- Desde hace cinco años, Mauro Eduardo Organista García, es protegido de la actual subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega.
- Con engaños, le arrebató a su hija el 7 de julio de 2017. “Jamás la volví a ver, la sustrajo, la robó, me la quitó la alejaron de mi sin que hasta el momento yo pueda convivir con ella”: Diana Hernández Castro.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 31 de agosto del 2022. – Diana Hernández Castro, denunció violencia Vicaria de parte de su ex pareja, protegido de la actual subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda cumpla su ofrecimiento de hacer de Guerrero un santuario para las mujeres y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, aplicar la ley sin influyentísmo, ni amiguismo.
Acompañada de familiares y activistas feministas, realizaron este martes, una marcha para denunciar la violencia Vicaria de que es víctima desde hace cinco años, y el supuesto influyentísimo de quien fuera exsecretaria general en la anterior administración del Ayuntamiento de Chilpancingo -2018-2021-, y actual subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega.
Diana Hernández, previo a la marcha que salió del monumento a Las Banderas, ofreció una conferencia de prensa, en la que dio a conocer que desde hace cinco años, quien es padre de su hija Ireri, Mauro Eduardo Organista García, con engaños, se la arrebató. El 7 de julio de 2017, la recogió para convivir en las vacaciones de verano, y ya no la devolvió, “jamás la volví a ver, la sustrajo, la robó, me la quitó la alejaron de mi sin que hasta el momento yo pueda convivir con ella”, denunció.
Desde esa fecha, la denunciante comentó que ha estado viviendo entre denuncias y demandas, amparos, juicios y quejas, luego de la denuncia que interpuso el septiembre de 2017 ante el ministerio público de Atoyac, donde reside, por el delito de sustracción de menores.
En 2018, levantó una demanda en el Centro de Justicia para las mujeres del Estado de Guerreo, por violencia familiar, luego de que su expareja le impide a toda costa, conviva con su hija.
Pasaron 7 meses para que la pudiera ver por un corto lapso, y fue hasta noviembre de 2020, que pudo verla por unos de 20 minutos, durante todo este tiempo, la abogada defensora de su expareja, Anacleta López Vega, y la abuela paterna, Ana María García Vega, abogada jubilada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se dedicaron a promover quejas y amparos para retardar el proceso.
Del juicio interpuesto en el Centro de Justicia para Mujeres, el falló fue a su favor dijo Diana Hernández, y tras un peritaje psicológico realizado por un experto, determinó que el señor Mauro Eduardo Organista García, tiene problemas de apego materno, incapaz de adquirir compromisos, no se compromete a la crianza de su hija, a la vez que lo declaró generador de violencia al impedir el vínculo materno filial con ella, y resolvió que debía junto con su mamá y hermana, recibir terapia psicológica, además de acreditarse la alienación parental y la manipulación hacia la menor.
Pese a este falló y de que la guardia y custodia fue otorgada a Diana Hernández, Mauro Eduardo Organista García, se ha negado a devolver a la menor, misma que a través de la alienación parental, dice no querer regresar a vivir con ella.
Al mismo tiempo, Eduardo Organista García, a través de su hija, interpuso una denuncia por violencia digital en contra de Diana Hernández, derivada de una publicación que realizó el pasado 10 de mayo, que con motivo del Día de las Madres, expuso en su red social de Facebook su caso y lamentó no tener con ella a su hija.
Hernández Castro, evidenció que Anacleta López Vega, a pesar de fungir como funcionaria pública al despeñarse como secretaria general del Ayuntamiento de Chilpancingo durante el periodo que acaba de terminar que presidió Antonio Gaspar Beltrán, se dedicó a litigar este caso, y aprovechándose de que la madre del denunciado Mauro Eduardo Organista García, fue trabajadora del TSJ, ha hecho uso de tráfico de influencias para la promoción de los amparos y evitar devolver a la menor.
En ese sentido, cuestionó la reciente designación de Anacleta López Vega, como subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en la administración de la gobernadora Evelyn Salgado, a quien le recordó su compromiso de convertir al Estado de Guerrero en un Santuario para las mujeres, por lo que le pidió la destitución de la funcionaria a quien calificó como una violentadora.
Al mismo tiempo, pidió al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, saque las manos de este caso, luego de sospechar que la señora Ana María García López, aprovechándose de que fue trabajadora de este poder judicial, ha recurrido al influyentismo para evitar que recupere a su hija.
La marcha llegó hasta el Congreso del Estado, donde fue recibida por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel, Fortunato Hernández, Beatriz Mojica, Leticia Castro Ortiz, quienes luego de escucharla, invitaron a todo el contingente a pasar al interior y sostener una reunión.
Las y los legisladores a quienes después se unieron Fernando Agüero García, Osbaldo Ríos, y Masedonio Mendoza, escucharon la denuncia de Diana Hernández. En su intervención, el diputado Fortunato Hernández, reveló que es su hija, pero que en ningún momento ha traído de utilizar su investidura para beneficiarla, por lo que pidió la aplicación de la ley.
La diputada Beatriz Mojica y Leticia Castro Ortiz, se pronunciaron por sostener una reunión con el magistrado presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, y revisar juntos este y otros casos que ahí se dieron a conocer.
También se pronunciaron a favor de las iniciativas presentadas por las diputadas Jessica Alejo Rayo y Gabriela Bernal Reséndiz, para tipificar y reconocer la violencia Vicaria en distintos ordenamientos del Estado de Guerrero.
En esta misma reunión, se dio a conocer el caso de otra mujer, que desde hace tres años, enfrenta un caso similar de violencia Vicaria, por un funcionario del gobierno del Estado.
SEM/MG
