Mercedes Alonso
SemMéxico/SEMlac. Santo Domingo. 23 de julio de 2019.- La República Dominicana se ubica en el lugar 51 entre 184 naciones analizadas entre los países con mayor mortalidad de recién nacidos. La tasa del país es de 20,8 por 1.000 nacidos vivos, lo que significa que uno de cada 48 neonato muere antes de los 28 días, de acuerdo con informaciones ofrecidas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Múltiples alianzas han tenido lugar durante lustros, destinadas a reducir la mortalidad materno e infantil en la nación, sin que aún puedan observarse resultados que satisfagan ese objetivo de alcanzar la cifra de 18 por cada mil nacidos vivos y, en el caso de la neonatal, a 12.
En mayo pasado, una convocatoria titulada “Alianza Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil” reunió a instituciones públicas, privadas, organismos internacionales y otras entidades de la sociedad civil, quienes propusieron desarrollar estrategias y planes que fortalecieran labores combinadas de planificación, prestación de servicios, acompañamiento de los diferentes actores sociales y evaluación de los procesos.
Los datos presentados por la Dirección General de Epidemiología, acerca de que el año pasado en el país fallecieron 3,395 recién nacidos frente a los 3,136 de 2017, y ocurrieron 189 muertes maternas frente a las 191 de 2017, deja un marcado tono de desaliento que el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) pretenden enfrentar con un acuerdo tripartito firmado este lunes 22 de julio, a fin de “convenir de manera institucional los trabajos de equipamiento e implementación del Programa Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo, así como la selección e incorporación del personal calificado para la operación efectiva del mismo”.
Se trata de dos convenios firmados por la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany. La presencia de las tres instituciones significa la conformación de un equipo de implementación del mencionado programa Tamiz Neonatal, mediante el cual se instalará un laboratorio que permitirá realizar pruebas tomando una gota de sangre del talón de los bebés recién nacidos, y de esta forma realizar diagnósticos tempranos de enfermedades congénitas y catastróficas.
Empujar esfuerzos… aún sin pautas
La posibilidad de prever y disminuir la muerte neonatal precoz, así como la disminución de la discapacidad, sobre todo de tipo intelectual, causadas por enfermedades tamizadas y tamizables, es una de las razones esenciales de esta fusión entre el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Salud Pública, cuyas acciones se extenderán a la promoción de la salud, información, orientación y educación de embarazadas y puérperas, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, 2019-2021.
No es la primera vez que el gobierno del presidente Danilo Medina implementa iniciativas integradas a laspolíticas públicas en materia de salud, para que el país cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en particular en este sensible aspecto de muertes maternas y neonatal.
En esta ocasión el Despacho de la Primera dama asume el compromiso de desarrollar acciones educativas y formativas en valores; talleres de preparación para el parto, y el parto humanizado y la estimulación y orientación adecuada a las embarazadas sobre la lactancia materna; en tanto que el Ministerio de Salud Pública establecerá una red de promotoras acompañantes destinadas a la vigilancia de la salud de las embarazadas, puérperas y menores de un año.
Se habla, además, de una Conciencia Juvenil, encaminada a la prevención del embarazo en la adolescencia, en todas las provincias del país. En este punto se recuerda que la República Dominicana tiene la tasa más alta de embarazos de adolescentes de todos los países de América Latina y el Caribe (el 20,5 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años quedanembarazadas en la adolescencia), según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En junio pasado, Human Rights Watch publicó un informede 55 páginas, titulado: “Sentí que el mundo se venía abajo”: Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana, en el cual se afirma que “las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud.
Añade el contenido que “la prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida”.
El tema continúa en vilo en el Congreso de la República sin que se visualicen soluciones.
Sin duda alguna, las alianzas son necesarias, como señala Sánchez Cárdenas se trata de “empujar esfuerzos para promover un punto de inflexión en la reducción de la mortalidad materna que, si ha experimentado una breve reducción, no ha marcado pautas ni mucho menos hacia los Objetivos de Desarrollo 2030”.
Ojalá pueda la nación enfrentar con éxitos este desafío, que más allá de lo implícito y explícito relacionado con la Salud Pública, se sabe muy bien que se trata de un asunto de derechos humanos.
