Impunidad/Violenciaviolencia

Denuncian tráfico de influencias en Poder Judicial de SLP

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  • Hijos de un agresor son jueces e impiden se cumpla con el pago pensión y avances en un caso de violación sexual
  • Personal del gobernador minimiza los hechos, sus agresores se dicen amigos del mandatario

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, San Luis Potosí, 24 de mayo, 2021.- La justicia tiene precio en esta entidad: el tráfico de influencias, señala Ma. Elena Mireles Torres quien desde 2012 interpuso una demanda de pensión alimenticia y otra por abuso sexual por parte de su ex pareja, José Odilón R.G.

En entrevista, Mireles Torres explicó que vivió durante 18 años con el padre de sus dos hijos y dos hijas por quienes solicitó la pensión alimenticia y a quien demandó por violación sexual en su contra, además de otras violencias, sin embargo, nada ha sucedido porque José Odilón es padre de dos jueces, uno de control y otro mixto.

No solo son compañeros de trabajo de otros jueces en el Poder Judicial, sino que además tienen relaciones de compadrazgo o amistad con otros, tanto que la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Olga Regina García López, ha minimizado la demanda de justicia que en varias ocasiones ha interpuesto.

Los hermanos José Luis y Julián Ruiz Contreras, el primero juez de control y el segundo juez mixto, presumen que también cuentan con el apoyo del gobernador del Estado, “su amigo” Juan Manuel Carreras, hasta quien en alguna ocasión llegó Ma. Elena Mireles Torres.

“El gobernador me envió con su secretario, quien me dijo que procederían conforme a derecho, pero de eso ya han pasado al menos tres años”.

Mireles Torres explica que los hijos de su expareja, es decir, los jueces le han hecho saber que “nada recibirá de su padre porque sus hijos son unos bastardos”, como si estuviéramos en el siglo XIX y por ello han obstaculizado el acceso a la justicia.

Incluso, aun cuando se judicializó la denuncia por violencia sexual en contra de José Odilón, la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Juana María Castillo, le ha dicho que no procederá “ya que ha transcurrido mucho tiempo”, los hechos ocurrieron en 2017 fecha en que ella presentó la denuncia.

Explica que durante años vivió violencia verbal y física con José Odilón, quien también desde 2004 empezó a poner pretextos para pagar los alimentos de sus hijos y de ella, lo que provocó, incluso desatención médica y la pérdida del producto de un quinto parto, que era una niña que llegó a término.


en 2020, José Odilón, su hijo Manuel R.C. y su nieto Luis Daniel R.S., agredieron a sus dos menores hijas y a uno de sus hijos, a quienes primero intentaron envestirlos con una pipa de agua y como las y el joven descendieron se fueron en contra de él y de ellas. Una sufrió fractura de costillas y el otro perdió el conocimiento. De estos hechos también se levantó un acta en la Fiscalía General de Justicia de SLP pero tampoco hay avances.

Ma. Elena Mireles Torres sostiene que evidentemente hay una protección a su ex pareja, las autoridades pretenden minimizar los hechos, así como negar el pago de las pensiones alimenticias de sus hijas e hijo que estudian carreras universitarias y que podrían perderlas ante la crisis financiera que atraviesan.

Por ello, llamó al gobernador y a la presidenta del TSJ para que vean el evidente tráfico de influencias, además de responsabilizar a su ex pareja y a los hijos de éste, si algo le sucede a ella.

SEM/sj/

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