Nadia Altamirano Díaz, Oaxaca, Oax., 17 de abril de 2018.-La falta de un marco normativo que regule la violencia política contra las mujeres en el país es un tema pendiente que las y los canditatos que participan en el actual proceso electoral deberían incluir en su agenda.
Así lo consideró la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEEPCO), Nayma Enríquez Estrada, durante el curso-taller Paridad libre de violencia política en razón de género dirigido a mujeres políticas, candidatas y personas que defienden los derechos políticos electorales.
Durante el Conservatorio Presentación de Competencias, lamentó que en el caso de Oaxaca, a pesar de que el 25 de febrero de 2016 en el Congreso Local se hicieron reformas al Código Penal local para tipificar la violencia política, éstas fueron derogadas en septiembre de 2017.
De acuerdo con la Directora de Fortalecimiento a la Participación y Políticas Públicas de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Nidia Soledad Martínez Esteva, de 2017 a la fecha se han conocido de 30 casos, 22 de éstos de violencia concreta contra mujeres que quieren ejercer su derecho a la participación política, principalmente por parte de presidentes municipales, síndicos u otros integrantes del cabildo.
Los otro ocho casos refieren al impedimento u oposición a la participación política, ya sea por la asamblea o grupos comunitarios.
Como en Oaxaca en los 570 ayuntamientos subyacen dos sistemas, , es en 19 de los 30 casos que ha conocido la SMO los que ocurrieron en municipios que se rigen bajo los partidos politicos y los otros 11 en normativos indígenas.
De esas quejas seis se han conocido a través de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; 20 por juicios iniciados en el Tribunal Electoral local y cuatro por resolución administrativa a través de mesas en la Secretaría General de Gobierno..
Fue la titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mirna Eugenia Acevedo Salas, quien hizo ver la carencia de alguna resolución o determinación de reparación integral de acompañamiento a alguna mujer víctima de violencia política, una reacción que busca regresar a las mujeres al ámbito privado.
Y analizó: «Una cosa es tener los mecanismos para denunciar y que al volver a su comunidad sea violentada sistemáticamente por haber hecho la denuncia», por lo que » tenemos que construir mecanismos y protocoles para saber a dónde acudir y para qué, pero también los mecanismos de acompañamiento y órdenes de protección para ellas y quienes le acompañan, porque ahí es donde desisten y surte efecto la violencia política».
La vocal de la seretaría de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Chrysthian Verónica González Labastina, hizo ver que la violencia política no sólo afecta a las candidatas, sino también a las electoras porque los temas de la agenda de las mujeres no se discuten ni mucho menos se logran avances, por lo que es urgente investigar y regular al respecto.
De parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, su presidente, Miguel ángel Carballido Díaz, dijo que mientras no haya voluntad de cumplir las sentencias que éste o cualquier otro órgano en la materia emite, de nada servirán.
«Es un tema a abordar de manera interinstitucional «e incluso rediseñar el sistema jurídico nacional para que las decisiones políticas no estén por encima de las que toman los órganos electorales», expresó.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Esther Araceli Pinelo López, señaló que el reto es la armonización integral de marcos normativos entre los niveles federal, estatal y municipal, para intervenir de una manera más eficaz en la atención de un delito que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
De 2017 a la fecha se han conocido de 30 casos, 22 de éstos de violencia concreta contra mujeres que quieren ejercer su derecho a la participación política
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