- Responsabilizan a FGE, Coepredv y CEDH, de cualquier atentado en contra de la activista, Circe Lucero Riofrio, ante la pasividad de las autoridades para sancionar a quien promueve el discurso de odio.
América Juárez Navarro
SemMéxico. Morelia, Michoacán. 13 de septiembre del 2022.- La Asociación Humanas Sin Violencia, denunció la omisión de las autoridades estatales y del Congreso del Estado de Michoacán para atender las denuncias interpuestas contra el diputado local del Partido del Trabajo e integrante de la 75 Legislatura, Baltazar Gaona, quien promueve un discurso de odio contra las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, responsabilizan a estas y al legislador de cualquier atentado que se dé en su contra.
La activista, Circe Lucero Riofrio, denunció la violencia sistemática que se realiza desde el Congreso local, auspiciada con recursos públicos contra quienes se oponen a la criminalización del aborto y defienden los derechos de las mujeres michoacanas.
En este sentido, hizo responsables a la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo Estatal de Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso de Michoacán, quienes desde los espacios públicos permiten la promoción de los discursos de odio y de apología a la violencia.
“Son las manifestaciones más evidentes para que se incremente la violencia feminicida. Por lo que hago responsables a las instituciones que nos negaron la admisión, resolución y aplicabilidad de los mecanismos de protección a los que tenemos derecho, que como nosotras hacemos el trabajo que los gobiernos y autoridades omiten y no reconocen, que si algo nos sucede ustedes serán responsables de las consecuencias que tengamos en la realización de nuestro trabajo”, expresó.
La activista, señaló que a unos días de que inicie el segundo año legislativo en el Congreso de Michoacán, es evidente que el diputado Baltazar Gaona, utiliza la tribuna de este Poder Legislativo para amenazar, descalificar y violentar el trabajo como defensoras de derechos humanos, porque es desde ahí que manifiesta el ejercicio de poder que ejerce.
“Utiliza el aparato que el Estado le brinda para tratar de demostrar una fuerza de congruencia y moralidad que por supuesto no tiene. Se muestra de manera clara la utilización de recursos públicos para realizar actividades que supuestamente deben estar orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, más esto no es así, contrario a este principio, es utilizado para amedrentar y compararnos con grupos del crimen organizado. Lo cual no sólo es inapropiado, sino que muestra que los recursos pueden utilizarse en acusaciones que alientan al odio y a la violencia”, dijo.
De igual manera cuestionó que las instituciones creadas para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como para la defensa de la libertad de expresión, son ocupadas por personas con una profunda ignorancia sobre aspectos como: principio pro persona, interpretación conforme y al establecimiento de la legalidad y civilidad con que deben conducirse personas que representan a la ciudadanía a través de cargos públicos incluyendo diputaciones.
Finalizó señalando que ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentó la queja, ni siquiera hay una investigación, pese a que alienta el odio.
Circe López fue acompañada y respaldada por las activistas, Sandra Peniche Quintal, de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C. de Mérida, Yucatán; Verónica Cruz Sánchez, Las Libres de Guanajuato, Guanajuato; Vanesa Jiménez Ruvalcaba, Voces de Mujeres en Acción, de Nuevo León; y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
