Desde la mano izquierda
Claudia Almaguer
SemMéxico. San Luis Potosí. 23 de julio 2021.- Este 20 de julio, a causa de la decisión del poder legislativo en Veracruz que permitió el acceso a la interrupción del embarazo, el Ministro Arturo Zaldívar Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó un tweet que indica:
“Y así, paso a paso y a pesar de todo, los derechos de las mujeres se siguen abriendo camino. Hasta que los #DDHH de todas las mujeres niñas y adolescentes sean una realidad en cada rincón del país”.
Nadie creería que preside el mismo órgano que semanas atrás decidiera, a propósito de dos asuntos sobre los vientres de alquiler; proteger a compradores nacionales y extranjeros, así como a empresas intermediarias, pero no a las mujeres de otra forma de explotación reproductiva. Nos referimos en concreto a la resolución sobre la acción de inconstitucionalidad 16/2016 y el amparo en revisión 129/2019 cuyos proyectos correspondieron a los Ministros Norma Lucía Piña Hernández y Jorge Mario Pardo Rebolledo que resultaran en la invalidez de los candados que tenía la ley civil en Tabasco además de la invitación a los congresos locales a “regular” al respecto.
Luego de esa determinación, lo publicado desde el ámbito jurídico aplaudió la resolución, lo usual en un contexto profesional dado a idolatrarle a la Suprema Corte hasta los memorándums, si sumamos el hecho de que hace un par de décadas la mujer era concebida como una cosa accesoria, encaja perfectamente que nadie se detenga a pensar en la “gestante” como ser humana sujeta de derechos que necesariamente han de violarse a priori para que ese eufemismo de la “maternidad subrogada” exista.
Cabe decir, si este problema se ha trasladado al Derecho es porque desde la Medicina lo posible, el acto de implantar un embrión en una mujer para llevar un embarazo y que luego del parto de un hijo sano este se le dé a otra persona, les sigue sonando éticamente viable, cómo sino obtuvo la Corte, la asesoría de una organización que se autodenomina “Colegio de Bioética”.
Es ineludible mirar el beneficio económico, pongamos el ejemplo de España, allá la Ley 14/2016 en su artículo 10 indica que será nulo de pleno derecho el contrato con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Sin embargo, hay laxitud para cuando los compradores buscan afuera del país, en tanto se tenga dinero, mucho, se pueden adquirir paquetes que garantizan la adquisición de un bebé con atajos jurídicos incluidos.
Una agencia con dirección en Madrid y Barcelona establece costes por país. Si se quiere que una mujer en la Ciudad de México procree un hijo para el comprador el “servicio” con “intentos ilimitados hasta el nacimiento del bebé” y el menor coste a los “Futuros Padres” (así con mayúsculas), el precio es de 59,900 euros, aproximadamente 1410252.69 en pesos mexicanos, que incluye 30 conceptos de los cuales 7 hablan de la mujer, no como mujer claro sino como “gestante”.
De tal modo la cobertura del “paquete” de carrito y cuna del menor comprado, aborda términos como la “compensación de la gestante”, “costes médicos de la gestante incluyendo complicaciones”, “seguro de vida y pérdida de órgano de la gestante”, firma del contrato con la gestante ante notario”, “compensación a la gestante en caso de aborto”, “compensación a la gestante en caso de cesárea” y “compensación a la gestante en caso de mellizos”.
Le traduzco, la gestante es una mujer, el órgano es su matriz, la firma ante notario es la renuncia de derechos y los intentos ilimitados es la cantidad de ocasiones en que ella u otras se someterán a este tratamiento hasta cumplir el capricho de un comprador al cual se le promete la menor perturbación posible a tal grado que el lenguaje se tergiversa para suavizarle el hecho de estar explotando a una mujer.
Le recuerdo, estamos hablando de una mujer mexicana que en teoría conforme a la Constitución Federal tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Se ha visto que la inmensa mayoría de las mujeres que acceden a los vientres de alquiler es por necesidad económica de la cual se saca provecho, porque desde luego no es casual la desigualdad de recursos entre los países y los compradores que adquieren de aquellos en donde se produce esta forma de explotación.
Pregunto a la Suprema Corte de mi país ¿Dónde está la libertad para decidir cuando se es una mujer pobre?
Le digo esto en tanto ese binomio fundamental que conforma la mujer madre con su bebé, continúa en el olvido para la salud pública mexicana. Es decir, cuando si se decide y se quiere ser madre, las mexicanas no acceden igual a los cuidados prenatales, no son protegidas ni de la violencia ni de los riesgos, para esta semana sin ir más lejos, van 475 muertes maternas por causas evitables, principalmente en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Chiapas y Puebla.
En semejante contexto la Corte dio gato por liebre, el llamado a la “regulación” se ha dicho es para proteger a mujeres y niños, no hay tal, si en los hechos se trata de que una mujer se embarace y entregue a su hijo perdiendo los derechos a cambio de dinero, la cosificación de ambos es clara, la mujer es usada por su capacidad reproductiva y el niño es mero objeto del mercado.
Desafortunadamente, la decisión de la Suprema Corte de México lo que vino a demostrar es que la teoría feminista puede simularse hasta donde sea necesario, que el Derecho se acomoda mientras haya quienes tengan el dinero suficiente para que se prioricen sus deseos. Siendo así la libertad se interpretó como un derecho a venderse. Puede leerse en las resoluciones los estereotipos de género que tienen los ministros, se creen que las mujeres “naturalmente” tienen un ánimo biológico de parir para otros, por “ayudar”, igual que los doctores creen que pasado cierto número de años hay un ímpetu irrefrenable de reproducirse.
No en balde se trata de ciencias con profundos atavismos machistas debido a los cuales la posición de los derechos de las mujeres está por empeorar. A más ver.
