SemMéxico, Oaxaca, 22 abril 2019.- La violencia sexual ha dejado al menos marcas en la vida de 91 niñas y adolescentes, en 2018 y los primeros tres meses de este año, informó la Procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, Susana Pérez Guerrero.
Tras señalar que no debería registrarse ningún caso, especificó que 79 casos ocurrieron en 2018 y este año tienen registro de 12 más delitos de violaciones sexuales contra niñas y adolescentes.
Entrevistada luego de que se dio a conocer que la semana pasada una niña de 11 años se convirtió en madre de un niño en el hospital general «Aurelio Valdivieso» de los Servicios de Salud de Oaxaca.
El bebé nació por cesárea, pesó tres kilos y no se reportaron complicaciones durante el parto, de acuerdo con el reporte médico de la institución.
El alumbramiento sucedió el martes 16 de abril cuando ingresó a la institución, ubicada en la zona norte de la ciudad de Oaxaca. La menor llegó acompañada por una persona del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En esa misma fecha, cumplió 11 años de vida.
El jueves pasado ambos menores de edad fueron dados de alta y reinstalados en la casa hogar del DIF, que junto con Procuraduría Estatal de Protección de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca (Prodennao), resguarda a la víctima desde el octavo mes de embazo, fecha en que conocieron del caso y le da seguimiento a la carpeta de investigación por el probable delito de abuso sexual y violación.
La Prodennao está facultada para denunciar ante el Ministerio Público dentro de las siguientes 24 horas de las que se tenga conocimiento de aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito, además de solicitarle la imposición de medidas urgentes de protección especial cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de los infantes y adolescentes.
Al respecto, la organización feminista MUGER (Mujeres Unidas en torno al Género, la Equidad y la Reivindicación), reclamó a las autoridades una investigación profunda que revele las omisiones por parte de quienes callaron ante la sospecha de la recurrencia de abuso sexual y violación de una niña.
Esto nunca debió de haber sucedido. La niña llevó a término su embarazo porque no se aplicaron los derechos de la menor, que en caso de violación debió de haberse aplicado la Norma Oficial Mexicana 046 que permite la interrupción del embarazo, indicó, Amanda Huerta Duarte, participante de la red feminista.
“Todos los delitos se deben de pagar con cárcel, porque hay autoridades involucradas, sobre todo si en algún momento una persona adulta la llevó a una clínica local. Los médico y enfermeras son servidores públicos, ellos son pudieron evitar revictimizarla, pero se quedaron callados”.
En la cadena de omisiones, también están los docentes debido a que ellos conocen los mecanismos, protocolos, rutas de protección elaboradas por el instituto de educación para saber cómo actuar frente a situaciones de abuso sexual, pero no actuaron, expuso Huerta.
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