Cuba: Salud sexual y reproductiva para adolescentes, cuestión de derechos

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SemMéxico/SEMlac. La Habana, 16 de agosto 2021.-  Educar en materia de derechos y emplear este enfoque con adolescentes es esencial para garantizar su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) de calidad, coincidieron expertos durante un taller organizado el 12 de agosto por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Cuba, informó el sitio oficial en internet de ese organismo internacional.

De acuerdo con Nadina Peñalver Díaz, psicóloga de la Salud y profesora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en el camino por empoderar a los adolescentes resulta clave asumir esta aproximación, pues «provee herramientas para comprender de manera integral la sexualidad y contribuye a eliminar aquellas barreras que perpetúan el estigma y la discriminación».

El grupo de personas entre 10 y 19 años, quienes construyen sexualidades, expresiones e identidades de género no hegemónicas, requieren de una mirada diferenciada, en tanto tienen que enfrentar desafíos y obstáculos que les expone a diversos riesgos, significó la especialista.

Según el estudio «Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba», el conocimiento de adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos es, sobre todo, formal.

Por lo general, quienes integran ese grupo no son conscientes de su alcance, de la relevancia de estos temas para el desarrollo de su personalidad o de su valor para actuar ante posibles vulneraciones, aseguran sus autoras, las juristas Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, e Ivonne Pérez Gutiérrez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

El enfoque de derecho contribuye a garantizar a jóvenes y adolescentes el ejercicio de los derechos a la privacidad e intimidad, a vivir libre de violencia y discriminación, acceder a una educación integral de la sexualidad (EIS) y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluso a la participación en políticas públicas sobre sexualidad.

A juicio de González Ferrer, uno de los desafíos actuales apunta a que las políticas diseñadas sobre salud sexual y reproductiva que llevan adelante los diferentes programas del Ministerio de Salud Pública (Minsap) no tienen suficiente espacio dedicado a la prevención y atención de la violencia y los abusos sexuales.

La violencia directa y la vulneración de derechos tienen una relación estrecha, considera Ada Alfonso, profesora e investigadora del Cenesex, quien argumenta que toda forma de violencia es una violación de los segundos, «pero también cuando los derechos se vulneran estamos frente a situaciones de violencia de distintos tipos», sostuvo.

La vicepresidenta de la Unión de Juristas, por su parte, comentó situaciones en las cuales los derechos de las y los adolescentes quedan en situaciones de vulnerabilidad.

Mencionó, por ejemplo, el requerimiento de la presencia y consentimiento de los padres, tutores o representantes legales para el acceso a los servicios de interrupción de embarazo y de regulación menstrual, catalogado por la especialista como «una brecha, en tanto se limitan los derechos y garantías de adolescentes y jóvenes».

Algo similar ocurre con las personas en ese grupo etario que tienen consentimiento para sus relaciones sexuales desde los 14 años y que «no deberían ver limitado o condicionado al acceso a preservativos, la píldora anticonceptiva de emergencia, entre otros servicios», señaló.

González Ferrer recomendó velar por la coherencia e integralidad entre los programas de salud sexual y reproductiva y las condiciones jurídicas que enmarcan las relaciones sexuales.

La experta recordó, además, que el reflejo normativo del enfoque de educación integral de la sexualidad centra su mirada en los riesgos para la salud de adolescentes y jóvenes, pero no incluye el componente emocional o afectivo, entre otros elementos importantes.

Todos estos aspectos resultan vitales en momentos en que Cuba trabaja, con el apoyo del Unfpa, en la actualización del Programa de Atención Integral a la Adolescencia.

Otras instituciones aportan a ese propósito, como el Programa de Atención Materno Infantil del Minsap, el Grupo Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes, el Cenesex, diversos organismos de la administración central del Estado, así como la academia y organizaciones de la sociedad civil.

Para Ada Alfonso, experta del Cenesex, este proceso de actualización «es una oportunidad y al mismo tiempo una fortaleza para lograr que los servicios de salud que se brinden sean de calidad y accesibles en esta etapa del curso de vida».

En su opinión, el sistema de salud de la nación caribeña y su esquema de atención primaria «cuentan con los mecanismos para brindar una atención de calidad que incluya la identificación, la detección y la prevención de las necesidades de salud de las y los adolescentes».

Sin embargo, como apunta González Ferrer, habrá que prestar especial cuidado al derecho a la participación de las y los adolescentes, para que se sientan realmente partícipes activos de un programa que incide directamente en sus vidas.

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