Por: Claudia Almaguer
SemMéxico. San Luis Potosí. 09 de mayo 2021.- Al principio del año, a propósito del derecho a decidir la maternidad, se describió en una de estas columnas el costo físico y psicológico que conlleva el embarazo. Dijimos entonces que dura aproximadamente 266 días al cabo de los cuales el cuerpo de las mujeres se transforma (y se trastorna) para tener un hijo o hija. Vamos a repetir algo elemental cada vez que hablemos de esto: la gestación se produce en el cuerpo de las mujeres.
Siendo el primer momento de la maternidad y tomando por verdad la idolatría propia del 10 de mayo podríamos creer que es un estado “ideal”. Un tiempo atravesado con alegría y sosiego en el que la mujer recibe una atención adecuada a su salud, alimentos nutritivos, apoyo emocional, respaldo de sus familiares o su pareja y el disfrute de sus derechos laborales. Es decir, un periodo en el que su entorno cercano, pero también el Estado donde vive, proveen la protección necesaria.
Y es que cuando la gestación se da sin el cuidado debido, pero inclusive teniéndolo, las complicaciones a las que se añade el parto y el puerperio pueden acarrear consecuencias graves para la integridad de las mujeres como el empeoramiento de padecimientos preexistentes, enfermedades como la preeclampsia o la diabetes gestacional, hemorragias, infecciones y abortos peligrosos que ponen en riesgo la vida.
La mayoría de estos problemas son evitables dice la ONU, que hace algún tiempo propuso el objetivo de mejorar la salud materna y conseguir el acceso universal a la salud reproductiva a fin de reducir la tasa mundial de mortalidad a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos.
Pongamos de muestra a México, con cifras de muerte materna alarmantes: en 2019 tuvo 695, durante 2020 aumentaron a 934, en buena parte debido al coronavirus, pero no completamente. De lo que va de 2021 a la semana del 26 de abril hubo ya 305 defunciones, una razón de mortalidad de 50.8 por cada 100 mil nacimientos, un 72.0% más que el mismo periodo del año anterior.
Más de la mitad de estas muertes se produjeron en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Nuevo León y Veracruz a causa del COVID – 19 confirmado o probable, pero también debido a edemas, trastornos hipertensivos y hemorragias obstétricas.
Conseguir una disminución, implica reconocer que las muertes de las mujeres en este contexto están vinculadas a la desigualdad y a la pobreza, así lo explica la Organización Mundial de la Salud, pero añade la falta de información, la distancia para acceder a los servicios médicos y las prácticas culturales, el caso es que todo nos calza.
Es indispensable contar con servicios de calidad, pero también con información y autonomía reproductiva. Cuando no se garantiza el acceso a métodos anticonceptivos para que las mujeres puedan decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos, se limita su proyecto de vida y su participación en el trabajo, la educación y la política.
Cuando no hay un cambio cultural, sociedades como la nuestra minimizan problemas graves como el embarazo adolescente calculado en más de 300 mil al año, es decir, se sabe que entre los 10 y los19 años el riesgo de morir en el parto y el puerperio es mayor, como lo es la perpetuación de la pobreza, pero no se reconoce a la violencia sexual en su justo lugar de causa principal.
Es más, se sigue creyendo que a la mujer embarazada no se le violenta, un mito hace décadas tirado a raíz de análisis que develan un tipo de agresiones psicológicas, sexuales y físicas muy concretas por parte de las parejas, caracterizadas por golpes en el abdomen, senos y genitales, pero también por lesiones causantes de fracturas, heridas, quemaduras y hemorragias, con alta prevalencia en nuestro país. Entonces ¿si queremos mucho a las mamás?
A más ver.
