Son 250 mil, olvidadas por el gobierno, sin responsabilidad patronal y todas migran hacia campos agrícolas del país
Pide la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre que las miren las autoridades y actúen inmediato
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de septiembre, 2022.- Hermelinda Santiago es una trabajadora agrícola. Con su testimonio se refleja la condición de la condición de las mujeres que migran dentro y fuera de México, salen de sus comunidades en busca de sus derechos básicos, como el acceso al trabajo, alimentación digna, y educación. Pero su realidad es otra, bajos salarios o nada; situación grave en su salud; trabajos extenuantes, pesticidas y cero seguridades laborales.
Hermelinda relata que, a pesar de ser parte de las 3 de cada 10 mujeres que reciben un pago por su trabajo en el campo, su esfuerzo en el “surco”, como ella lo nombra, no alcanza a cubrir sus necesidades, ya que los sueldos no superan los 310 pesos diarios. Significan la vida para más de 8 millones de mexicanos y mexicanas. Pero están olvidadas. La investigación indica que el salario promedio es de 100 o 200 pesos diarios.
Con el análisis que compartieron las trabajadoras agrícolas, dentro de una campaña denominada “Ellas hablan”, impulsada por Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC, la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre está conminando a las autoridades de salud y trabajo para que respondan al Senado de la República por una situación donde jornaleras, trabajan hasta 13 horas, con un salario de entre 100 y 250 pesos por día, además, la mayoría, carecen de seguridad social y arriesgan la vida cuando se embarazan.
“Espero que algún día las cosas cambien en el campo, que haya guarderías para nuestros hijos e hijas, que haya escuela, que haya un centro de salud para atendernos, porque muchísimas de nosotras llegamos a dar a luz en medio de los surcos.” Palabras de Hermelinda Santiago, jornalera agrícola de 36 años.
Lo hallado en la campaña Ellas Hablan, fundada en la necesidad de dar voz a más de 250 mil trabajadoras agrícolas, que diariamente resisten y sobreviven, experimentan vulnerabilidades y violencias contra su vida y salud, piden organizaciones hacer algo, así dijo Mayela Blanco de la Fundación Avina, consultada por el Senado, y tras una observación y estudios sociales, concluye la petista, hace evidente que en los 4 años de esta administración, la situación de las trabajadoras del campo ha sido abandonada.
El llamado de la senadora y jefa del grupo parlamentario del PT es directo a las secretarías de Agricultura, Salud y de Trabajo y Previsión Social a través de un exhorto que deberá acordar el pleno del senado y argumenta que el 93 por ciento de las mujeres trabajadoras agrícolas en México carecen de contrato laboral, el 90 por ciento carece de acceso a la salud por parte de su patrón y el 8 por ciento no cuenta con prestaciones de trabajo.
“Estas labores han normalizado e invisibilidad mucho el papel de las mujeres, de las jóvenes, de las adolescentes y de las niñas. Esta normalización o invisibilización de las mujeres particularmente de las trabajadoras agrícolas o mujeres jornaleras, tiene estrecha relación con un mercado del trabajo que construido un perfil de la jornalera, como mano de obra que es barata, que es flexible, esto bajo estigmas sociales basados mucho en el color de la piel, en el idioma, el sexo o en la identidad de género”.
Según AVINA promover la información a las jornaleras sobre sus derechos se vuelve determinante para que acciones y se organicen. De esos estudios es que se conmovió la senadora, no obstante que hace más de 2 años se publicaron las denuncias y los análisis, como puede leerse en las páginas de estas organizaciones y sobre las que hace alusión la propuesta de la petista.
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A la letra señala al pleno senatorial la proposición con punto de acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorte, a la Secretarías Salud, del Trabajo y Previsión Social y Agricultura y Desarrollo Rural, para que actúen de manera coordinada con el objetivo de garantizar sus derechos, y en especial el derecho a la salud, de las trabajadoras del campo, con atención prioritaria a las mujeres en estado de embarazo para proteger su integridad física y su vida.
La senadora Bañuelos de la Torre dice a senadores y senadoras que tienen obligación de vigilar el cumplimiento de las condiciones laborales por parte de los empleadores.
En el documento que fue inscrito en la Gaceta del Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó la importancia de la labor de las jornaleras agrícolas, cuyas manos y cuerpos contribuyen directamente en el desarrollo económico y social de México.
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Actualmente la Beca de Bienestar para los jóvenes como aprendices es de 5 mil 172 pesos mensuales por un máximo de 12 meses. Son un millón 200 mil jóvenes.
Más de 15 millones de adultos y adultas mayores reciben cada mes mil 925 pesos.
Las jornaleras agrícolas olvidadas llegan a ganar de entre 3 a 9 mil pesos mensuales. Ellas son solamente 250 mil.
Compara con lo que reciben y las y los adultos mayores.
Ellas reciben menos de 2 salarios mínimos, para 8.5 millones de personas, su familia, casa, vestido y sustento.
Para las becas, se destinan, sólo en el anexo 13, dizque para mujeres, 346 mil millones 77 mil pesos. Entre 18 millones es 192 pesos diarios.
La petición en sus considerandos hace reflexionar: En el trabajo del campo encontramos una variedad de alimentos: frijol, arroz, maíz, aguacate, limón, sandías, piñas; estos productos permiten el desarrollo de las familias mexicanas. Pese a todas las bondades que nos da, el sector del campo es uno de los más rezagados y olvidados.
