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De 399 medidas fiscales durante el COVID 19 en México y América Latina, sólo el 15 por ciento abordaron la seguridad económica de las mujeres

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  • Iniciativas cortoplacistas sin perspectiva de género: BID
  • México en la encrucijada: mala economía y sin ayudas para el trabajo informal

Elda Montiel/2ª. parte.

SemMéxico, Cd. de México, 24 de agosto 2021.- Los gobiernos de América Latina, entre ellos México, se encuentran ante el riesgo de seguir implementando medidas cortoplacistas sin lente de género ante la crisis económica que ha generado el COVID 19 y se corre el riesgo de perder los logros que las mujeres han alcanzado en el ámbito laboral de los últimos dos siglos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuya visión 2025 es querer ir hacia una recuperación económica donde prime la inclusión y la equidad de género advierte que los países de la región están en la encrucijada de qué caminos seguir para definir el mercado laboral a futuro.

En el documento “Hacia una nueva realidad laboral para las mujeres” precisa que los diferentes gobiernos promovieron iniciativas cortoplacistas que beneficiaron indirectamente a ciertos grupos de mujeres.

Sin embargo, casi ninguna incorporó una perspectiva de género que incluyera acciones concretas para proteger la situación económica de las mujeres a largo plazo o abordó la cuestión del cuidado no remunerado.

Los programas de mitigación se concentraron en la protección del empleo de los trabajadores formales y en el apoyo a los ingresos de los hogares con menos protección en sus empleos o que son población objetivo de los programas sociales.

Cita el Global Gender Response Tracker para ALC que del total de 399 medidas fiscales y económicas de protección social y de mercado laboral registradas en América latina y el Caribe, solo el 15 por ciento abordaron la seguridad económica de las mujeres, esto es, orientaron las ayudas económicas hacia sectores feminizados.

En el segmento de empleo formal, se otorgaron ayudas y facilidades crediticias a las firmas, destinadas al pago de salarios y al capital de trabajo. En algunos casos, estas llevaban aparejadas prohibiciones de despidos.

En caso de pérdida del empleo formal, algunos países introdujeron modificaciones a sus seguros de desempleo, flexibilizando los requisitos para acceder al beneficio y alterando las prestaciones.

Para quienes no tenían empleo o se desempeñaban en el sector informal (incluyendo a los trabajadores independientes), se creó, de forma temporal, un gran número de nuevos programas de transferencias monetarias que aliviaron provisoriamente la caída de los ingresos laborales, aunque no pudieron evitar la pérdida de empleo.

El registro de esta población, habitualmente no cubierta por los programas de transferencias, trajo consigo dificultades para la identificación y validación de las condiciones de elegibilidad, que impactaron en la focalización del programa y en sus efectos.

Dentro de estas respuestas de mitigación para la protección del empleo y de los ingresos laborales, las mujeres, por las características de su inserción en el mercado de trabajo, fueron beneficiarias dominantes de iniciativas para trabajadores informales, que se otorgaron en 15 países de la región.

Por ejemplo, en Argentina, Brasil y México, los programas de apoyo económico para trabajadores informales establecieron como criterio de elegibilidad trabajar en sectores donde predominan las mujeres.

En México, el programa de transferencias Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, existente antes de la crisis, expandió su cobertura en 46 por ciento durante 2020.

Las nuevas prestaciones por desempleo o la modificación de requisitos en los seguros de desempleo ampliaron el acceso ante la pérdida del puesto de trabajo, favoreciendo en algunos casos a las mujeres. Esto sucede en aquellos países en los que se relajaron los requisitos de acceso basados en la historia laboral (menos formal y más intermitente para las mujeres) o donde se amplió la cobertura de estos esquemas hacia sectores en los que las mujeres participan más.

Dentro del paquete de medidas de alivio también tuvo lugar una expansión vertical y horizontal de la protección social para los hogares vulnerables que benefició a las mujeres al ser estas las principales titulares de los programas de transferencias monetarias. Esto es, la protección dio cobertura a más personas e incrementó el beneficio que recibieron.

Es el caso, entre otros, de la Asignación Universal por Hijo, en Argentina; Boost Program, en Belice, Bolsa Familia, en Brasil; Familias en Acción y Jóvenes en Acción, en Colombia; PATH, en Jamaica; Tarjeta Solidaridad y Comer es Primero, en República Dominicana; Tekoporà Social, en Paraguay; Juntos y Contigo, en Perú; Asignación Familiar Plan de Equidad, en Uruguay; y Emergency Asistance Program, en Antigua y Barbuda. No se menciona a México.

Problema de cuidado sin resolver

En América Latina y el Caribe, la duración del cierre de las escuelas ha sido la más extensa a nivel global. Entre los 20 países del mundo con cierres más extendidos, 10 son de la región. Desde marzo de 2020 a febrero de 2021, las escuelas en la región han estado cerradas 158 días en promedio versus 95 días en el resto del mundo. Han sido las primeras en cerrarse y las últimas en abrirse.

Con los niños en casa y los adultos mayores requiriendo más cuidados, la carga de trabajo no remunerado para muchas mujeres se incrementó exponencialmente.

El aumento en la carga de trabajo doméstico y su conexión con la fuerte caída en la participación laboral femenina ponen de relieve que, sin un sistema de cuidados en funcionamiento, es muy difícil equilibrar las necesidades domésticas con las demandas del mundo laboral.

Las mujeres que realizan la mayor parte del trabajo no remunerado en sus hogares tendrán menos tiempo para el trabajo remunerado, por lo que retrasarán su vuelta al trabajo. Esto contribuye a perpetuar la brecha de género.

A pesar de esto, el apoyo para el cuidado tuvo un papel menor en las políticas de la región durante la pandemia. El fortalecimiento del Estado a los servicios de cuidado para seguir operando durante la pandemia fue casi nulo.

Ciertos países de la región concentraron las extensiones de licencias parentales en las mujeres, profundizando los desbalances ya existentes.

Por ejemplo, Cuba prorrogó la licencia no retribuida a la madre en uso de su licencia por maternidad ante la imposibilidad de delegar el cuidado y Paraguay extendió los períodos de maternidad y lactancia subsidiados por el seguro social.

En la respuesta con enfoque de género en el cuidado infantil fueron pocos los países que ofrecieron licencias parentales para promover un equilibrio de corresponsabilidad entre el padre y la madre. En los países donde se ofrecieron licencias estas eran de 3 meses según la duración de la pandemia.

Una excepción fue Costa Rica, que contó con una respuesta pública desde la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), que brindó sus servicios durante el período de restricciones para permitir a los padres continuar con sus trabajos. Además, la medida evitó que el cuidado de los niños se trasladara hacia los adultos mayores, población de alto riesgo para COVID-19.

Algunos países se concentraron en resaltar la corresponsabilidad en las tareas del hogar. Ecuador, Paraguay y El Salvador optaron por dar visibilidad a la sobrecarga de trabajo de las mujeres con campañas de información en las redes. República Dominicana lanzó la campaña En esta casa somos un equipo. México, a través de INMUJERES y ONU Mujeres México, elaboró una guía y materiales para concientizar a los hombres acerca de las funciones, roles y participaciones equilibradas por género.

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