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Día 14| 92 por ciento del delito de trata impune, deficiencias, falta de peritos y carpetas incompletas

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  • CNDH hizo presenta un diagnóstico, con datos precisos solo de la mitad del país
  • Reitera que es delito grave, pero México no firma el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso de la OIT

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 8 de diciembre, 2021.- La trata de mujeres y niñas se agudizó en México durante 2020 y según la información oficial hay 3 mil 896 víctimas identificadas, 45 por ciento mujeres menores de 18 años, 6 por ciento indígenas, 8 por ciento de la comunidad LGBTTTIQ+ sólo en el 50 por ciento del territorio nacional. Según información oficial se han emitido 263 sentencias firmes por ese delito, a julio de 2021.

La situación de la trata, considerada como grave, y cuenta apenas con un 8 de ciento de sentencias en firme. Por lo que el 92 por ciento de las carpetas de investigación o identificación de bandas criminales, están impunes. Las Fiscalías Generales de los Estados de Baja California y Puebla, por ejemplo, reportaron tres y 74 carpetas de investigación, respectivamente, que el inicio fue por denuncia y al mismo tiempo por proactividad.

De acuerdo con el diagnóstico de la CNDH, considerando información de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, las 10 entidades con mayor incidencia son la Ciudad de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Baja California, Estado de México, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Michoacán.

Sin embargo, en cada rubro analizado, se lee en el informe, hay graves deficiencias de información no resueltas, y justificaciones que impiden investigar cabalmente el delito. Por ejemplo, Colima informó no contar con personal pericial especializado en medicina ni trabajo social, y Guerreo señaló no contar con personal pericial especializado en trabajo social.

Los municipios presentan igual deficiencias, de todos los casos donde hay información 338 corresponden a la Ciudad de México; 83, Miguel Alemán, Tamaulipas; 4,2 Benito Juárez, Quintana Roo; 39, Tijuana, Baja California; 30, Puebla, Puebla; 27, Guadalajara, Jalisco; 23, Tapachula, Chiapas; 20, Mérida, Yucatán; 16, Monterrey, Nuevo León; 13, Morelia, Michoacán; 452, corresponden a otros municipios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó averiguaciones previas en todos los años del periodo y con el 78 por ciento del total global; sin embargo, en los rubros solicitados respecto a la forma de inicio, el o los artículos de la Ley General por el o los cuales se fundamentó y situación actual de la investigación, los reportó como “no aplica”, por lo que no se cuenta con detalle sólo de 28 averiguaciones previas reportadas por lo que ese es el límite del análisis.

Para el 31 de julio de 2021, de las 33 autoridades de procuración de justicia (32) autoridades locales y una federal), sólo 14 contaban con una fiscalía especializada en los delitos en materia de trata de personas (42%): Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, México, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y FGR. Del total, 13 autoridades señalaron que no cuentan con ningún(a) perito: Coahuila, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y la FEVIMTRA(Federal).

Del total de carpetas en el ámbito local, 1,919 iniciaron por denuncia representando el 67 por ciento de las carpetas de investigación: 790 denuncias por la víctima, 266 por un o una testigo, 861 denuncias anónimas y dos que fueron reportadas como denuncia por víctima y anónima. Asimismo, el 5 por ciento se iniciaron por acciones de proactividad (37), para el 4 por ciento se desconoce esta información. Para el 25 por ciento de un total (687) se señaló que no aplica.

Respecto al fundamento de las investigaciones en el ámbito local, 571 iniciaron por un solo delito establecido en la Ley General, representando el 20 por ciento  del total: 288 por trata de personas en términos del art. 10; una por esclavitud (art.11); 122 por explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (art. 13); cuatro por explotación sexual en términos del art. 14; tres por explotación sexual en términos del art. 15; 20 por explotación sexual en términos del art. 16; siete por explotación sexual en términos del art. 17; 54 por explotación laboral (art. 21); 26 por trabajos forzados (art. 22); 27 por mendicidad forzosa (art. 24); siete por utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas (art. 25); cuatro por adopción ilegal de persona menor de dieciocho años (art. 26); seis por adopción ilegal de persona menor de dieciocho años (art. 27), una por matrimonio forzoso o servil (art. 28) y una por las conductas sancionadas en el art. 32 de la Ley General.

Por otra parte, 825 carpetas se iniciaron por dos delitos de la Ley General, representando apenas el 29 por ciento, en otros muchos casos no se ajustan a la ley y es libre, en fiscalías y otras instancias, “la investigación”.

