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Detener al Ejército en Acciones de Seguridad Pública: 8 de cada 10 mujeres detenidas en operativos vivieron maltratos y tortura sexual

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Intersecta, Gobernación, la UNAM, Inegi y otros estudios muestran que militares y marina violan los derechos humanos de las mujeres

 Las detenidas y torturadas que llegan a pisar la cárcel dijeron recibir descargas eléctricas, golpes, amenazas verbales y violaciones sexuales por parte de los militares

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 14 de agosto, 2022.- El aumento de grupos militares en todo el país en esta administración federal generó una ola de violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias contra las mujeres, según informes oficiales, no gubernamentales y declaraciones de las y los indígenas.

Un análisis publicado por la ONG Intersecta, muestra que hasta ocho de cada diez mujeres detenidas por la Marina y el Ejército afirmaron estar en prisión por acusaciones falsas, además de que enfrentaron diferentes hechos de violencia en durante todo del proceso, de su captura a su estancia en las cárceles. Ello hace evidente la importancia de detener la militarización en acciones de seguridad pública, sostuvieron especialistas.

Los casos que se han documentado en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador dan muestra de que las mujeres privadas de su libertad —a través de operativos y acciones militares seguridad— sufrieron algún tipo de violencia y tortura sexual por los castrenses.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH alertó a las Fuerzas Armadas para mejorar sus protocolos de actuación por medio de diferentes recomendaciones, aunque no han sido acatadas hasta ahora, un ejemplo es la recomendación No. 66VG/2022), del 15 de julio último.

El 9 de agosto, Día Internación de los Pueblos Indígenas, la representante indígena juchiteca en Naciones Unidas, Irma Pineda afirmó que los “militares son un grave riesgo para los pueblos indígenas”, la también poetisa zapoteca considera que la Guardia Nacional debe permanecer bajo un mando civil y no de los militares, quienes tienen una larga historia represiva en el país, la que describió y recordó hechos documentados en su natal Oaxaca.

Intersecta sostiene y dio a conocer que durante las detenciones las mujeres, la mitad de la población sufre desde patadas, amenazas verbales hasta golpes; se trata del 20 por ciento de las mujeres porcentaje mayor a la media nacional que se registra en este tipo de agresiones que se dan durante los operativos en contra de los hombres por autoridades y militares.

En tanto, de este porcentaje la tercera parte de las mujeres que fueron detenidas aseguraron que en los últimos tres años recibieron, descargas eléctricas, así como quemaduras infringidas durante su traslado al penal o al Ministerio Público en casi todos los estados del país, esto sin que recibieran atención médica en la mayoría de las ocasiones, por lo que las heridas se agravaron en la cárcel, lo que se sumó a la violación de sus derechos humanos.

Esta situación, ha merecido algunas observaciones de organismos internacionales, contra México, e informes de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, documentos que sostienen que en México no ha desaparecido la tortura y que el excesivo ejercicio de la fuerza y los “enfrentamientos” y detenciones, se ensañan con las mujeres, con sus cuerpos y sus cabelleras. Muchas de ellas podrían no tener que ver con el crimen. Se estudia ahora cuánto es el impacto en la población civil femenina.

Violaciones también crecen

En este sentido, el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual, presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio, hace 8 semanas, destacó que ocho de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrieron alguna tortura sexual o malos tratos en al menos una etapa de su proceso, ello entre 2006 y 2021, es decir durante 3 años de esta administración.

Ese informe dejó en claro que cerca del 42 por ciento de las agresiones sexuales se da por la policía ministerial al momento del traslado de los centros de reclusión.

Sobre los perpetradores, el 40 por ciento de las mujeres entrevistadas señalaron a policías de investigación, 21 por ciento policías municipales, 16 por ciento policías estatales, 7 por ciento integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, y 6 por ciento de la Secretaría de Marina.

El análisis de Gobernación, que se hizo por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que casi 80 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el país, en los últimos 15 años, sufrieron violencia durante su proceso, desde su detención hasta la remisión a una prisión, mientras que 40 por ciento de esas mujeres han sido víctimas de tortura sexual, sin que existan más que siete sentencias por ese flagelo.

