* ¿Saben las feministas si en sus Estados los Congresos locales han realizado las modificaciones respectivas? ¿Existen propuestas para invertir recursos en la implementación de la reforma?
Claudia Almaguer
SemMéxico, San Luis Potosí, SLP, 19 de julio, 2021.- El pasado 1 de febrero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cumplió catorce años, si quisiéramos demostrar que las feministas efectivamente han incidido en la vindicación de los derechos de las mujeres en México, esta es una prueba irrefutable.
En el libro El Feminismo en mi Vida. Hitos, claves y topías de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos ella describió claramente su intención política:
“Un grupo de legisladoras elaboramos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde una perspectiva feminista y nos propusimos además que su nombre no fuera como el de otras leyes “contra la violencia” sino que expresara la alternativa. La Ley lleva en su nombre el derecho humano de las mujeres a la vida y resalta la vida sin violencia”.
Cuando alude a otras leyes se refiere a las que por entonces dominaban la escena, enfocadas en la prevención y en “la familia”, pero, además, en la lectura en mención, indica que el avance en la política encaminada a la articulación de las convenciones en la materia, así como la implementación de diversos objetivos protectores, ha sido gracias a las mujeres.
Al respecto desde su primera versión la Ley integró en su artículo 5 varias definiciones afines, entre estas los Derechos Humanos de las Mujeres entendidos como aquellos de carácter inalienable contenidos en instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará).
De este modo se reconoció la existencia de la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual pero también la misoginia: conductas de odio hacia la mujer que se manifiesta en actos violentos contra ella por el mero hecho de serlo. Así mismo se añadió además de la violencia familiar, la de tipo laboral y docente, la que viene de la comunidad, la institucional y la de carácter feminicida cuya existencia activa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Hasta aquí quedaría claro, como legado, la Ley General de Acceso es un logro feminista. Pero ¿Por qué necesitaría ser vigilada por el movimiento?
A pesar de no tener un gran número de reformas, siendo la esencia la protección de derechos, siendo específica para mujeres y niñas, en un sistema de poder patriarcal y autoritario, las formas para debilitar lo que se ha conseguido son un riesgo permanente.
Por ejemplo, el 18 de marzo de este 2021, se publicó una reforma importante, en tanto modificó de raíz el capítulo relativo a las órdenes de protección que hasta enero aún se dividían en las de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, siendo actualmente solo de dos tipos: administrativas y de naturaleza jurisdiccional. Así fueron cambiados por completo de los artículos 28 a 34, añadiendo a este último, otras 14 disposiciones.
En lo general se ha modificado el concepto de las órdenes designando como autoridades al Ministerio Público, “autoridades administrativas” y órganos jurisdiccionales. De las órdenes que se hallaban en la versión anterior de la ley apenas se conservaron algunas, no obstante, se añadieron otras debido a las cuales se requerirá de la colaboración de instituciones de muy diversa índole.
La vigilancia entonces debería generarse por entidad federativa, ¿saben las feministas si en sus Estados los Congresos locales han realizado las modificaciones respectivas? ¿Existen propuestas para invertir recursos en la implementación de la reforma? Todo esto es importante porque no se destinó dinero para semejante transformación jurídica y es muy fácil el abandono de esta política en aras de una supuesta voluntad de “austeridad”, máxime cuando la protección de las mujeres no les es relevante. Debemos estar atentas. A más ver.
