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Detenida en el Senado la Ley Federal para el Desplazamiento Forzado Interno

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  • Siete estados concentran el 97 por ciento de la población desplazada.
  • En junio del 2023 se presentará informe de Naciones Unidas.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 7 de noviembre del 2022.- México carece de una política nacional para atender el desplazamiento forzado interno a pesar de que han sido desplazados 262 mil personas por inseguridad y violencia de acuerdo al INEGI.

Del desplazamiento en 15 entidades federativas, siete concentraron el 91 por ciento de los casos y el 97 por ciento de la población afectada en: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

De acuerdo al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (COIDH) existe una situación de vulnerabilidad acentuada cuando las y los desplazados internos son personas que habitan en zonas rurales; Mujeres; Niñas, niños y jóvenes; personas de la tercera edad; y pueblos indígenas.

La urgencia de una legislación nacional y el registro federal de víctimas de desplazamiento interno dotado con presupuesto, como lo ha señalado la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary, es compartido por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

Proponen que el Congreso de la Unión avance en la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, el 29 de septiembre del 2020, pendiente en el Senado de la República, y aprovechar las experiencias de países como Colombia, en el estudio “Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados”.

A nivel mundial, durante 2020 los conflictos y los desastres naturales provocaron 40.5 millones de nuevos desplazamientos internos en 149 países y territorios en su Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2021 (IDMC).

En América Latina se estimaba que, a fines del 2019, alrededor de 6.5 millones de personas vivían en situación de desplazamiento interno como resultado de los conflictos y la violencia.

Para 2020, el IDMC señala que el conflicto y la violencia provocaron alrededor de 230 mil desplazamientos en El Salvador, Colombia, México y Haití, la mayoría como consecuencia de las actividades de las bandas criminales que pretenden ejercer el control de las economías ilegales y las rutas del narcotráfico.

Guerrero y Sinaloa han reformado el Código Penal para sancionar los desplazamientos

Sólo tres estados, Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno. Mientras que Sinaloa y Guerrero reformaron sus códigos penales para incluir el delito de Desaparición Forzada Interna (DFI) con penas de prisión de 6 a 12 años de manera individual o colectiva y se incrementa la pena cuando las víctimas sean menores de edad, defensoras/es de derechos humanos o periodistas.

Apenas el pasado mes de septiembre, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas. Además, coincidió en que es necesario crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención. 

Cabe hacer mención que el Estado mexicano recibió la visita, por invitación del Gobierno, de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2022. El objetivo, evaluar la situación de los derechos humanos de las personas en situación de DFI, debido a factores como la violencia, conflictos agrarios, proyectos de desarrollo y desastres.

El Informe sobre la visita de la relatora especial de la ONU se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2023.

El desplazamiento interno es un fenómeno mundial que afecta a millones de personas en un gran número de países. Existe un esfuerzo importante a nivel internacional por establecer los derechos de las personas desplazadas y las obligaciones de los Estados para atenderlos, en los Principios Rectores de las y los desplazados internos de la ONU.

A nivel regional Colombia ha generado una importante red de instituciones y mecanismos para su atención. La Corte Constitucional ha jugado un papel fundamental en el seguimiento de la política pública sobre DFI, y  si bien, ha tenido importantes avances en el ámbito normativo, en la aplicación de éste, aún mantiene importantes retos.

Otros ejemplos, son los de El Salvado y Perú, que han tenido algunos avances en la normativa, sin embargo, su aplicación aún se encuentra lejos de satisfacer las necesidades de su población desplazada.

De motivos religiosos a violencia por narcotráfico

En México no existen registros oficiales sobre DFI, y muchos menos sobre las víctimas de este fenómeno. Sin embargo, existen instrumentos estadísticos oficiales que permiten una aproximación. Uno de ellos es el Censo de Población y Vivienda 2020, en el que se agregó una pregunta sobre la causa de la migración interna e internacional, y dos de las opciones de respuesta fueron: inseguridad delictiva o violencia y desastres naturales. Los resultados muestran que un total de 262 mil 411 personas migraron de forma interna por inseguridad delictiva o violencia.

En México, en el siglo XX, el DFI comienza a presentarse de forma más visible en la década de 1970 y en la actualidad este fenómeno se mantiene, aunque sus orígenes y características se han modificado.

El Estado mexicano reconoce la existencia del desplazamiento interno el 9 de julio de 2015 causado por la violencia generada por el crimen organizado, en el marco de la conferencia de prensa para presentar los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014.

El desplazamiento interno comienza a presentarse en la década de 1970. Principalmente, como origen de conflictos religiosos, comunales y disputas por tierras y recursos naturales en las entidades de Nayarit, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas.

La intolerancia religiosa en Chiapas, ha ocasionado enfrentamientos entre protestantes, evangélicos/as y católicos/as. Las víctimas de este conflicto han sido principalmente familias indígenas convertidas al protestantismo acusadas de atentar contra las tradiciones y costumbres de su comunidad. Para 1994 había entre 15 y 30 mil indígenas tzotziles y tzetales expulsados/as de sus comunidades por este motivo.

Por conflictos armados en los que intervino el Ejército Mexicano que ocasionaron desplazamientos está el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional  en 1994, las operaciones de contraguerrilla del Ejército y la matanza de Acteal, cometida por paramilitares en 1997, según cifras oficiales propiciaron el desplazamiento de 10 mil personas en Chiapas.

En la década de 1980 el crecimiento de grupos dedicados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y la entrada de un gran flujo de dinero, abrieron la posibilidad de negociaciones entre narcotraficantes y autoridades mexicanas mediante actos de corrupción; sumándose al crecimiento de los índices delictivos, la crisis económica y el reclutamiento de cuadros criminales por los cárteles de droga en la década de 1990.

A principios del siglo XXI, el crecimiento del narcotráfico produjo un aumento en la competencia en el mercado de drogas, que trajo consigo conflictos y enfrentamientos entre grupos criminales.

Se menciona una investigación que, de acuerdo con los datos de notas periodísticas, de enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia, que obligaron a más de 75 mil personas a desplazarse internamente.

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