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Dan a conocer Informe Hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará

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  • Alrededor de 12 millones menores de edad se casa al año, 28 cada minuto
  • En el Senado analizan el tema y elabora estudio sobre panorama actual en México

Astrid Espinoza Nieto

SemMéxico, Ciudad de México, 10 de julio del 2022.- El matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) es un grave problema de derechos humanos que afecta a millones de niñas y adolescentes de todos los países, culturas, religiones y etnias, que limita su pleno desarrollo y disfrute de la infancia y adolescencia.

El Informe Hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, destaca que dicha situación se asocia, en muchas ocasiones, a contextos de precariedad, abuso y sufrimiento que se extienden a lo largo de vida de las niñas y la de sus hijas e hijos.

Dicho informe que incluye a los 35 países que conforman la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre los que se encuentra México, fue presentado en el Senado a petición del Instituto Belisario Domínguez encabezado por el senador Miguel Osorio Chong.

A pesar de los avances, el tema sigue siendo preocupante, ya que en todo el mundo aproximadamente 21 por ciento de mujeres, entre 20 y 24 años, se casaron siendo menores de edad, lo cual representa un total de 650 millones de niñas y mujeres.

En este sentido, la alianza global Girls Not Brides ha reportado que 12 millones más de niñas y adolescentes se casan cada año, lo cual equivale a 28 niñas o adolescentes por minuto. De mantenerse esta tendencia mundial, 150 millones de niñas y adolescentes habrán contraído matrimonio o se habrán unido en la próxima década.

En el caso de México, el informe señala que en el 2018, a nivel nacional, 3.6% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o unieron antes de los 15 años, mientras que 20.7% se casaron o unieron antes de los 18 años, mientras que el 12.2% de las mujeres de 15 a 19 años había tenido al menos una/un hijo nacido vivo y una tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años de 2.3 nacimientos por cada mil, y entre adolescentes de 15 a 19 años, de 6.9 nacimientos por cada mil.

En su participación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, son una gran preocupación, porque a raíz de que se prohibieron los matrimonios infantiles en los códigos civiles de nuestro país, se dieron las uniones solamente forzadas en esta estructura patriarcal y machista en que vivimos. 

Agregó que en 2019 los matrimonios y uniones infantiles forzadas vulneraban los derechos de al menos 6.8 millones de niñas y adolescentes del país.

En ese mismo sentido, dio a conocer que más del 49 por ciento de las mujeres que se casaban antes de los 18 años, eran víctimas de violencia física, el 68 por ciento fueron violentadas sexualmente y al menos el 16 por ciento experimentaba violencia económica a partir del matrimonio. 

Por ello, llamó a los legisladores y actores involucrados en el tema a “avanzar”, porque el interés “no solo reside en conocer lo que hemos avanzado y en saber lo que no hemos podido cambiar en México respecto a países que aún no anulan esta práctica, sino fundamentalmente para actualizar cifras, conocer ideas, realizar perspectivas y proyectar cuáles son los siguientes pasos para cambiar la terrible realidad. 

En su oportunidad el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas no son un fenómeno social, “son una tragedia social, la tratamos como un fenómeno, pero vista de otra manera, ocuparía otras prioridades en las políticas públicas”. 

Cabe mencionar que en el Senado ya se analiza el tema y para lo cual realizó un estudio sobre el panorama actual.

Marcela Huaita Alegre, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Belém do Pará, puso de manifiesto como barreras para la prevención del matrimonio infantil, la falta de información para la elaboración de estrategias y la falta de políticas públicas integrales para que las niñas y adolescentes accedan a una vida libre de violencia. 

Por su parte, Rocío Muñoz Flores, asesora regional de Género del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dijo que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas, constituyen una violación a los derechos humanos con graves impactos en la salud y la vida de niñas y adolescentes.  

Entre esas afectaciones enlistó que las menores sufren de menor autonomía física, económica y de toma de decisiones, además de pobreza, deserción escolar, de planes de vida, así como embarazo en la adolescencia y discriminación. 

Ana Güezmez García, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dijo que la situación a tratar es una práctica nociva que daña a las niñas y limita el desarrollo de los países, reproduce las pobrezas y llama la atención sobre la debilidad en las respuestas de las políticas públicas. 

El informe concluye asegurando que la eliminación del MUITF requiere un enfoque a largo plazo, integral y coordinado que propicie cambios sistémicos a través de inversiones sostenidas y el trabajo coordinado de múltiples organizaciones, instituciones y personas a nivel nacional, local y comunitario.

Dicho cambio puede propiciarse, entre otras, a través de las siguientes medidas:

  • Impulsar la generación y recolección de datos oficiales de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, y mejorar los registros administrativos. Estos datos deberán estar desagregados por estado civil, sexo, edad y lugar de origen a fin de identificar las necesidades y retos que enfrentan niñas y adolescentes, y sentar las bases de programas y políticas en la materia.
  • Las reformas legislativas para la erradicación del MUITF deben ser integrales y asegurar la coherencia legislativa entre las leyes que puedan tener relación con el MUITF. No deben limitarse a elevar o modificar legislación sobre la edad de matrimonio, sino que, a la vez, debe armonizarse esta legislación con leyes en todos los ámbitos, de manera tal que las modificaciones no profundicen desigualdades para las niñas y adolescentes.
  • Se deben establecer por ley sanciones para las personas adultas que se casen o unan con niñas y adolescentes menores de 18 años. Estas sanciones deberán preverse tanto en los sistemas de justicia occidentales como en los sistemas de justicia plural reconocidos en los países de la región.
  • Desarrollar una estrategia nacional intersectorial, interinstitucional e integral para erradicar el MUITF. Esta estrategia deberá incorporarse a los planes nacionales de desarrollo y alinearse con las políticas públicas puestas en marcha en las áreas de combate a la pobreza y protección social, empoderamiento económico, acceso al sistema educativo, prevención de la violencia sexual y de género, acceso a información y a servicios de salud sexual integral, educación integral de la sexualidad, y los esfuerzos gubernamentales para la prevención del embarazo adolescente.
  • Las políticas públicas deben estar orientadas a fortalecer el empoderamiento de las niñas, el cambio cultural y la erradicación de los estereotipos de género, y deben tener como guía el principio de autonomía progresiva de las niñas y adolescentes
  • Romper el silencio público en torno al MUITF e implementar campañas de difusión estratégicas a través de medios accesibles y seguros acerca del acceso a servicios básicos, apoyo y atención en casos de violencia de género en contra de niñas y adolescentes.
  • Fomentar el empoderamiento de las niñas como agentes cruciales para el desarrollo de los países, y la transformación de las normas nocivas de género que las perjudican y limitan sus proyectos de vida, trabajando con niños, hombres, familias y comunidades.

SEM/MG

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