- En pleno siglo XXI la experiencia cotidiana es de persecución y prejuicios contra su origen étnico
- En 16 de los 20 establecimientos de Bizkaia se registraron comportamientos discriminatorios
Redacción
SemMéxico/AmecoPress, Bilbao/Euskadi, 3 de diciembre 2021.- – La Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (AMUGE), ha organizado un testing en supermercados y centros comerciales de Bizkaia, como una de las acciones de su proyecto “Antigitanismo: denuncia y visibilización desde una perspectiva feminista e interseccional”, subvencionado por la Diputación de Bizkaia.
El testing de situación es una técnica de investigación que se ha utilizado en numerosas ocasiones por entidades como SOS Racismo para demostrar el trato discriminatorio en distintos contextos: el ocio nocturno, el alquiler de vivienda o los procesos de selección laboral. En esta ocasión, han recurrido a esta prueba empírica para respaldar y denunciar la experiencia cotidiana de criminalización que viven las mujeres gitanas cuando van de compras, debido a los prejuicios y estereotipos que pesan sobre ellas.
Un precedente que animó a realizar esta investigación es la denuncia pública de AMUGE en octubre de 2019 contra el Centro Comercial Zubiarte. Dos guardias de seguridad hostigaron a trece niñas de entre 12 y 14 años y tres educadoras de nuestra entidad a la salida del cine, hechos que fueron denunciados públicamente y ante la red del Gobierno vasco contra la discriminación, Eraberean.
El testing consistió en organizar visitas a 15 supermercados y 5 centros comerciales de Bizkaia entre los días 26 de octubre y 15 de noviembre. Un grupo formado por dos o tres voluntarias gitanas y un grupo de igual número y similar edad de voluntarias blancas entraron a cada establecimiento; miraron, probaron y compraron productos con naturalidad. Les acompañaron observadoras independientes en calidad de testigos morales, además de una técnica audiovisual que pudo registrar las incidencias en audio y vídeo. Con esa metodología, se demostró un trato discriminatorio hacia las voluntarias gitanas en 16 de los 20 establecimientos visitados, lo que representa el 80% de la muestra. Más aún, esos comportamientos criminalizadores se dieron todos los días en los que se organizaron visitas y hacia todas las participantes gitanas. En la ficha de recogida de datos, los tipos de discriminación señalados por las voluntarias gitanas fueron: persecuciones en 16 establecimientos, acusaciones verbales en 4 establecimientos, contacto físico excesivo en 3 establecimientos, registro o invitación a demostrar ausencia de robo en 1 establecimiento y otros descritos como miradas acusatorias o intimidantes, cuchicheos y comentarios ofensivos, expresión de nervios y petición de refuerzos en 16 establecimientos.
En todos los casos, esa percepción fue corroborada por las observadoras independientes, entre las que han participado periodistas y personalidades de la cultura vasca. Asimismo, en todos los casos, las voluntarias blancas no experimentaron ningún tipo de discriminación, habiendo estado exactamente en los mismos establecimientos y con las mismas condiciones.
A la pregunta de “¿Cómo te has sentido?”, las voluntarias gitanas emplearon expresiones como las siguientes: “Incómoda, perseguida, acosada”, “Muy intimidada, porque me estaban siguiendo”. “Muy acosada, con mucha rabia, porque somos todas las personas iguales”. “Perseguida, no me quitaban el ojo de encima, todo el rato”. “Mal, con mucha impotencia, me he sentido inferior a los demás”.
También hicieron referencia a que esta experiencia se corresponde con su realidad cotidiana: “Es una cosa normal para nosotras, nunca puedo comprar tranquila, siempre tengo que comprar rápido”.
Las voluntarias blancas, por su parte, pudieron hacer la compra con total normalidad en los 20 establecimientos; solo una se sintió ligeramente intimidada por la proximidad de un vigilante de seguridad. La principal observación de las voluntarias blancas (además de asistir al trato discriminatorio de sus compañeras de experimento) fue que el personal de tienda las ignoró: “Personalmente, ignorada. Todos los recursos de la tienda estaban destinados a controlar ‘la situación’”.
Por su parte, las observadoras describieron escenas como “Desde el primer momento que hemos entrado, las han estado siguiendo (a las voluntarias gitanas)” y “comentarios entre las dependientas como ‘se van a llevar embutido’, ‘estate pendiente, que van’”. En una tienda de ropa de un centro comercial, el aviso de una de las trabajadoras llegó a movilizar a un dispositivo de tres vigilantes de seguridad privada; las observadoras les escucharon identificar racialmente a las voluntarias por el pinganillo. Otra práctica especialmente preocupante es que las personas que ejercieron la discriminación buscaron la complicidad de las voluntarias blancas o de las observadoras, con expresiones como “Disculpa que no te atienda bien, es que vienen a liarla”.
Ante los resultados de la investigación, desde AMUGE explican que consideran probado que no se deben a actitudes individuales de trabajadoras y trabajadores concretos, sino que indican que el personal de tienda y el de seguridad reciben instrucciones basadas en prejuicios antigitanos. Además, refleja una discriminación generalizada en la sociedad, con prejuicios antigitanos extendidos e interiorizados. Esa cultura naturaliza tratar a las personas gitanas no como clientas sino como sospechosas.
La responsable de AMUGE, Tamara Clavería, recuerda que esta criminalización “afecta a los derechos fundamentales de las mujeres gitanas, pero también afecta a nuestra salud y a nuestra autoestima. Que nos avergüencen públicamente limita nuestra participación social”.
Esa criminalización no se limita al ámbito del comercio, sino que se reproduce también en el mercado laboral, en el inmobiliario, en el sistema educativo o en el de salud, “pero el contexto de hacer la compra es de los más cotidianos, es nuestro día a día”, explica Clavería.
Además, denuncian la falta de protección jurídica para actuar contra esta discriminación cotidiana, que no está contemplada en la formulación de los delitos de odio que hace el artículo 510 del Código Penal. “La única vía es poner hojas de reclamación, que no tienen recorrido jurídico, como comprobamos en el caso de Zubiarte de 2019”, añade.
AMUGE recuerda que el perfil étnico no puede justificar actitudes de control hacia las personas, como señaló el dictamen de la ONU sobre la denuncia de Rosalind Williams por haber sido identificada por la policía en Valladolid solo por ser negra.
Esta investigación se publicará en forma de libro, desarrollada con testimonios de mujeres gitanas sobre su experiencia y con pautas para cómo actuar ante un incidente racista al ir de compras.