Los datos, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autora de un diagnóstico le fueron proporcionados por las Procuradurías y Fiscalías Generales de sólo 16 entidades de la República y de la Fiscalía General de la República, y reconoce, que no le respondieron la mitad de los gobiernos.  Y no proporciona información sobre las entidades de mayor riesgo.

El informe se hizo en el marco de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres que concluye este 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos.

Refiere esta institución que se trata de un diagnóstico   en el que se precisa que aumentó el delito en materia de trata de personas, donde mayoría son mujeres, en 2020, en el contexto del COVID-19, en comparación con los años anteriores. 

Igualmente, la CNDH resalta como importante homologar el sistema jurídico mexicano, para cumplir con los tratados internacionales en materia de trata de personas y destaca la urgencia de ratificar el Protocolo relativo al Convenio 29 sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo.

Señala los siguientes datos numéricos, ligados a la ley, tipo de investigación y denuncia, poca información refiere circunstancias y  entidades  federativas porque no respondieron, pero  las que respondieron se lograron identificar de donde del total de las víctimas conocidas que  el 6 por ciento  corresponde a personas que se encuentran en alguno de los grupos identificados en condiciones de vulnerabilidad, siendo que el 33 por ciento corresponde a las personas a víctimas de las  comunidades indígenas, 45 por ciento  jornaleras agrícolas, 5 por ciento  con discapacidad, 4 por ciento  de la comunidad  LGBTTTIQ+, 5 por ciento  a  migrantes y el 8 por ciento corresponde a otros grupos de población. 

Durante el período que se diagnosticó, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Estatales y la Fiscalía General de la República, identificaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales 2 mil 934 corresponden a mujeres y 798 hombres; del total señalado, 164 personas no fueron identificadas.

De las mujeres identificadas, mil 45 corresponden a mujeres de menos de 18 años. Del total de los hombres, 505 corresponden a personas con menos de 18 años. 

 Asimismo, informa que hay sentencias condenatorias firmes, según los órganos jurisdiccionales, tanto estatal como federal quienes reportaron 328 víctimas. En ambos ámbitos se observó que la mayoría de las víctimas son mujeres de más de 18 años. Por ello señala una vez más que en México, la trata de personas afecta principalmente a las mujeres.

Las Procuradurías y Fiscalías reportaron la nacionalidad del 78 por ciento de las víctimas, de las cuales el 93 por ciento son mexicanas y el 7 por ciento tiene otra nacionalidad.

La Fiscalía General de la República reportó el 51 por ciento de víctimas extranjeras, de las cuales el 86 por ciento son mujeres, mientras que el 14 por ciento son hombres. Por su parte, los órganos jurisdiccionales estatales reportaron que, del total de las víctimas, la mayoría son mexicanas. 

ORIGEN DE LAS DENUNCIAS

Del total de carpetas en el ámbito local, 1,919 iniciaron por denuncia representando el 67 por ciento de las carpetas de investigación: 790 denuncias por la víctima, 266 por un o una testigo, 861 denuncias anónimas y dos que fueron reportadas como denuncia por víctima y anónima. Asimismo, el 5 por ciento inició por acciones de proactividad 37, para el 4 por ciento se desconoce esta información. Para el 25 por ciento del total (687) se señaló que no aplica.

En muchos casos se informa que se desconoce la forma de anotar, cómo identificar cada caso y hay ausencia de conocimiento de los términos específicos para configura los delitos.

DEFICIENCIAS

Para el 31 de julio de 2021, de las 33 autoridades de procuración de justicia (32) autoridades locales y una federal), sólo 14 contaban con una fiscalía especializada en los delitos en materia de trata de personas (42%): Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, México, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y FGR.

Del total, 13 autoridades señalaron que no cuentan con ningún(a) perito: Coahuila, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y la FEVIMTRA.  

Con respecto al número de sentencias condenatorias, 27 órganos jurisdiccionales de competencia estatal reportaron contar con sentencias emitidas por los delitos en materia de trata de personas. La información arroja un total de 263 sentencias definitivas dictadas por delitos en materia de trata de personas. Del total de las sentencias definitivas emitidas, 201 fueron condenatorias y 62 fueron absolutorias. En el ámbito federal, 14 órganos jurisdiccionales, reportaron contar con 62 sentencias definitivas emitidas por los delitos en la materia. 

Se especifica que la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra es quien firma el “Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia”, mismo que analiza la información brindada por Procuradurías y Fiscalías Generales, así como por los órganos jurisdiccionales, en el ámbito federal y estatal.

El documento presenta los datos y cifras sobre este grave delito, en un período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, con la finalidad de actualizar información del Diagnóstico anterior emitido por este Organismo Nacional en 2019.  

