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Dura crítica a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no cumple su cometido, sin embargo, acaba de renovar su asamblea

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Se designa a dos feministas para la Asamblea Consultiva, entre ellas una integrante del consejo consultivo de INMUJERES


Cambios a un mes de ser nombrada la nueva titular y luego del abandono institucional de más de dos años

Sara Lovera 

SemMéxico, Cd. de México, 27 de enero, 2022.-Luego de un largo periodo de abandono institucional y falta de transparencia sobre sus acciones, la de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV celebró una reunión extraordinaria y aprobó de manera unánime la nueva conformación de la Asamblea Consultiva para el periodo 2022-2026. 

Se hace a un mes de que se nombró nueva titular, tras año y medio acéfala, según un análisis de varias organizaciones, la CEAV, arrastra deficiencias, burocracia e incapacidad para atender los derechos de las víctimas. Encima no tiene suficiente presupuesto, no cumple con la reparación del daño, no tiene apoyo institucional desde Gobernación y sufre de burocracia.

 Las nuevas cabezas no garantizan nada, si no hay presupuesto, concluyen organizaciones civiles, entre otras el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE que presentaron un informe hace una semana, elaborado ante la preocupación de que el CEAV estuvo acéfala desde junio de 2020, con una nueva titular apenas hace 5 semanas.

La reunión extraordinaria se hizo en un momento crítico para esta comisión, despojada de recursos desde 2019, sin personal capacitado, materiales de trabajo   insuficientes, y una labor calificada como burocrática, por exceso de trámites y ausencia de voluntad política para funcionar.

Hay que esta instancia quedó sin dirección desde 2020, debido a la falta de apoyo institucional y luego de meses de inactividad, la CEAV entra en acción con estas designaciones y con un paquete de casi 40 mil víctimas de violaciones a sus derechos humanos, según cifras oficiales y muy abultadas recomendaciones de la comisión de derechos humanos, expedientes judiciales y víctimas en todo el país. 

Los nuevos nombramientos incluyen al menos a dos feministas, una médica, ya integrante del consejo de Inmujeres, Mónica Jasis Silberg y la abogada, integrante de Cladem y colaboradora de SemMéxico, María Guadalupe Ramos Ponce, y otras son:  Liliana A Lomelí, Iliana Galilea Cariño Cepeda, Alejandra Maritza Cartagena López; Lucía de los Ángeles Díaz Genaro, Simón Hernández León, Adriana Muro Polo, y Gerardo Fernando Ríos Martínez.

Gómez Ponce es colaboradora permanente de este portal informativo. Los nombramientos los dio a conocer el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

 La CEAV quedó sin representaciones en los estados, por el recorte presupuestal, y luego de la renuncia de la Comisionada, un largo proceso para sustituirla y según organizaciones no gubernamentales, su deficiencia institucional, hace inoperante la atención a las víctimas, aparentemente casi el 50 por ciento de las personas registradas con esa categoría. Y hace notar que esta comisión no tiene claro su nivel ejecutivo dentro de la Secretaría de Gobernación.

Según la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida  GIRE, Rebeca Ramos,  dos tercios de mujeres y niñas mayores de 15 años han sido víctimas de al menos un episodio de violencia, además de que de 2007 al 2017 prácticamente se triplicó la tasa de feminicidios; y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tienen contabilizados 24 casos o expedientes abiertos en la CEAV, relacionados con derechos reproductivos, mientras que en el Registro Nacional de Víctimas Rnavi se tienen 88 registros asociados con violaciones a derechos sexuales y reproductivos.

Pero, según un informe de esta organización la CEAV, que sufrió severos recortes presupuestales, no está funcionando debidamente; tiene rezagos, incapacidad institucional y burocracia. Los ajustes pretendidos, anunciados por Gobernación, no han sido posibles por “falta de voluntad política “

Una de sus responsabilidades es hacer cumplir integralmente las medidas de reparación dictadas por el Poder Judicial federal y local o las comisiones de Derechos Humanos,

Según informes oficiales debe atender a 37 mil personas, más del 50 por ciento mujeres, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como las negativas a realizarles un aborto humanizado o atender denuncias sobre violencia obstétrica, como ha documentado Gire y Justicia para las mujeres. Estas víctimas tienen más de 3 años con dificultades en su registro y frecuentemente no reciben los apoyos institucionales necesarios.

GIRE, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C (CMDPDH), elaboraron informe, presentado hace una semana, denominado “Sin reparación no hay justicia. Obstáculos para la reparación integral de violaciones a Derechos Humanos en México”, presentado hace una semana, el funcionamiento de esta comisión es muy deficiente.

Hasta el 30 de junio 2019 el Renavi tenía un total de 27 mil 609 víctimas, de las cuales más de la mitad 13 mil 852 son mujeres. Al menos 20 por ciento de las víctimas registradas habían solicitado integrarse del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y de enero de 2015 al 30 de junio de 2019 se destinaron 976 millones de pesos para la indemnización de sólo mil 406 víctimas. 

