- Impunidad y menosprecio del Estado mexicano ante violaciones a derechos de las mujeres, destacan
- Demandan presupuestos y políticas públicas apegadas a las leyes en la materia
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 3 de agosto de 2021.- Organizaciones y redes feministas demandan a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las que resultaron electas en 15 entidades del país a firmar el Pacto Feminista por los Derechos Humanos de las Mujeres, ante la impunidad y el menosprecio que el Estado mexicano ha mostrado a las graves violaciones que viven las mujeres y niñas.
En el Pacto piden que se comprometan a cumplir con los instrumentos internacionales y leyes nacionales en la materia. Subrayan que aseguren el estado laico y advierten que los de las mujeres, no son un asunto coyuntural.
En conferencia de prensa virtual seis voceras de organizaciones nacionales presentaron los ejes del Pacto. Alma Oceguera Rodríguez, del Frente Feminista Nacional (FFN); Wendy Figueroa Morales, de la Red Nacional de Refugios (RNR); Marina Reyna Aguilar, de la Red Nacional de Alertistas; Verónica Palafox Girón, de Las Constituyentes Mx Feministas; Martha González Rentería, de Mira Pensadoras urbanas, y Tzinnia Carranza López, de la Red Género y Medio Ambiente, dieron lectura a los puntos centrales del Pacto, y anunciaron que convocarán a un acto público a autoridades en funciones y electas, así como a legisladores federales y estatales para que asuman dichos acuerdos.
Las representantes de las organizaciones y redes que promueven el pacto demandaron a quienes resultaron electas y electos a priorizar en sus agendas a las mujeres y sus diversidades, promoviendo la participación horizontal de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y academia, instalando gabinetes paritarios y no incorporar a deudores de pensión alimenticia, hostigadores sexuales y agresores que hayan ejercido violencia de género.
Del mismo modo, deberán asegurar un Estado laico, sin la promoción del odio ni la intromisión de propuestas religiosas que trasgreden los derechos humanos, y a que legislen bajo los principios establecidos en el marco jurídico internacional y nacional en ese ámbito, por lo que tendrán que garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción legal del embarazo de forma segura y gratuita en todo el país. Si las acciones que instrumentarán no van acompañadas de un presupuesto, advirtieron, será pura demagogia.
Destacaron que los derechos de las mujeres no son temas coyunturales. En este 2021, indicaron, se sigue viviendo en un estado de emergencia nacional que se ha exacerbado con la Covid-19, teniendo en los primeros meses del año más de mil 500 asesinatos de mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre nueve y 14 mujeres son asesinadas diariamente. Este año, se cometieron casi mil 400 homicidios dolosos; es decir, más de 11 mujeres asesinadas. Sin embargo, si se les agregan los homicidios culposos, sumarían a casi 20 muertes diarias de mujeres.
De enero a junio del 2021 hay 129 mil carpetas de investigación en violencia familiar y se registraron 33 mil mujeres con lesiones dolosas. Solo ocho de cada 100 violaciones se denuncian. Los datos de las sentencias y juicios del poder judicial, son nada más dos de cada 100. Así, el nivel de impunidad es casi del 98 por ciento de los casos.
Debido a que las violencias contra las mujeres imperan en todo el país, estimaron que se debe garantizar un Estado de derecho y un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y que sus políticas deban contar con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, teniendo como eje rector las leyes de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la instrumentación de mecanismos para evaluar las acciones de gobierno con indicadores que midan el cierre de brechas de desigualdad.
En el pacto se pide fortalecer y garantizar la operación de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencias y, en su caso sus hijas e hijos como son los refugios, casas de Emergencia y de transición, recordando que el 40 por ciento de los feminicidios sucedieron en los hogares, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Indicaron que todas las políticas deberán estar alineadas con los convenios internacionales signados por México para abolir la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la venta de niñas y adolescentes, los matrimonios infantiles y el alquiler de vientres, los cuales deben ser tratados como delitos, juzgados con perspectiva de género, así como la abolición de la explotación sexual y contar con un sistema de justicia integral, que permita la prevención, atención, sanción, erradicación de las violencias de género y reparación del daño, así como la garantía de no repetición.
Asimismo, solicitan programas de empleo y salario digno que contengan iniciativas de licencia de ausencia laboral, con apoyo económico, por situaciones de violencia de género, así como espacios laborales libres de acoso laboral, sexual y discriminación.
Ante los más de cinco mil casos de violencia sexual en las escuelas, exigieron programas de educación escolarizada y no escolarizada para la promoción de la cultura para la paz, de la igualdad de género, la no violencia y nuevas masculinidades, además de cumplir con la laicidad en la educación y eliminar propuestas como el pin parental.
En el Pacto se pide promover la instalación de sistemas estatales o municipales de cuidados, en el marco de la iniciativa legislativa – que no ha dictaminado el Senado- y que modifica el artículo cuarto constitucional, en donde se establece el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio, aunado a políticas para la adaptación y mitigación del cambio climático. Agregan que para para construir una sociedad más humana, digna y libre de violencias es necesario romper el pacto patriarcal.
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