- En seguimiento del impacto de género de la crisis del COVID-19, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, señala: “Es preciso poner el foco en los trabajos de cuidados y en que quienes los realizan, mayoritariamente mujeres, tengan condiciones laborales dignas y cuenten con los equipos y medidas adecuadas de prevención”
Por Redacción AmecoPress
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 07 abr. 20. La crisis del COVID-19 está sirviendo, entre otras cosas, para poner en valor, socialmente, los trabajos vinculados al cuidado de las personas. A todas, y principalmente, a las personas mayores, cuya protección exige CCOO, al mismo tiempo que se reclama la protección de las personas trabajadoras y la permanencia de los servicios e infraestructuras y el empleo que vinculan.
No en vano el sector de los cuidados es una de las actividades consideradas esenciales en este estado de alarma. Es una ocasión para revalorizar y dignificar este trabajo, desempeñado mayoritariamente por mujeres, y para exigir que cuenten, sobre todo, con las condiciones laborales y de protección en salud laboral debidas, ya que están muy expuestas.
Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): más mujeres usuarias, más mujeres trabajadoras. Según el Observatorio Social de las Personas Mayores 2019 (OSPM), de la Federación de Pensionistas de CCOO y la Fundación 1 de Mayo, las mujeres mayores son las principales beneficiarias del SAAD. Es así porque el conjunto de las personas mayores son las principales beneficiarias del sistema de dependencia y porque las mujeres son mayoría entre la población mayor (suponen el 57% de la población de 65 años y más), feminización que se acrecienta según aumenta la edad. “La mayor parte de las personas beneficiarias mayores de 65 años son mujeres, las cuales representan un 72,3% del total de 779.661 personas beneficiarias. En la franja de 80 y más años, el 76,6% de las personas usuarias son mujeres”, refleja el OSPM.
Como reporta el OSPM: “El sistema de dependencia está basado en un diseño que prioriza los servicios profesionales y en casos excepcionales las prestaciones económicas. Dichos servicios profesionales contemplan: los servicios de prevención y de promoción de la autonomía personal, servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención de las necesidades del hogar, cuidados personales, centro de día y de noche, centro de día para mayores, centro de día para menores de 65 años, centro de día de atención especializada, centro de noche, servicio de atención residencial, residencias de mayores y centros de atención a personas en situación de dependencia”. Un sistema del que, según el OSPM citado: “En mayo de 2019, eran 1.076.531 las personas beneficiarias de algún tipo de prestación”.
En todos ellos, son mujeres también la mayoría de trabajadoras. Un sector muy castigado por los recortes de las políticas austericidas de 2012, que: “No sólo paralizaron la implantación del sistema, sino que incluso implicaron una reducción en la cobertura”, según OSPM. Es preciso recordar que en 2019, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de media, trabajaban en servicios de cuidados unas 700 mil trabajadoras (unas 393 mil en “cuidados a las personas en servicios de salud” y 313 mil en “otro personal de cuidado a las personas”).
Por otro lado, sabemos que el número de cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social se ha más que quintuplicado desde el 1 de abril de 2019, cuando entró en vigor el decreto ley por el cual el Estado pasó a asumir el pago de las cuotas. Hasta ese día, y tras los recortes de 2012, había recaído en familiares (es decir, mujeres de la familia, mayoritariamente) que tenían a una persona con dependencia en casa. Ahora cotizan más de 50 mil en la Seguridad Social. Antes de los recortes del 2012, más de 170.000 cuidadoras estaban dadas de alta en la Seguridad Social.
Además, CCOO ha alertado sobre el riesgo de salud para profesionales de la atención domiciliaria, a través de servicios gestionados por los ayuntamientos, y personal de residencias, tanto para la propia salud como para las personas usuarias, y que se ha detectado el incumplimiento de las normas de protección recogidas en los protocolos estipulados tanto para residencias de personas mayores como para el servicio de ayuda a domicilio.
Para Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, estas profesionales son, a menudo, una primera línea en la atención a personas que requieren cuidados, como mayores y dependientes, por lo que se ven expuestas no solo al riesgo de contagio sino también a una sobrecarga física y emocional, y, en muchas ocasiones, a la infravaloración de su trabajo. Señala Elena Blasco Martín: “Esta crisis del Covid19 muestra el carácter esencial de los trabajos, servicios y recursos vinculados al sector de los cuidados. Muestra sus carencias estructurales, muestra los déficits sobrevenidos por efecto de los recortes de años atrás. Y nos muestra la profesionalidad y calidad humana de sus trabajadoras. Esta sociedad debe garantizarles el reconocimiento y dignificación de sus trabajos y la mejora de sus condiciones laborales y, fundamentalmente, debe garantizarles su salud laboral. Cuidar a quien nos cuida es imperativo y es de justicia”.
