Desde 2015 fue considerado un terreno altamente peligroso.
Ese municipio, de alta peligrosidad, no tiene Alerta de Violencia de Género
SemMéxico, 26 febrero 2018.- En una semana fueron asesinadas dos precandidatas a una diputación local en Chilapa, Guerrero. Una, este domingo, postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otra, el 21 de febrero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ambas menores a los 30 años. Ambas con una historia personal de participación política. ¿Son feminicidios? ¿Tiene que ver con su participación política en un ambiente patriarcal?
Un recorrido rápido por noticias de la red, el Facebook y los medios locales, como el serio y profundo Diario El Sur de Acapulco, nos aclaran varias cosas. Chilapa es un foco rojo, un municipio de la Montaña, considerado desde 2015 como el principal productor amapola. Ya en 2013 envuelto en sangre y persecución; algunos pueblos quedaron abandonados, porque las familias de Chilapa huyeron.
Formalmente, un municipio con una operación policiaco militar que blindaría la condición permanente y tremenda de violencia. De acuerdo con el Balance Anual sobre violencia en municipios, por cada 100 mil habitantes de 2017, Chilapa de Álvarez es el segundo municipio con mayor número de asesinatos del país, con 134.80, y el tercero más violento del país con 75.92 puntos, indica un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que mide el Índice de Violencia Municipal.
Apenas el 1 de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que se reforzaría la seguridad con la intervención de fuerzas federales en Chilapa, porque es considerado un foco “muy rojo” de violencia. Ahí llegaron en los últimos días policías federales y estatales para desarrollar una operación especial y enfrentar a la delincuencia. El gobernador afirmó que eso garantizaría mejores resultados positivos en beneficio de la población.
Recientemente siete personas fueron encontradas desmembradas en Chilapa, entre ellos una mujer. Este contexto deja en claro que la aplicación de la ley de paridad nos tiene que hacer pensar. Esto lo hemos festinado y agradecido, como un avance democrático, tras 63 años desde que las mexicanas obtuvimos el voto universal. Pero hoy tendría que analizarse más profundamente.
El asesinato de la perredista Antonia Jaimes Moctezuma, ocurrido el miércoles 21 de febrero, cuando se encontraba en un restaurante de Chilapa, y el día 25 la recién nombrada Coordinadora Regional del Movimiento Territorial del PRI, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello, quien era policía estatal, más bien nos deben hacer reflexionar sobre el tamaño de la violencia política en ciertos territorios del país, donde ahora la creciente participación femenina suma a las mujeres una doble vulnerabilidad, en la que están en peligro. ¿Basta un protocolo referente a la violencia de género en la política, cuando el contexto es tremendo? Me pregunto.
Además, en el caso de Guerrero, apenas el 12 de diciembre el gobierno expidió un acuerdo que creó la Unidad Policial de Género (UPC) como área operativa dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para resguardar la seguridad de las mujeres en el proceso electoral, reconociendo que las guerrerenses tienen un rezago educativo en relación con los hombres. El 19.3% de ellas son analfabetas (contra el 13.8% de ellos). El 60.7% de la población estatal de 15 años o más que no sabe leer y escribir está compuesto por mujeres. La tasa de analfabetismo en mujeres indígenas de 15 años y más es 31 puntos porcentuales mayores que la de las mujeres no indígenas.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares (ENDIREH) cita el acuerdo, que en Guerrero las mujeres indígenas son doblemente vulnerables: por ser mujeres y por ser indígenas, sufren todavía mayor pobreza, discriminación y violencia que el resto de la población. En Chilapa, la tercera parte de la población es indígena.
Para sustentar el acuerdo, el gobierno afirma que la violencia de género es alta en el estado, donde el 39.3% de las mujeres de 15 años la sufren. Guerrero es el segundo estado con mayor nivel de violencia física hacia las mujeres. En 2010 se ubicó en el cuarto lugar nacional en número de homicidios cometidos contra mujeres. Además, ocupa uno de los primeros lugares en número de casos de violaciones de mujeres (aunque las autoridades reconocen poco menos de 400 casos por año, organizaciones civiles estiman que la cifra es cercana a mil 700). La infraestructura existente para atender la violencia de género es insuficiente.
Luego reflexiona que aun cuando las mujeres participan de manera activa en los procesos electorales, no están representadas suficientemente. En el Congreso local, las mujeres deberían tener 30% de los curules, debido a la cuota de género obligatoria como medida afirmativa para la igualdad política. Sin embargo, 18 de los 46 curules son ocupados por mujeres (39.1%). Actualmente, en los gobiernos locales, 20 de los 81 municipios son gobernados por mujeres, lo que representa solo el 24.7 % de los municipios que integran el estado.
El 21 de junio, la Secretaría de Gobernación, mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravos, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta y Ometepec, sin considerar a Chilapa. El gobierno asume que al estado le corresponde poner en marcha medidas necesarias para llevar a cabo la creación de una Unidad de Género, cuya finalidad es garantizar las libertades fundamentales total o parcialmente en el reconocimiento del goce y ejercicio de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género, en cualquiera de sus modalidades, en los municipios donde se decretó la alerta de género.