Se estima que en nuestro país existen más de dos millones de personas que trabajan en el sector agrícola, sobre todo migrante, de Oaxaca al Valle de San Quintín o los campos agrícolas de Sinaloa o Guanajuato.
De esa masa laboral, 12.7 por ciento son mujeres y sus familias, suman 8.5 millones de personas. Las jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y sufren uno de los más altos grados de violencia en México.
Según Isabel Nemesio, colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. las mujeres jornaleras enfrentan en los campos agrícolas jornadas de trabajo que llegan a ser de hasta 13 horas, su salario ronda entre los 100 y 250 pesos por día -en algunos campos agrícolas les pagan menos-, casi ninguna trabajadora goza de seguridad social, la crianza y el cuidado de las y los hijos siguen considerándose como su obligación o deber. Las jornaleras agrícolas mexicanas además de luchar por sus derechos, protegen el medio ambiente.
Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dijo que existe una constante en torno a las mujeres agrícolas, la desatención por parte de las autoridades responsables de garantizar una calidad de vida para las mujeres indígenas que se ven orilladas a migrar ante la falta de garantías básicas en sus comunidades:
“Esta situación se complicó con la pandemia, porque ellas en lugar de confinarse con sus hijos, sobre todo las madres solteras tuvieron que salir con sus hijos, porque el maíz que cosechan era insuficiente, tres costalillas de maíz es insuficiente para sostener una familia de cinco hijos durante un año, hay que salir a los campos agrícolas, y su salida siempre implica un viacrucis por el trato indolente, abusivo y sobre todo discriminatorio de la población que interactúa con ellas y las estigmatizan por ser mujeres”.
En la propuesta de un punto de acuerdo, la petista, pidió a la secretaría de Agricultura, genere campañas públicas para hacer saber a la sociedad sobre la importancia del trabajo de las jornaleras y a la secretaría del Trabajo, verificar que las condiciones laborales sean acordes a los derechos humanos y laborales de quienes se desempeñan en explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas.
Geovanna Bañuelos de la Torre subrayó que las mujeres jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y sufren uno de los más altos grados de violencia en México.
En Salud el peor abandono
La Senadora dice en su petición: “dentro de esta gran problemática persiste otra más grave: la falta de acceso a servicios de salud dignos para las mujeres trabajadoras agrícolas, hecho que cobra una especial gravedad y relevancia en el caso de las mujeres embarazadas …”
Otro punto es que además de las condiciones desventajosas que enfrentan las mujeres que trabajan en el campo, si están embarazadas, experimentan diversos riesgos sanitarios por el contacto con plaguicidas, herbicidas o fertilizantes. El 8 por ciento no tiene protección a su salud.
“Es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas. Debemos garantizar el acceso digno, gratuito y de calidad para garantizar su desarrollo y el bienestar en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo”, aseveró.
En el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Salud, para su análisis y posterior dictaminarían.
¿Dónde están las trabajadoras agrícolas? ¿Dónde migran las jornaleras?
La experiencia del Proyecto que CECIG desarrolla, con apoyo de Fundación Avina encontró cómo migran y viven estas jornaleras en los estados de Guerrero, Morelos y San Luis Potosí, donde a partir de un diagnóstico comunitario, halló:
En Morelos, actores públicos, empresarios y agencias intermediarias, miran como la producción de caña y otros productos, en La Joya, Tepextepango, municipio de Ayala, donde se asentaron familias que migraron de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, hace 20 años. Trabajan sin protección mujeres, niñas desde los 11 años hasta adultas. Se encontró la falta de acceso a servicios de salud.
En el estado de Morelos también hay migrantes de Oaxaca y Puebla, que se emplean principalmente en el corte de caña o el mercado hortofrutícola.
Mujeres de la comunidad nahua de Ayotzinapa, en Tlapa, Guerrero, quedó claro que ahí personas jornaleras y sus familias parten a trabajar hacia Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California. Muchas adultas mayores migran para realizar trabajos de cuidados ya sea en sus lugares de origen o en las empresas de destino, en donde siguen laborando.
En San Luis Potosí las jornaleras son de la Huasteca, de las comunidades Aldhulup, Tam Aletom, Cruz T´ujub, La Garza, Cuajemco y Tzak Anam, en Tancanhuitz de Santos, según el CECIG encontraron violaciones a mujeres, que las colocan en desventaja en la competencia laboral y profundizan sus condiciones de pobreza y marginación.
Para Isabel Nemecio, para las mujeres jornaleras, la maternidad significa enfrentar mayores riesgos por las condiciones en que realizan su trabajo, por el contacto con plaguicidas, herbicidas o fertilizantes, están expuestas a altas temperaturas por laborar en campos a cielo abierto o en invernaderos.
Frente a estos riesgos, los ingresos que perciben no compensan su labor en el jornal y las tareas de cuidados. Reiteró que hay una deuda con el campo, porque 93 por ciento de las mujeres trabajadoras agrícolas en México carece de contrato, 90 por ciento carece de acceso a la salud por parte de su patrón y el 8 por ciento no cuenta con prestaciones laborales
Por ello el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, escribió Bañuelos de la Torre, hace un llamado para que las autoridades fortalezcan las acciones que permitan garantizar los derechos de las mujeres para que sus derechos laborales, y en especial, el acceso a la salud. Es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas. Debemos garantizar el acceso digno, gratuito y de calidad para garantizar su desarrollo y el bienestar en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Es tiempo de atender su problemática, de dejar de ser indiferentes, de brindarles mejores condiciones laborales y otorgarles la certeza de que contarán con servicios dignos para satisfacer sus necesidades.
