente en las principales ciudades de Bolivia y donde ninguno se libra de las responsabilidades.
Bolivia tiene 10 millones de habitantes y 239 municipios en todo el territorio. Ante los casos de violencia contra las mujeres concejalas y para apoyarlas en su derecho a ejercer funciones públicas, se creó la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) en 1999. Esta organización informó que en el primer trimestre de este 2018 recibió 30 denuncias sobre acoso político. 
Las armas que usan los concejales varones son variadas y de distinta intensidad, por ejemplo, la más básica y que con seguridad se da en absolutamente todos los municipios, es cuando aparece en escena una concejala y se la miran de arriba abajo, o de reojo, para valorar sus gracias físicas. 
Las capacidades intelectuales, de conocimiento o de acción de ellas son secundarias, pero cuando aparecen ya se encargan de eliminarlas no escuchando lo que dicen, interrumpiéndolas y, si ellas reclaman, se les dice paternalmente: “No te lo tomes así, mujer” o se bromea sobre el asunto. Da la casualidad de que esas bromas siempre tienen un trasfondo de género: “Debe tener la regla”; o sexual: “Seguro se habrá peleado con su marido anoche” y de que siempre a todos ellos les hace gracia: “¡Pero si es un chiste!”. Así, cada día.
Quienes de alguna manera superan o sobrellevan estas situaciones, cuando hacen propuestas o dan sus opiniones, siempre encuentran a algún varón que les dice: “A ver, te voy a explicar”, porque siempre un hombre les tiene que hacer entender o traducir lo que ellas dicen o piensan. Esta situación es tan habitual que hasta tiene nombre, se le dice “mansplaining” (hombre explicando a mujeres cosas que ellas ya saben).
Así, las cosas pueden ir subiendo el tono. Comienza con la negativa de ella a apoyar ciertas medidas o propuestas, ya sean en el plano político laboral o en el personal (no quiere acostarse con él), y una de las primeras armas es el desprestigio personal, intelectual o moral. Es el caso reciente de la concejal Rossmery Andia que fue obligada a renunciar a su cargo en Pocona porque se había embarazado y daba “mal ejemplo”.
Las denuncias sobre abusos están clasificadas en varios tipos por la Acobol, como que fue obligada a decir lo que no pensaba, obligada a firmar documentos, se le asignaron funciones que no corresponden a su cargo, etc.
Cuando no hacen caso, llega la violencia. A Sonia Alanoca y Lidia Quispe, en el municipio de Batallas, las golpearon y a una le cortaron las trenzas con toda la carga simbólica de ello. Hace unos días, en Tiquipaya, Margarita Siles y otras fueron tapiadas en el municipio para que renuncie al cargo y amenazan a su familia. En Potosí otra concejala fue encerrada tres días en las oficinas del Concejo.
Y la violencia sexual. La amenaza de violación es un recurso más. En 2017 intentaron abusar de dos concejalas de Tapacarí y, golpeadas, fueron abandonadas en un camino rural. 
El asesinato es el arma final. Son seis años que no hay justicia para Julia Quispe, concejala de Ancoraimes, asesinada.
La responsabilidad es general. Especialmente de quienes están en cargos políticos en el gobierno y las alcaldías, de todos los partidos. No hay pronunciamientos conjuntos, no hay acciones, no se hace nada para evitarlo. Unos se hacen de la vista gorda, otros aprovechan para acusar al partido contrario. 
SEM/gr

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