- Sin ninguna respuesta de Amlo y sin luz ni agua hace 37 días, mantienen sus demandas y dialogan con el gobierno estatal, sin resultados
- En conferencia de prensa a distancia, narran intentos de una Ley Mordaza que ya discute el Congreso
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 27 de enero 2021.- Voceras de las 27 colectivas feministas de Quintana Roo, que hoy cumplen 60 días de la toma pacífica del Congreso de Quintana Roo, denunciaron que a pesar de su apertura y disposición, las y los diputados del estado, no abren el diálogo y a 15 días de pedir la intervención del gobierno federal, éste no responde.
Tienen 37 días sin luz y agua, y se multiplican mensajes en redes sociales, desde el Congreso, instigando al odio y la criminalización de las feministas.
Explicaron, en conferencia de prensa a distancia, que continúan trabajando en mesas de análisis con el gobierno del estado y hoy se reunirán con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el Congreso no responde, aún esperan una reacción positiva, para entregar las instalaciones, tomadas hace 2 meses.
Destacaron que la búsqueda de un diálogo franco y abierto con los y las diputadas es para que se sienten las bases para una ruta de trabajo legislativo en torno a las 10 iniciativas presentadas por la Red en noviembre de 2020, todas ellas, aclararon, tienen el objetivo de garantizar que las niñas y las mujeres en Quintana Roo, vivan libres de violencia y con acceso pleno a sus derechos humanos.
Leyeron 6 demandas concretar y recordaron que a pesar que desde diciembre se ha publicado un cronograma general de sesiones y foros en torno al análisis y discusión de 5 iniciativas para despenalizar el aborto en Quintana Roo, contenidas en el Pliego Petitorio entregado al Gobernador desde el 16 de noviembre y en presencia del jefe del congreso, pero “no hay avance alguno ni rutas de trabajo para el análisis de las mismas”.
Manifestaron su preocupación por una iniciativa presentada en diciembre sobre una ley de medios, la cuál tiene más un espíritu de “Ley mordaza” para coartar el derecho a informar, cuando el propósito de su propuesta, es totalmente contrario, ya que busca garantizar la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sin coartar la libre expresión.
Luego narraron, como lo han hecho desde el 21 de diciembre, como fueron interrumpidos los servicios básicos vitales de luz y agua en las instalaciones del Congreso, vulnerando con ello los derechos a la libre manifestación y protesta, así como al cuidado de la salud de las niñas y mujeres presentes en la toma, situación muy delicada por la pandemia por COVID 19 y el aumento considerable de casos en todo el país, dijeron.
¿Y qué pasa? Esto es el problema. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Gustavo Miranda, no sólo ha demostrado su nula capacidad resolutiva desde los inicios de la toma de las instalaciones, sino que se ha dedicado a enunciar mensajes, a través de redes sociales, incitando al odio y a la criminalización de las defensoras de derechos humanos.
Explicaron a los medios de comunicación que a pesar de las precarias y vulnerables condiciones en las que se encuentran, en cuanto a la toma pacífica sin servicios básicos, reiteraron que están trabajando, en mesas de diálogo permanente con el Gobernador del Estado y su gabinete
Los diálogos con el gobierno es la búsqueda de resolver, conjuntamente, los 44 puntos del Pleigo petitorio que implican acciones urgentes, coodinadas e intersectoriales para la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Que nosotras ya queremos entregar el congreso, pero que ellos aún no nos dan fechas firmadas, dijeron, misma situación que sucede en Puebla.
Cuando cumplieron 46 días desde la toma pacífica del Congreso, una delegación estuvo en Palacio Nacional con una carta precisa al presidente Andrés López Obrador para que interviniera y se lograra el diálogo, a quien denunciaron el acoso institucional
Ese 12 de enero, esperaban un diálogo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no se ha dado.
Y es que, aseguran en Quintana Roo hay crisis de derechos humanos y la discriminación, continuada desde el Congreso de la entidad, lo mantiene en desacato a una directriz de Gobernación para que se dictamine una, entre 9 iniciativas para despenalizar el aborto.
Una de las voceras, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, presente en la conferencia de prensa hoy, explico en esa ocasión a SemMéxico, insistió en dos cosas: no cesa el hostigamiento, hay simulación en el caso del feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, lo que detonó las protestas de noviembre.
Ellas mantienen la demanda de atención a las 54 demandas de las Colectivas Feministas.
Las colectivas de Quintana Roo, durante 3 años han buscado reponer los derechos de las mujeres frente a un Congreso omiso; han logrado ser protegidas por el mecanismo de Protección a Defensoras de Derechos Humanos; han estado abiertas al diálogo, interrumpido una y otras vez en el Congreso y con la contradicción de que el Ejecutivo afirma que en Quintana Roo se debe discutir el aborto, pero se mantiene la cerrazón entre diputados y diputadas.
Antecedentes
Desde hace años, pero de manera más enérgica y directa desde hace más de 3 años las feministas en Quintana Roo trabajan a favor de los derechos de las mujeres, efectuando acciones de defensa, acompañamiento y orientación a las víctimas de violencia de género; piden insistentemente que se dé cumplimiento a las medidas señaladas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, -7 abril 2017- señalando las omisiones y obstáculos para un verdadero y efectivo acceso a la seguridad y justicia;
Una de sus demandas y su lucha es el derecho a decidir cómo una problemática latente en materia de salud y de derechos humanos. Avance en la armonización legislativa con perspectiva de género. Durante más de tres años, promueven programas de atención a víctimas, mesas de trabajo con cada una de las dependencias, pliegos petitorios, iniciativas, marchas, concentraciones, pronunciamientos, conversatorios, foros, visitas personalizadas, capacitación a servidoras y servidores públicos. Ello se puede verificar en sus páginas de redes sociales.
El 9 de noviembre, como protesta a los feminicidios recurrentes en el Estado y específicamente el de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, alias “Alexis”, se organizaron manifestaciones en las Fiscalías de diversos municipios exigiendo justicia para las mujeres que han sido arrebatadas por la violencia feminicida y específicamente en Cancún; las y los manifestantes decidieron ir a protestar frente al Palacio Municipal de Benito Juárez, pero ahí fueron recibidas y recibidos con balazos, sin embargo, esta situación hasta hoy no ha derivado en el deslinde de responsabilidades sobre quien dio la orden y sobre los elementos que ejecutaron la misma.
El pliego de peticiones se entregó el 16 de noviembre de 2020 a los tres órganos del Estado en el que, de manera enunciativa no limitativa, señalan 54 puntos, hasta ahora desoídos.
Por ello el 28 de noviembre de 2020, luego de un plantón instalado el día 25, tomaron pacíficamente las instalaciones. Hoy cumplen 60 días. Han acudido a mesas de trabajo con autoridades del gobierno, sin resultados y han intentado dialogar, inútilmente, con el Congreso.
