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Consorcio Oaxaca repudia espionaje ilegal contra defensoras en gobierno de EPN

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  • Exige a la FGR investigación y castigo a todos los responsables
  • Yesica Sánchez Maya entre más de cien defensoras que habrían sido espiadas

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 26 de julio, 2021.-El día 18 de julio, como resultado de la investigación “Pegasus Project” realizada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, fue revelado que entre 2016 y 2017 más 50 mil números telefónicos fueron potencialmente infectados por el malware de espionaje Pegasus entre los que se encuentran 15 mil números telefónicos mexicanos incluyendo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Estas nuevas revelaciones confirman y amplían los hallazgos de la investigación conocida como “Gobierno Espía” que en el 2017 había revelado, el uso de Pegasus y espionaje por parte del Gobierno Mexicano. De ahí que una serie de reportajes que están publicando la Revista Proceso, The Washington Post, The New York Times, The Guardian, entre otros, dan cuenta de mayor información al respecto.

Desde Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca repudiamos categóricamente el espionaje a manos del gobierno de Enrique Peña Nieto, como una práctica que socava los derechos humanos. Las consecuencias de esta práctica ilegal son graves, como lo enfatizó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet “el uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; […] Pegasus permite intrusiones profundas en los dispositivos de las personas, lo cual resulta en tener conocimiento sobre todos los aspectos de sus vidas”.

El espionaje orquestado por el Gobierno de Peña Nieto se suma a infinidad de prácticas autoritarias, de criminalización y represión brutal contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que caracterizaron su actuar durante todo el sexenio. Dichas prácticas se dieron en todo el país y han transcendido en el estado de Oaxaca.

Al menos 141 detenciones arbitrarias de personas defensoras en Oaxaca de diciembre 2012 a diciembre 2018, destacándose entre éstas las de integrantes del movimiento magisterial, quienes se oponían a la reforma educativa. Recordamos también el asesinato de al menos 15 personas defensoras de enero 2017 a diciembre 2018 y finalmente el brutal “Operativo 19 de junio” en Nochixtlán y localidades cercanas que dejó un saldo de 8 personas asesinadas y decenas de personas lesionadas.

Es de alta gravedad que dentro de la lista de las 109 personas defensoras que pudieran haber sido infectadas por el malware Pegasus se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca Yesica Sánchez Maya. La labor de defensa y acompañamiento que realiza nuestra organización conlleva una serie de contactos con víctimas, personas defensoras e integrantes del movimiento social en todo el estado; en este sentido, el ataque en su contra es un ataque y una vulneración de la información y datos personales no solo de sus familiares y amistades, sino de amplios sectores de los movimientos sociales y víctimas en Oaxaca.

Desde Consorcio Oaxaca denunciamos que este ataque que no ha sido un hecho aislado, sino que se dio en un contexto de constantes ataques también a la organización. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, nuestra organización documentó de manera constante hostigamiento, vigilancia, incidentes con los equipos telefónicos y de computo, difamaciones y un total de 8 allanamientos, tanto a nuestra sede como a domicilios particulares de sus integrantes.

La transcendencia del caso obliga a la toma de medidas prontas, contundentes y extraordinarias, que garantice el acceso a la justicia para todas las víctimas, así como la no repetición de estas graves vulneraciones a los derechos humanos. Ya no se trata de una acción aislada de ataque por medio del espionaje, sino de una conducta calculada y particularmente grave por parte de quienes tenían a su cargo la garantía de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Instamos al Gobierno Federal y en específico a la Fiscalía General de la República a la realización de una investigación exhaustiva, imparcial y pronta que permita identificar a todos los responsables intelectuales y materiales de la financiación y de la operación del espionaje, garantizando el castigo no solo a las empresas que vendieron el malware sino a todos los funcionarios de las diversas instancias de Gobierno que adquirieron y usaron Pegasus.

Expresamos nuestra preocupación por el alto nivel de vulnerabilidad y riesgo que significa el espionaje a nuestra labor de defensa de derechos humanos. Nos solidarizamos con las otras víctimas de espionaje en México.

Llamamos al Gobierno Federal a no permitir ni un caso más y a eliminar de cualquier instancia de Gobierno el ejercicio de prácticas de espionaje en México.

SEM/sj

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