Mercedes Alonso
SemMéxico/SEMlac, Santo Domingo, República Dominicana, 14 de noviembre del 2022.- La noticia que refleja la reducción de la explotación sexual comercial infantil en República Dominicana, en un 78 por ciento no deja de ser halagüeña; pero no satisfactoria del todo, si se piensa en esa y ese menor, que por cada 45 adultos, sufre los horribles efectos de tan inhumana actividad.
Si bien es cierto que en 2014 la cifra de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente en el país era de uno por cada 10 personas, aún resta mucho que hacer por parte de las instituciones del Estado y la sociedad en general.
No obstante, el estudio titulado «Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescente en República Dominicana» presentado el viernes 11 de noviembre por Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés), entiende que se ha avanzado en la batalla contra este mal, en la medida en que se dispone de nuevas herramientas para formular estrategias de protección a las y los menores.
La IJM es una organización global que trabaja en 33 oficinas de 23 países, y opera en la República Dominicana desde 2014. Durante estos ocho años, ha formulado políticas estratégicas de unión con las instituciones del Gobierno y de la sociedad civil en la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos vinculantes.
El fortalecimiento del sistema público de justicia (SPJ) dominicano ha sido una de las vertientes que refleja el estudio en cuestión, el cual revela un mejor desempeño del sistema público de justicia, traducido en el aumento de los casos sometidos; así como del número de arrestos realizados, y la certeza de lograr menos impunidad.
El texto amplía que la reducción de más de un 80 por ciento del índice de casos, sobre todo en las playas y plazas; en calles, establecimientos, negocios y otros lugares abiertos, se debe a la vigilancia y posibilidad de que la Policía Nacional cuente con una aplicación móvil para investigaciones, empleada en todo el territorio nacional. También subraya dicho estudio el número de casos: 150, trabajados por el Ministerio Público y la Policía en el período 2018-2021; en comparación con los 70 correspondientes al 2014-2017. De igual manera, las acusaciones por parte de la Fiscalía, pasaron del 14 al 60 por ciento.
De 2010 a 2013, solo el 14 por ciento de las acusaciones presentadas por fiscales superó una evaluación de calidad, mientras que fue de un 60 por ciento de 2018 a 2021. En cuanto a la conclusión de los procesos judiciales, entre 2018 y 2021 se observaron nueve veces más condenas para los delitos de este tipo, que de 2010 a 2013, al pasar de dos a 28, según la investigación.
Entre sus recomendaciones, Misión Internacional de Justicia señala modificar la Ley 137-11 sobre tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas; establecer un Instituto que provea servicios psicológicos y legales gratuitos a las víctimas, y fortalecer los sistemas tecnológicos del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Opiniones
Gary Haugen, director ejecutivo de Misión, considera que el modelo de protección ha demostrado su eficacia en República Dominicana, por lo que esos resultados implican un reto para que el Estado y la sociedad continúen implementando las estrategias.
Las palabras de presentación del estudio, cuyo acto tuvo lugar en el Hotel Embassy Suites del Distrito Nacional, estuvieron a cargo de la procuradora Miriam Germán Brito, quien dijo que el Ministerio Público está comprometido con impulsar acciones responsables ante fenómenos criminales complejos, como la trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y que continuarán ejerciendo su labor con responsabilidad para enfrentar las mafias organizadas.
Reconoció, en particular, la labor que realiza la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Por su parte, José Monteiro, director de IJM en República Dominicana, se refirió a estos últimos años de trabajo conjunto entre las autoridades y la sociedad a fin de lograr la protección de las y los menores. Puntualizó que los resultados colocan una nota optimista en el enfrentamiento al flagelo; sin embargo, aseveró que «la trata de personas y la explotación sexual comercial siguen siendo una realidad en el país, por lo que se debe continuar trabajando para combatirlos. Hay necesidades claves que precisan ser atendidas en el corto y mediano plazo. Por eso, nuestra invitación es la de sostener los compromisos logrados y mantener los estándares alcanzados».
Una nota de prensa de la Procuraduría, a la que tuvo acceso SEMlac, resume el levantamiento realizado en 20 ciudades del país, que evidencia una mejora en la eficacia de la labor del Ministerio Público y en la cantidad de condenas por explotación sexual comercial infantil, lo que la organización atribuye a una mayor proactividad en la prevención y persecución de quienes protagonizan una de las peores formas de abuso contra los niños, niñas y adolescentes.
En dicho acto de presentación estuvieron presentes la primera dama, Raquel Arbaje; Jesús Vásquez, ministro de Interior, y el general Alberto Then, director de la Policía Nacional, entre otras personalidades.
SEM/MG
