Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro, 16 de junio de 2022. – Condenan a 11 años y 3 meses de prisión a la defensora amuzga originaria de Guerrero, Kenia Hernández, presa octubre de 2020 por ejercer su derecho a la protesta.
Organizaciones como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, ProDESC, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la IM-Defensoras denunciaron la arbitrariedad de esta condena y exigieron la inmediata libertad de Kenia Hernández, así como el cese del hostigamiento judicial y criminalización que está viviendo.
La defensora Kenia Hernández continúa enfrentando procesos de criminalización por la supuesta comisión de delitos de “ataques a las vías de comunicación en pandilla” y “robo con violencia con uso de arma”, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses.
En febrero de este mismo año el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, había condenado a la defensora a 10 años y seis meses de prisión y 21 mil pesos de multa por el mismo delito de “robo con violencia” contra Concesionarias Mexiquenses S.A. de C.V. Y días antes, el 5 de febrero, este tribunal la había declarado culpable.
Kenia Hernández ha sido condenada en dos de los casos a 11 años y 3 meses, y a 10 años y seis meses de cárcel, respectivamente. Ambas sentencias se encontraban en fase de apelación, sin embargo, el pasado 10 de junio de 2022, la defensora recibió la resolución de apelación por el Prime Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México quién modificó la sentencia de la defensora de 10 años y seis meses a una pena de 11 años y tres meses por el supuesto delito de robo con violencia (moral).
Esta condena está relacionada con una de las siete causas penales, cinco de ámbito federal y dos del fuero común, en el Estado de México, que se han abierto contra ella desde junio de 2020.
A finales de 2021, la defensora mantuvo durante 61 días una huelga de hambre para denunciar el hostigamiento judicial del que estaba siendo objeto por parte de “Empresas y Caminos y Puentes Federales”.
La defensora, que desde octubre de 2020 permanece privada de la libertad y que actualmente se encuentra en el Centro Femenil de Alta Seguridad número 16, en el Estado de Morelos, está siendo criminalizada por ejercer su derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos.
Kenia es una abogada, feminista y defensora indígena amuzga que ha participado en distintas luchas y movimientos sociales del Estado de Guerrero. Es integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con la defensora, a mantenerse al pendiente del desarrollo de los distintos procesos judiciales injustamente abiertos en su contra y a demandar su libertad”, exigen las organizaciones.