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez Centro Prodh ha documentado que la tortura sexual, a las mujeres en las detenciones, son una práctica generalizada, lo mismo que los encarcelamientos sin motivo o sin investigación. Casos de mujeres indígenas y urbanas.

Datos Oficiales que contradicen al presidente de la República

De acuerdo a la investigación oficial, la Segob, hizo visitas a un centenar de instalaciones penitenciarias, donde sus empleados y empleadas aplicaron una encuesta mil 280 mujeres recluidas en 66 centros de internamiento.

Los resultados arrojaron que el 79.3 por ciento las entrevistadas aceptaron haber sido torturadas, o recibieron tratos o penas crueles inhumanos o degradantes durante su arresto o traslado al Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en un centro penitenciario, incluyendo el espacio de servicios de salud; 32.1 por ciento dijo haber sufrido tortura sexual y 43.82 por ciento sufrieron actos de tortura con connotaciones sexuales.

Sin embargo, en el cotejo de las respuestas contenidas en la encuesta con la profundización de la información a través de entrevistas personalizadas, la se determinó que “más de cuatro de cada diez sufrieron tortura sexual derivado de un análisis más cualitativo”, alertó Aribel García Pérez, directora de Relaciones y Coordinación Institucional, responsable del estudio.  

Al destacarse que la muestra de mil 280 mujeres proviene de un cálculo de la existencia de 12 mil 621 privadas de la libertad entre 2006 y 2021, otros datos reveladores son que, en 81 por ciento de la muestra consultada, no se informó a las mujeres de sus derechos y en 65 por ciento no se les dio el motivo de su detención, la mayoría de ellas, entre sentencias y en prisión preventiva, procesadas por homicidio secuestro, robo y delitos contra la salud.

Al señalar que 33 por ciento de las mujeres privadas de su libertad fueron puestas ante un agente de ministerio público entre cuatro y 24 horas de su arresto, García Pérez refirió que las agresiones físicas más frecuentes son manoseos, patadas, golpes en los senos, los glúteos y genitales.

Sobre los perpetradores, el 40 por ciento señalaron a policías de investigación, 21 por ciento a policías municipales, 16 por ciento a policías estatales, 7 por ciento a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y 6 por ciento de la Secretaría de Marina.

La funcionaria y encargada de la encuesta, García Pérez, sostiene que, de la consulta a instituciones, las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos indicaron haber recibido 11 mil 949 quejas por tortura en ese periodo, de las cuales 2 mil 550 corresponden a mujeres y de éstas 316 denunció haber sido víctima de tortura sexual. Los organismos emitieron 59 recomendaciones.

De la misma manera el estudio demuestra que la tortura sexual es utilizada como una práctica común, desde el inicio de sus procesos penales hasta el juicio y sentencia. Sobre la situación de las mujeres, José Luis Gutiérrez Román, director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), dijo que el sistema de justicia penal mexicano está hecho prácticamente para fabricar culpables.

Mientras no se juzgue con un enfoque de perspectiva de género, con un enfoque intercultural e interseccional, no se podrá analizar perfectamente la responsabilidad de las personas que se encuentran en conflicto con la ley y, por lo tanto, privadas de la libertad.

—  José Luis Gutiérrez

Un estudio elaborado por investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la falta de prisiones reservadas exclusivamente para mujeres ha llevado a que muchas de ellas cumplan su sentencia en prisiones mixtas donde son vulnerables, esto debido a que se ven expuestas a abuso sexual, prostitución y extorsión por parte de grupos delictivos recluidos en la sección varonil.

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  • El 80 por ciento de las agresiones se dan por parte de cuerpos de seguridad del Estado mexicano en el primer contacto con la autoridad”.
  • 37 por ciento de estas agresiones y esta tortura sexual se da fundamentalmente en el momento de la detención y el traslado al ministerio público por parte de policías municipales y policías estatales.
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  • Los estados que presentan mayor incidencia sobre este tipo de prácticas son Edomex, Veracruz, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua.