Para efectos de este documento, se tomó como punto de referencia la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, solicitando información en este marco a 67 autoridades federales y estatales: a las 32 Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia estatales y la Fiscalía General de la República, a los 32 órganos jurisdiccionales del ámbito estatal, al Consejo de la Judicatura Federal y a una entidad de la Administración Pública Federal.

La información que da el diagnóstico, se hizo con información de las actas circunstanciadas, averiguaciones previas y carpetas de investigación, así como las causas penales iniciadas y las sentencias definitivas firmes emitidas, para observar, entre otros, la cantidad de víctimas identificas, incluyendo sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, idioma o lengua, por grupo de población; de igual manera conocer datos que permitan visibilizar la forma en que se les brinda protección y asistencia. 

Durante el período que se diagnostica, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Estatales y la Fiscalía General de la República, identificaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales 2 mil 934 corresponden a mujeres y 798 hombres; del total señalado, 164 personas no fueron identificadas.

De las mujeres identificadas, mil 45 corresponden a mujeres de menos de 18 años. Igualmente, del total de los hombres, 505 corresponden a personas con menos de 18 años. 

Asimismo, de las sentencias condenatorias firmes, los órganos jurisdiccionales, tanto estatal como federal reportaron 328 víctimas. En ambos ámbitos se observó que la mayoría de las víctimas son mujeres de más de 18 años. Derivado de estos datos se señala una vez más que en México, la trata de personas afecta principalmente a las mujeres.

Importante mencionar que las Fiscalías Generales de las Entidades Federativas de Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Veracruz presentaron como fundamento de inicio de algunas de las carpetas de investigación, pero otros no argumentando que, al no ser tipos penales en sí, sino reglas comunes para los delitos previstos hay asuntos que no se consideraron para Diagnóstico.

Con respecto al número de sentencias condenatorias, 27 órganos jurisdiccionales de competencia estatal reportaron contar con sentencias emitidas por los delitos en materia de trata de personas. La información arroja un total de 263 sentencias definitivas dictadas por delitos en materia de trata de personas. Del total de las sentencias definitivas emitidas, 201 fueron condenatorias y 62 fueron absolutorias. En el ámbito federal, 14 órganos jurisdiccionales, reportaron contar con 62 sentencias definitivas emitidas por los delitos en la materia. 

En lo referente al rubro de grupos en condiciones de vulnerabilidad, las Procuradurías y Fiscalías Generales de 16 entidades federativas lograron identificación de estas.

PROPUESTAS

Informa que hizo propuestas, entre ellas: la importancia de garantizar que las autoridades, en el marco de la ley y en el ámbito de sus competencias, protejan los derechos humanos de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, detectando e identificando sus casos para lograr el acceso a la justicia, y de esta manera hacer efectiva su atención, protección y asistencia.   

Propone prestar especial atención cuando se trate de víctimas de niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como de grupos específicos como las personas jornaleras agrícolas, la comunidad indígena, quienes viven en contextos de movilidad humana, y de la comunidad LGBTTTIQ+, entre otros. 

Considera importante homologar el sistema jurídico mexicano, para cumplir cabalmente los tratados internacionales en materia de trata de personas, como por ejemplo la importancia de ratificar el Protocolo relativo al Convenio 29 sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo y armonizar la legislación mexicana en esta modalidad de trata de personas. 

También pide generar bases de datos especializadas que concentren y sistematicen la información de los delitos en materia de trata de personas, obtenidas tanto de procuración como impartición de justicia, para que las autoridades competentes, analicen la información con el objeto de implementar políticas públicas necesarias encaminadas a prevenir y combatir estos delitos.

Contar con Fiscalías especializadas en los delitos en materia de trata de personas en cada una de las entidades del país, con presupuesto asignado y personal técnico especializado para proporcionar servicios de investigación, periciales y uno de atención a víctimas en la materia, con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género e infancia.

Luego la presidenta de la CNDH señala   la  importancia  de que  las  víctimas  sean detectadas  e  identificadas  para  lograr  el  acceso  a  la  justicia,  y  de  esta  manera  se  logre  la  reparación  integral del  daño  al  que  tienen  derecho,  por  lo  que  la  presentación  de  este  Diagnóstico  busca  contribuir  a  visibilizar  la situación  que  se  presenta  en  México  en  este  tema , contribuir  en  la  toma  de  decisiones  e  incidir  en  las  políticas públicas  que  al  respecto  deben  generarse  para  el  respeto  pleno  a  sus  derechos  humanos.

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