Claudia AlmaguerCOLUMNAS

Desde la mano izquierda| Mujeres en México, ante el despojo de sus derechos

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Claudia Almaguer

SemMéxico. San Luis Potosí. 08 de septiembre 2021.- Este 3 de septiembre se dio a conocer la posibilidad de varios cambios en la Secretaría de Gobernación, que de llevarse a cabo implicarían un profundo debilitamiento e incluso la erradicación definitiva de la política que en México está enfocada a la igualdad sustantiva y el derecho a vivir una vida libre de violencia de las mujeres, un retroceso grave de cara a las obligaciones del país en instrumentos internacionales de derechos humanos.

De acuerdo a la información expuesta en la columna de la periodista Martha Anaya para El Heraldo de México, se afectaría a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que sería absorbido por el Instituto Nacional de las Mujeres y a este, que perdería su autonomía para incorporarse a Gobernación. Concentrémonos en estos dos que afectan la transparencia, independencia y calidad de lo que el gobierno debe por ley hacer por las mujeres.

Vamos a ver, el Instituto Nacional de las Mujeres es por sí mismo una respuesta de México al cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979.

Nuestro país ratificó este instrumento de la ONU en 1981, en él indica que la discriminación contra la mujer es toda exclusión o restricción basada en el sexo que tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil etc., pero además que los Estados tienen la obligación de establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Esta Convención tiene un Comité que supervisa su cumplimiento por parte de los países que la han firmado, mediante informes que se llevan a cabo cada cierto tiempo. En ese contexto para el año 2002, México presentó su quinto informe periódico y su representante planteó en ese momento que al cabo de 20 años transcurridos se había prohibido la discriminación a nivel constitucional y se había creado el Instituto Nacional de las Mujeres para fomentar la igualdad y erradicar la violencia.

De este modo desde el decreto de creación, el INMUJERES surgió como un organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para sus fines, entre otros, la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y las niñas consagrados en la Constitución, la evaluación de políticas públicas, destinadas a la igualdad de oportunidades, la incorporación de perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación.

Cuando en 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el INMUJERES se estableció como el responsable de fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en convergencia con la CONAVIM que surgió hasta 2009 por decreto presidencial para asumir las atribuciones jurídicas de la Secretaría de Gobernación en este tema, que se significa sin ir más lejos en todas las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres que han sido declaradas en el país. 

Ya en 2018, las expertas del Comité de la CEDAW manifestaron su preocupación por las limitaciones del INMUJERES para trabajar por el adelanto de las mujeres, inclusive en ese momento cuando el recurso del anexo 13 sí se otorgaba. Debido a ello recomendó al Estado Mexicano aumentar sus recursos humanos, técnicos y financieros, fortalecer su capacidad de promover y controlar la aplicación de políticas para la igualdad reforzando su papel en el marco legal y adoptar en general, metodologías para la elaboración de presupuestos que hicieran efectivos los derechos de las mujeres.

¿Qué le va a responder el Estado Mexicano al Comité de la CEDAW?

Ni toda la retórica de la “política exterior feminista” va a callar al movimiento que sí lo es, ni a la denuncia internacional que podría llevar a México a la exhibición pública de un gobierno misógino y retrógrado que en aras de una supuesta austeridad está dispuesto a que se siga asesinando a las mujeres dentro de su territorio, total que en la invisibilidad política ¿Quién se daría cuenta?

En un gobierno garante de derechos humanos propio de este siglo, este tipo de decisiones sencillamente no caben, no solo debido a las leyes que les dan objeto y facultades, sino por la carencia moral que se demuestra aquí, como quien borra décadas de desigualdad y pobreza de las mujeres, de violencia feminicida impune por la cual llevamos contando a miles de víctimas a quienes no se les ha hecho justicia.

Ahora, somos 65 millones de mujeres. A más ver.

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