- Hasta el momento hay 13 detenidos por ambos crímenes, todos ellos vinculados a proceso.
Ignacio Alzaga
SemMéxico/Alianza de MediosMX, Ciudad de México, 23 de agosto del 2023.- Los asesinatos de la periodista Lourdes Maldonado y el periodista Margarito Martínez en Tijuana, son un expediente abierto. A siete meses de haber sido cometidos por integrantes del crimen organizado, ni la 4T ni la fiscalía de Baja California, han anunciado la detención del autor intelectual en el caso de ella.
Mientras que Christian Adán Velázquez, “El Cabo 16”, identificado por autoridades como el criminal que supuestamente ordenó el homicidio del fotoperiodista, está encarcelado junto con sus cómplices, a la espera de juicio.
Sin embargo, su jefe, David López Jiménez, “El Cabo 20”, operador de una violenta célula al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF) y de Los Chapitos -para quien “El Cabo 16″ comete crímenes-, sigue en libertad.
Los encargados y encargadas de la indagatoria, no han revelado si “El Cabo 20” autorizó el asesinato de Margarito o “El Cabo 16” tomó la decisión por cuenta propia.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), hasta el momento hay 13 detenidos por ambos crímenes, todos ellos vinculados a proceso, por estar implicados en los planes para silenciar a la comunicadora y al comunicador, matándolos a tiros.
Familiares y colegas de profesión esperan justicia y castigo para todos los involucrados en los homicidios, perpetrados en enero de 2022, por células del CAF, cuyos sicarios actuaron con menos de una semana de diferencia.
A pesar de que estos crímenes tuvieron amplia repercusión y obligaron a la intervención del gobierno federal, al dejar de ser mediáticos, en su reciente visita a Tijuana, el 19 de agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tocó el tema, al igual que la gobernadora, Marina del Pilar Ávila.
Durante la investigación por el caso de la periodista, autoridades federales y estatales no han hecho oficial el móvil del homicidio, ocurrido el 23 de enero de 2022, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que la línea apunta a que la víctima denunció a un grupo de narcomenudistas que operaba en la zona donde vivía.
Oscar Maldonado, hermano de Lourdes, acusó que el fiscal especial, Atalo Machado, dejó de responder las llamadas y mensajes vía WhatsApp que le ha enviado para tratar de conocer el estado de la indagatoria, pese al compromiso que hizo el funcionario, en los primeros días de la investigación, de mantenerlo informado.
En entrevista, pidió que las autoridades federales y estatales no den carpetazo a la línea de investigación que se abrió por el conflicto de la periodista con el exgobernador Jaime Bonilla, quien, en su opinión, “sigue siendo sospechoso más allá del pleito laboral de casi una década que sostuvieron por haberla despedido injustificadamente de la televisora PSN”, propiedad del hoy senador de Morena.
Maldonado recordó que su hermana había anunciado que realizaba un trabajo periodístico sobre presuntos actos de corrupción del legislador morenista.
A su vez, María Elena Frausto, esposa del fotoperiodista de ZETA y otros medios, Margarito Martínez, comentó que, a siete meses de su muerte, desconoce detalles de la indagatoria.
“Me he mantenido totalmente al margen del asunto, totalmente, eso (la investigación) ya corresponde a las autoridades”, dijo vía telefónica la mujer que cuenta con protección especial, junto con su familia.
A diferencia del homicidio de Lourdes Maldonado, la fiscalía ha logrado establecer que Margarito fue asesinado afuera de su casa, el 17 de enero de 2022, como consecuencia de su labor periodística.
La investigación de la fiscalía señala que el 15 de enero de este año, «El Cabo 16» se puso en contacto con José Ochoa Díaz, «El Huesos», quien a su vez habló con Adrián Nicolás Ramos, «El Uber», para matarlo y videograbar la ejecución.
El móvil presentado por la fiscalía fue por supuestas publicaciones de la familia de «El Cabo 20», «publicaciones en redes» y «publicaciones en Facebook».
Probablemente, lo que detonó el homicidio fue la acusación que en diciembre de 2021 hizo en una transmisión en directo el facebookero Ángel Peña, quien lo acusó sin pruebas de administrar páginas como «Quemando Malandros» y «Tijuana en Guerra», para evidenciar delincuentes.
Promesa presidencial
En febrero pasado, el presidente López Obrador advirtió a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de periodistas en Tijuana que no habrá impunidad y que tendrán castigo.
“No hay impunidad, que no estén pensando los autores intelectuales y materiales de estos crímenes, que van a quedar impunes, que no habrá castigo, es un mensaje aclaratorio (…) Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección. Nada que tenemos comprada la plaza y estamos bien parados…”, señaló entonces.
