Claudia Espinoza Almaguer
SemMéxico, San Luis Potosí, SLP, 5 de junio, 2022.- Afirmar que de la violencia se sale como quien abre la puerta de una habitación y la cierra tras de sí es no haber pasado por ese trayecto nunca. Vamos a ponernos allí, justo en este momento hay una mujer en México, oculta por los políticos, los medios y las instituciones, por inconveniente, que está decidiendo algo:
¿Esto que vivo es normal? ¿Estoy exagerando? Si me salgo de aquí ¿Cómo me voy a mantener? Es muy tarde, tengo miedo, pero no quiero sacar a los niños a esta hora, si me aguanto hasta que se duerma igual consigo pasar un tiempo más hasta que amanezca…
Al mismo tiempo, hay otra mujer siendo víctima de violencia sexual, o siendo asesinada al cabo de varios actos de tortura, desapareciendo.
El pasado 18 de mayo se produjo la más reciente protesta contra la violencia feminicida denominada “Luto Nacional por la vida de las mujeres y las niñas”, las manifestaciones en ciudades como Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, etc., con independencia de cuantas declaratorias de Alerta de Violencia de Género tenga admitidas la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; nos sitúan en la realidad, hay una grave crisis de violación a derechos ante la cual el Gobierno de México es incapaz de proponer una sola idea coherente.
No se las tiene que imaginar, lo que se demandó en esa protesta son exigencias vinculadas a las últimas observaciones hechas a México por el Comité para la Eliminación de la Discriminación en el año 2018. En ese documento se recomendó al Estado adoptar medidas urgentes para prevenir la muerte violenta de las mujeres, por ejemplo:
Combatir las causas profundas como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres.
Investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de asesinar y desaparecer a las mujeres como una prioridad político criminal, incluidos aquí los agentes estatales.
Tipificar el feminicidio y demostrar un uso eficaz del ámbito penal, simplificar la ruta nacional de la Alerta AMBER y el protocolo Alba que incluye agilizar la búsqueda, combatir los riesgos asociados a la trata de personas y reforzar el enfoque destinado a preponderar a las mujeres.
Evaluar la repercusión de las Alertas y garantizar una coordinación eficiente en los distintos niveles de gobierno además de reforzar los mecanismos de recopilación de datos sobre violencia, feminicidios y desaparición.
Sin embargo, estas recomendaciones no han sido atendidas. Lo que si tenemos son muestras públicas sobre supuestas iniciativas para proteger a las mujeres, política simbólica, mera manipulación que raya en el insulto.
Digamos algo importante, en todas las agresiones contra las mujeres ya hubo un fallo, porque lo primero que debió garantizarse es el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, al haberse lesionado y perder la integridad y la vida, lo que queda es el acceso a la justicia como un mínimo para ellas y sus familias, saber ¿Qué fue lo que pasó? ¿quién fue el responsable? y ¿de qué modo va a ser sancionado por el Estado? es tener derecho a la verdad, a la reparación integral, a la investigación adecuada y con debida diligencia.
Eso no está pasando en México.
Es muy peligroso por otro lado que, en la constante negación del fenómeno, las autoridades se crean su propio autobombo, y consideren que ese acto politizado es la realidad de las mujeres.
Por ejemplo, hace unas semanas el Senado tuvo un evento donde estuvieron Malú Micher Camarena, Miguel Ángel Osorio Chong, Olga Sánchez Cordero y Emilio Álvarez Icaza presentando una iniciativa para reformar varios artículos del Código Penal Federal en Materia de Delitos Sexuales bajo la frase del “No es no” en donde cada quien habló sobre la importancia del contemplar que el “no consentimiento voluntario genuino y deseado” sea elemento del delito.
De entrada, se sabe que ninguno es penalista, y que no había en el Senado alguien a la mano, de serlo habrían hallado que la falta de consentimiento es la esencia del tipo penal de la violación y de otros delitos sexuales, de ahí que los bienes jurídicos tutelados, es decir, lo que esas figuras protegen es la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
Sume a todo esto que el código penal federal no se utiliza para investigar ningún delito de este tipo en México y que esos cambios “tan importantes” no van a emplearse para iniciar ninguna carpeta en el país porque para eso son los códigos de cada estado.
Y acude la siguiente cuestión: si los senadores de la república no saben esto ya es lamentable, pero si sabiéndolo igual venden este tipo de actos inútiles a las víctimas para evitarse la necesaria crítica que su papel debería proveer a la ciudadanía y por ejemplo, cuestionar al Ejecutivo ante los desvíos que hoy tienen desmantelada y sin recursos la política destinada a combatir la violencia contra las mujeres, entonces bien podríamos ahorrarnos la simulación de la democracia y de los dineros que cuestan esos eventos con el único fin de aplaudirse mutuamente.
Que a nosotras si no se nos olvide entre todo lo no hecho, los seis meses que lleva la Red Nacional de Refugios sin recibir dinero y las mujeres con casos de alto riesgo cuya vida está en juego en este momento.
El tiempo sigue corriendo…
