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Denuncian existencia de una cárcel municipal clandestina en Teojomulco

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  • Permanece detenida una mujer y su bebé de un año de edad.
  • Nada han hecho ni el gobernador de Oaxaca ni la Defensoría de Derechos Humanos.

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Oaxaca, 4 de enero del 2023.- Detenido por autoridades municipales de Santo Domingo Teojomulco, en la Sierra Sur de Oaxaca, denunció la existencia de una cárcel municipal clandestina en el sótano del palacio municipal donde las personas son torturadas, situación que es del conocimiento del gobernador Salomón Jara Cruz y del defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quienes no han intervenido, recriminó.

En una carta pública que leyó hoy en una conferencia de prensa, Julián Ruiz Ayuso denunció que durante ocho meses estuvo privado de su libertad en la cárcel municipal clandestina, por órdenes del expresidente Municipal Othoniel Cruz Díaz, el síndico Pablo Juárez y el suplente Francisco Láscarez Ruiz, sin cometer delito ni falta alguna.

Denunció también que en repetidas ocasiones durante su encarcelamiento fue objeto de tortura física y psicológica, “en una ocasión el jefe de la Policía Bartolo López Martínez, me sacó de noche de mi celda y me golpeó brutalmente, además de que me amenazaron que cuando saliera me fuera de la comunidad, porque si no me iban a matar”, dice el documento que se dio a conocer hoy.

Finalmente, el pasado 31 de diciembre fue liberado, pero antes tuvo que pagar una multa por ocho mil pesos, refiere Ruiz Ayuso quien agrega que en esa misma fecha otras 20 personas fueron puestas en libertad, cobrándoles multas de entre 20 y 40 mil pesos, dinero “para su bolsa”.

Dijo que la cárcel municipal clandestina se encuentra ubicada en el sótano del palacio municipal, ahí existen varias celdas de un metro y medio de ancho por un metro y medio de largo, tienen baño, no tiene luz natural y está cerrado. Las familias solo puede visitarlos/as los días lunes por espacio de 15 a 20 minutos.

Refiere que las personas son obligadas a realizar trabajos forzados, ante “el rumor que de que iba a ir la gente de gobierno por el amparo interpuesto por el señor Rubén Salvador Martínez, y para que no nos encontraran nos sacaron a la fuerza a demoler a mano un puente de concreto”.

Las personas detenidas en esa cárcel no reciben comida, los alimentos son llevados por sus familias, pero se las entregan cuando quieren.

Julián Ruiz Ayuso denunció que con la llegada del nuevo presidente municipal, Uriel León Venegas, el 1 de enero pasado, fue expulsado de la población, sin causa ni motivo. “Fueron los topiles hasta mi casa, por órdenes del nuevo cabildo y me dijeron que me fuera sino me iban hacer algo y me sacaron a la fuerza, por lo que busqué un mototaxi para que me llevara a San Lorenzo Texmelucan y ellos iban detrás de la Mototaxi para cerciorarse de que me fuera y me siguieron hasta llegar a los límites de los terrenos entre Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, tal y como lo demuestro con el video que pude tomar”, dice el documento.

Denunció que en la cárcel municipal clandestina hay varias personas detenidas, entre ellas Rubén Gutiérrez Silva, privado de su libertad desde mayo del 2022 y condenado a permanecer seis años en dicha cárcel clandestina. Así como Érika Marina Díaz Martínez, originaria de Santo Domingo Teojomulco, junto con su bebé de un año, ingresada desde mayo del 2022 y quien tendrá que permanecer ahí por 15 años, según la sentencia impuesta por las autoridades municipales a pesar de estar enferma de un tumor en la cabeza.

Rubén Gutiérrez Silva como Érika Marina Díaz Martínez fueron administradores de la gasolinera de Teojomulco y acusados del desvío de recursos, de acuerdo a una auditoria “mal hecha” por Saúl Mesinas.

Julián Ruiz Ayuso recordó que su esposa e hijos permanecen en la comunidad de Santo Domingo Teojomulco, por lo que teme que sean objeto de represalias en su contra cuando sepan que ha presentado la denuncia ante los medios de comunicación, por lo que hizo responsable al presidente municipal Uriel León Venegas, así como al síndico Eliud Pérez Rojas de lo que a él o a su familia pudiera pasarle.

También responsabilizó al Gobierno del Estado, encabezado por Salomón Jara Cruz; al defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quienes conocen la situación y no han hecho nada para aplicar la ley.

Finalmente, pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, del secretario y subsecretario de gobernación para que intervenga de manera inmediata.

SEM/MG

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