Contexto de violencia irrefrenable
De acuerdo con un recuento realizado por el Periódico El Sur de Acapulco, que dirige el periodista Juan Angulo, a partir de 2014 se han registrado al menos 25 homicidios y desapariciones en contra del funcionariado, ex funcionarios y funcionarias, aspirantes mujeres y hombres a una candidatura, candidatas y candidatos, regidores y regidoras, ex alcaldes y familiares de ellos y ellas de los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, en la parte baja de la Montaña. Seis mujeres, funcionarias o familiares perdieron la vida.
El 21 y 25 de febrero de 2018 fueron asesinadas a balazos las precandidatas del PRD y del PRI a la diputación local del Distrito 25, perteneciente a Chilapa, Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Anayely Rebaja Pedro, respectivamente.
A principios de 2014, desapareció el regidor del Ayuntamiento de Chilapa por el PT, Cleto Mendoza Vargas, cuando se encontraba en su domicilio en la comunidad de Ayahualulco.
El 28 de junio de 2014, el alcalde por el PRD de Ahuacuotzingo (2009-2012), Francisco Quiñonez Ramírez, fue acribillado en su camioneta, en un tramo carretero antes de a su municipio; el perredista preparaba su regreso a la política.
El 11 de marzo de 2015, el cuerpo decapitado de la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue hallado en un paraje junto a una cartulina.
Ya como candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, el 1 de mayo de 2015, fue ultimado por un grupo armado que lo interceptó en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, cuando regresaba de una gira proselitista en la zona rural.
El 6 de septiembre de 2015, Antonio Silva Zicatl, ex comisario de la localidad de Nejapa y a quien le habían prometido la Secretaría General en el Ayuntamiento de Chilapa, fue asesinado a balazos en su comunidad.
En la presente administración fueron asesinados el director de Gobernación municipal, Miguel Andraca Eligio, el 13 de mayo en un restaurante céntrico; el regidor de la Juventud, Miguel Ángel Salmerón Nava, el 16 de julio de 2016, en el tramo carretero Chilapa-Tixtla; el 21 de julio fue localizado asesinado en la carretera Chilapa-Tlapa, Roberto Atrisco Jacobo, empleado de la Dirección de Gobernación y ex regidor de 2002 a 2005.
Además, el secretario de Obras Públicas, José Luis Jiménez Parra, junto con su chofer y un policía municipal, cuyos cuerpos fueron hallados en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 1 de septiembre de 2016, y el director municipal de Asuntos Indígenas, Apolinar García Palatzin, y su tío Bartolo García, quien fungía como comisario de la comunidad Zizicazapa, fueron localizados el 5 de octubre de 2016 en un camino de terracería, con heridas de armas punzocortantes, de acuerdo con reportes policiacos.
El 13 de octubre de 2017 en Chilapa, el ex alcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, fue privado de su libertad días antes. Murió en el hospital general del Chilapa a consecuencia de una herida en el cuello.
El 22 de abril de 2017, los cuerpos de la hermana y cuñado del ex alcalde fueron hallados en la capital del estado.
Un día después, el 14 de octubre de 2017, autoridades municipales de Ahuacuotzingo confirmaron el homicidio del ex presidente estatal del PRD, ex diputado local e integrante de la coordinadora estatal del movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo. Su cuerpo se encontró calcinado junto con el de su esposa, su suegra y un chofer, dentro de una camioneta en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, cerca de la localidad Nejapa.
En el Ayuntamiento de Zitlala, funcionarios, ex funcionarios, regidores y ex trabajadores también han sido víctimas de homicidio y desapariciones desde 2016.
El 21 de diciembre de 2015, reportes ministeriales informaron del asesinato a balazos del director de Tránsito, Filiberto Corraltitlán Yectli, cuando circulaba en su automóvil por la carretera Zitlala-La Esperanza.
El actual alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, del PRI, confirmó la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo sin vida de su director de Obras Públicas, Roberto Godínez Hernández.
La autoridad local también confirmó que el 5 de enero de 2016 fue reportado como desaparecido el ex secretario general del Ayuntamiento (2012–2015) y en ese entonces dirigente local de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), Santiago Tixteco Cosme. El ex funcionario permanece en calidad de desaparecido y continúa siendo buscado por su esposa, la regidora del PRD, Beatriz Zapoteco Neri.
El 26 de febrero de 2017, el director de personal de Zitlala y ex regidor, Antonio Godinillo Yectli, fue atacado a balazos y perdió la vida en el hospital de Chilapa.
El 3 de diciembre de 2017, el policía preventivo Armando N. fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, cuando realizaba labores de custodia cerca de la sede del Ayuntamiento de Zitlala.
El 18 de diciembre de 2017, reportes policiacos informaron del homicidio por disparos de arma de fuego, en Chilapa, del regidor de Desarrollo Rural en Zitlala, postulado por el Partido de los Pobres, Dagoberto Domínguez Acevedo, y un acompañante.
Esta lista sobrecogedora, evidencia, además, según los reportes, incluso de una comisión internacional establecida en septiembre de 2017, que la crisis de seguridad en Chilapa rebasa cualquier interpretación, solo de género o de participación política de las mujeres. Quienes construyeron esta Comisión, organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, sostienen que hay indiferencia e impunidad. Lo que hace a todas las personas vivir en el miedo y en riesgo permanentes. Al tiempo.
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