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Sin sentencia

Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revela que 68.1 por ciento de las 645 mujeres que enfrentan procesos por delitos del fuero federal en un centro penitenciario de ese ámbito en la actualidad no tiene una sentencia.

Esta cifra revela una situación desfavorable para las mujeres presas, toda vez que el porcentaje de población en general encarcelada sin tener una sentencia es del 40.3 por ciento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 del Inegi, el 69.2 por ciento o de quienes están en reclusión tiene entre 18 y 39 años de edad, es decir, se trata de mujeres en plenitud de su edad productiva.

Y es que la SSPC reportó que hasta mayo de 2022 permanecían en cárceles de México 226 mil 646 personas privadas de la libertad; de ellas, 213 mil 840 son hombres, 94.35 por ciento y 12 mil 806 mujeres 5.65 por ciento, datos que coinciden con la Enpol.

CIFRAS:

  • De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Nacional y Estatales 2022, presentado recientemente por el Inegi, 52.9 por ciento de las mujeres siguen a la espera de su juicio y están privadas de su libertad como medida cautelar.
  • El 14.2 por ciento de las mujeres esperan más de veinticuatro meses para recibir su sentencia.
  • La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 39.8 por ciento de las mujeres privadas han sufrido algún tipo de agresión después de su detención; 15.5 por ciento algún tipo de agresión sexual, y el 4.8 por ciento violación sexual.

Rechazan la propuesta presidencial

Para los pueblos indígenas el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena representa un grave riesgo, porque las fuerzas armadas han participado en el secuestro y desaparición de dirigentes indígenas, afirmó Irma Pineda Santiago, representante de los pueblos indígenas de México, América Latina y el Caribe ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La poetisa zapoteca, residente en Juchitán, afirmó que la Guardia Nacional debe permanecer bajo un mando civil y no de los militares, quienes tienen una larga historia represiva en el país.

Y entonces refirió: “No olvidemos que mi padre, Víctor Pineda Henestrosa, fue secuestrado por militares en 1978”, señaló.

La representante de los pueblos indígenas ante la ONU narró brevemente que donde ha habido presencia de las fuerzas armadas se han registrado actos represivos, violaciones de mujeres, despojo de los recursos naturales y hechos de tortura contra los pueblos indígenas. 

“Todos esos agravios que han quedado impunes, no generan la más mínima confianza de las comunidades indígenas al plan del Presidente que insiste en la creciente militarización del país” dijo.

Recordó a los cinco purépechas, Solón, Armando, Jesús, Amafer y Venustiano, de apellido Guzmán, detenidos y desaparecidos entre los años de 1974 y 1976, en Michoacán.

Rememoró a las hermanas triquis Daniel y Virginia, detenidas y desaparecidas en Oaxaca en 2007.

Y pasó lista de presente a Tomás Pérez desaparecido en Puebla en 1990, a Francisco de Asís Manuel, desaparecido en 2010 en Michoacán y a Gabriel Gaspar Vásquez, indígena ayuujk desaparecido en 2018, en Oaxaca.

Irma Pineda Santiago recordó a su padre, el profesor y dirigente campesino zapoteco, Víctor Pineda Henestrosa, desaparecido en Juchitán el 11 de julio de 1978 por soldados del entonces onceavo batallón de infantería, de Ciudad Ixtepec, en la región istmeña, según documentaron sus familiares.

“Lamentablemente en la actualidad los pueblos indígenas de México están sometidos a una política de despojos, de imposiciones de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que están bajo el control de las fuerzas armadas y de agresiones permanentes hacia sus formas de organización”, precisó la también académica.

Irma Pineda cuestionó también los datos que proporcionó el presidente López Obrador esta semana donde aseguró que 87 por ciento de la población respalda a las fuerzas armadas.  Y se preguntó “¿Dónde hizo la encuesta? ¿Cuál fue la vitrina metodológica? Indudablemente que entre los pueblos indígenas no se consultó porque las comunidades no confían en las fuerzas militares y policiales”, remató.

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