Siete meses después del compromiso presidencial, la secretaria de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Ícela Rodríguez, y el subsecretario, Ricardo Mejía, aún no han informado de la captura del autor intelectual del asesinato de la periodista.
El fiscal General de Justicia de Baja California, Iván Carpio, tampoco ha dado a conocer esta información.
«El Cabo 16», señalado como incitador del homicidio de Martínez, está preso; la fiscalía estatal tiene hasta el 8 de septiembre de este año para presentar el resto de las pruebas contra este sujeto y sus cómplices.
En ambas indagatorias, el gobierno de la 4T se ha encargado de difundir los avances, señalando que así se decidió de mutuo acuerdo con la autoridad de Baja California, para “evitar distorsiones en la información”.
La Alianza de Medios contactó directamente con la secretaria Rosa Ícela Rodríguez, los fiscales Iván Carpio y Atalo Machado, para solicitarles entrevistas sobre el estado de las pesquisas y procesos judiciales, pero no hubo respuesta.
“Sigan investigando a Bonilla”
Maldonado manifestó que PSN ya pagó el finiquito de un millón 300 mil pesos que correspondían a Lourdes por la demanda que presentó contra Jaime Bonilla por despido injustificado, litigio que duró casi una década.
Héctor de Isla Puga Durán, en su calidad de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada “Media Sports de México S.A. de C.V”, se desistió el 20 de enero de 2022 -tres días antes del homicidio- de los amparos promovidos por la empresa para no liquidar esa cantidad, que consideraba anteriormente debió ser menor.
Según documentos consultados por la Alianza de Medios, envió un escrito a la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje, relacionado con expediente 1359/2012, en el que indicó que “nunca es tarde para ir en búsqueda del fin de una controversia judicial a través de una negociación”.
El hermano de Lourdes considera que Jaime Bonilla debe seguir siendo considerado sospechoso, no sólo por el litigio laboral, sino porque la periodista había dicho que iba a demostrar que el senador estaba involucrado en presuntos delitos.
Está convencido de que el móvil del asesinato está directamente relacionado con su actividad periodística, por lo que exigió que se den a conocer los motivos del crimen y autoría intelectual.
“Ella era periodista cien por ciento, no hacía otra cosa, hay versiones de que fueron narcomenudistas, se dice que fue por la propiedad de casa donde vivía, se dicen muchas cosas, no hay algo firme, pero definitivamente a ella la mandó matar alguien muy poderoso”.
“Tan sabía el riesgo que corría que en 2019 fue con el presidente López Obrador a decirle cara a cara que temía por su vida, que temía que Bonilla le hiciera algo”, sostuvo.
Oscar no comparte la explicación del subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, quien en abril manifestó que el crimen posiblemente ocurrió en represalia porque ella denunció a narcomenudistas del CAF, el mismo grupo que mató a Margarito días antes.
“El gobierno federal y la fiscalía deben seguir la línea del exgobernador; e único motivo que había como para que la mataran, que le pasara lo que le pasó, yo creo que fue la bronca con ese señor, todas las entrevistas que dio mi hermana en las que dijo que lo iba a meter a la cárcel por corrupción”.
“Además de que lo iba a demandar en Estados Unidos y que dio a conocer que nunca renunció a su ciudadanía estadunidense y aun así fue gobernador y ahora es legislador”, puntualizó.
En una amplia entrevista concedida en febrero, Jaime Bonilla aseguró que es “ridículo” y una “locura” atribuirle el homicidio, solo porque la periodista le ganó un laudo laboral.
Respecto a la línea de investigación que en su momento abrió la fiscalía estatal contra el senador, fuentes consultadas señalaron que Eduardo Pérez Castro, abogado de Lourdes, fue citado a declarar solo una vez, al comienzo de la indagatoria.
No recibió otro citatorio aun cuando él reveló en diversas entrevistas a medios de comunicación que su clienta recibió amenazas del exgobernador, pero que desconocía los detalles.
En su actualización sobre casos de periodistas asesinados en el sexenio, la SSPC informó que al 16 de agosto de 2022, tres personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por la muerte de Maldonado.
La jueza Leticia Larrañaga ordenó que las audiencias se lleven a cabo sin la presencia de medios de comunicación.
En su reporte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que por la muerte de Margarito Martínez hay 10 detenidos que enfrentan proceso.
El juez de control Lauro Vizcarra vinculó a proceso en marzo a «El Cabo 16», «El Huesos» y «El Uber» y dio un plazo de seis meses para que la fiscalía presente todas sus pruebas.
SEM/MG
