- Exigen al gobierno entrante acciones contundentes para parar esta crisis humanitaria: Movimiento Amplio de Mujeres
- La entidad sureña ocupa el segundo lugar en impunidad frente al feminicidio, 902 mujeres asesinadas y sólo 6 feminicidas en proceso
Libertad López
SemMéxico/ con información de Ceprovysa, 23 de junio, 2021.- En Guerrero creció el feminicidio 65 por ciento en los últimos cuatro años, precisamente después de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM, y sólo 6 feminicidas han sido juzgados mientras fueron asesinadas 902 mujeres en ese lapso, más de una cada tercer día, ante ello las autoridades estatales han sido indiferentes, declaró el Movimiento Amplio de Mujeres de Guerrero.
Por ello exigen al gobierno entrante, -que encabeza Evelyn Salgado Pineda- realizar en lo inmediato acciones contundentes que resuelvan la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes.
Contrario a los anuncios, conminan a que los presupuestos asignados se hagan con perspectiva de género, transparencia de sus ejercicios, revisión y reformas del marco legislativo discriminatorio y políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las guerrerenses.
En un comunicado oficial sostienen que Guerrero tiene el segundo lugar en impunidad para el feminicidio, de 93.8 por ciento, sólo superado por el estado de Baja California Sur que tiene el primer lugar con un cien por ciento de impunidad, según la investigación de la asociación civil Impunidad Cero.
Narra el comunicado que cuando en 2017 se declaró la AVGM fue porque entre 2003 y 2015, en 12 años habrían sucedido mil 538 asesinatos de mujeres, lo que significó 128 homicidios cada mes. Ahora, según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP en 4 años se contabilizaron 902 feminicidios, es decir 225 cada mes, o sea comparados con los acumulados a 2015, el crecimiento sostenido es de 65 por ciento. Ello quiere decir que la AVGM no funcionó.
Los hechos, señala el texto, muestran que en Guerrero no hay justicia para las mujeres y son inoperantes la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia. Que si la alerta no ha impacto la frecuencia de las violencias contra las mujeres, ni ha conseguido alguna disminución, se debe a la indiferencia y la insensibilidad, con medidas limitadas para la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño.
Describen que no hay un diagnóstico de la situación de las violencias y ninguna investigación científica sobre los tipos y modalidades de las violencias que viven las mujeres guerrerenses.
El comunicado se dio a la publicidad cuando en la entidad está a punto de realizarse un cambio de gobierno; cuando las futuras autoridades que encabeza Evelyn Salgado Pineda, pero que en la práctica controla su papá el senador Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual, y cuando ese personaje, sustituyendo a la gobernadora electa, anunció la desaparición de órganos descentralizados, entre los que se encuentra el de análisis de víctimas.
Recuerdan que la declaratoria de la AVGM se declaró el 22 de junio de 2017, luego del diagnóstico elaborado por el Observatorio de Violencia Feminicida Hanna Harlet y 12 años después del realizado por la Cámara de Diputados que reveló el tamaño histórico de la violencia contra las mujeres en esa entidad sureña de México, donde anida una de las fuentes más profundas del machismo mexicano.
También destacan que las autoridades judiciales se han negado a analizar los homicidios dolosos contra las mujeres con perspectiva de género y presumiendo feminicidio en las investigaciones, cosa que mandata la ley y en Guerrero no se ha cumplido.
El estado de Guerrero tiene declarada una segunda AVGM por su negativa a atender abortos por violación, como lo establece la Ley. Y en el haber de la entidad las mujeres viven desplazamientos territoriales por la operación del crimen organizado, especialmente en La Montaña y en Tlapa, inerte, sin dinero, ni personal, está una Ciudad de las Mujeres creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que en esta administración federal fue abandonado. Mientras las cifras de la violencia siguen creciendo.
El Congreso incumple
Agrega el comunicado y denuncia que la Cámara de Diputado de Guerrero no ha cumplido las medidas de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida, en lo que respecta a las reformas de la ley 553 para una vida libre de violencia de las mujeres en Guerrero.
Diputados y diputadas se han resistido a cumplir con la segunda Alerta de Violencia de Género, vinculada a los derechos sexuales y reproductivos. Una y otra vez, a pesar de los reclamos, se niega a realizar la homologación del Código Penal con la NOM-046-SSA-2005, relativa a garantizar la interrupción legal de un embarazo cuando este es producto de una violación.
En los hospitales de Guerrero se niega sistemáticamente ese derecho, especialmente a las niñas, situación que dio origen a una segunda Alerta de Violencia de Genero por agravio comparado.
Detallan que por otra parte los nueve municipios alertados, Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravos, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec, Chilapa de Álvarez, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Tlapa de Comonfort e Iguala de la Independencia, también presentan rezagos en la implementación de las medidas de la declaratoria de la AVGM.
Denuncia indiferencia de las y los presidentes municipales, y la falta de coordinación efectiva entre estos con los órganos del gobierno del estado, así como la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos financieros y acciones emprendidas.
Frente a este contexto las asociaciones civiles, colectivas y mujeres afirman que en la entidad hay una crisis de derechos humanos de las mujeres, y, como cada año solicitan al gobierno entrante, acciones contundentes que resuelvan la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, asignando presupuestos con perspectiva de género, transparencia de sus ejercicios, revisión y reformas del marco legislativo discriminatorio y políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