Las organizaciones, que dicen que obtuvieron información en solicitudes al Instituto Nacional de Transparencia, recogieron testimonios y analizaron, específicamente, el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (surgido en 2013 con la publicación de la Ley General de Víctimas). Además, el documento habla de la experiencia de integrantes de esas organizaciones que han realizado labores de representantes legales de víctimas de violaciones a Derechos Humanos, especialmente los relacionados con la justicia reproductiva, tortura y desaparición forzada. 

Las cifras oficiales de montos para la reparación de daño o ayudas, contrastan con el hecho de que tan sólo en 2019 en México hubo un total de 346 mil 241 víctimas de delitos del fuero común, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las organizaciones civiles indicaron que el número de víctimas contabilizadas en el Registro Nacional no refleja el aumento de casos de tortura, desaparición y desplazamiento forzado, y violencia contra las mujeres que se ha observado los años recientes en el país.   

Reto atender a víctimas de violencia sexual

GIRE que atiende litigios sobre violencia obstétrica y otros, encontró que las mujeres con sentencias o recomendaciones por esta violencia, elaboradas por las instancias de Derechos Humanos, no consiguen cumplirse por la falta de voluntad política de las autoridades responsables; incapacidad para acordar   el reconocimiento de los hechos violados de las víctimas, particularmente después de negativa de aborto en casos de una violación sexual.

“En la práctica, para que una víctima pueda obtener un dictamen de reparación integral y asegurar su cumplimiento, debe transitar un proceso largo que a menudo es obstruido por la respuesta tardía de las autoridades para realizar acciones concretas como la provisión de servicios de rehabilitación física o emocional hasta su pleno restablecimiento, recibir una justa compensación o iniciar el procedimiento de investigación y sanción a los funcionarios involucrados. Al estar involucradas diversas autoridades, el avance de la implementación de las medidas depende en buena medida del tiempo, la voluntad política y la capacidad de respuesta de cada una”, dice el informe.

Acéfala dos años

De acuerdo con el informe, en general el exceso de trámites, personal no capacitado o insuficiente, escasez de material y ausencia de voluntad política han rezagado la atención de las víctimas; a esto se suma que el SNAV se ha centrado en una sola dependencia (la CEAV) y a un aumento generalizado de la violencia en el país. 

CEAV, dos años sin titular

Ello por su crisis institucional. En junio de 2019, renunció el titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, argumentando la imposibilidad de atender las necesidades de reparación integral. En diciembre de ese año, Mara Gómez Pérez fue nombrada titular del organismo, pero renunció 6 meses después tras denunciar un recorte presupuestas, así la comisión quedó acéfala un año y medio. El 21 de diciembre, hace poco más de un mes, el Senado ratificó a Martha Yuriria Rodríguez Estrada como nueva titular. 

A los otros obstáculos se sumó que el Programa Institucional de la CEAV que se aprobó para la administración federal actual, y en particular, el Nuevo Modelo de Atención Integral a Víctimas, establece la intención de reducir los apoyos económicos a las víctimas, lo que aumentó la crisis al sistema de atención a víctimas.

Hasta 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas destinaba 500 millones de pesos al pago de indemnizaciones. Para dimensionar: si a cada una de las 200 mil víctimas de homicidio doloso que hubo en México tan sólo en 2006 y 2007 se le entregara 470 mil pesos, tomaría más de 100 años pagar a todas.

De acuerdo con las organizaciones civiles, el recorte imposibilita el pago las rentas y servicios básicos de las oficinas centrales y los 32 Centros de Atención Integral en las entidades federativas, pone en peligro de perder el alojamiento y resguardo del Renavi, y reduce 30 por ciento a asesores jurídicos, entre otros daños. 

Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora del FJEDD, en la presentación del informe dijo que las mayores dificultades son el cumplimiento de las medidas de reparación las enfrentan las familias, algunas desde otros países como víctimas de delito en México, así como migrantes centroamericanas. Como ejemplo, dijo, su organización representa legalmente 250 casos de personas migrantes, de los cuales no se ha conseguido que se cumpla una sola medida de reparación. 

Delgadillo Pérez habló de las fallas de la CEAV:  burocracia, falta de personal especializado en atención a víctimas, ausencia de un sistema sencillo de recepción de información, exceso de formalismo y discrecionalidad de la institución para decidir qué casos sí repara y qué casos no. 

Ella recordó que en la masacre de los 72 migrantes, ocurrida en Tamaulipas hace 11 años, aún hay familias que no reciben ni los 800 dólares que la CEAV prometió que les daría a cada una para medicamentos. 

La directora de la CMDPDH, Graciela Martínez Manzo, aseguró que, en casos de tortura y detención arbitraria, como los que su organización acompaña, es posible que en todo el país no exista un solo caso en el que se hayan cumplido totalmente las medidas de reparación integral.

No obstante, cuando las víctimas consiguen un fallo favorable en primera instancia para su reparación, la CEAV y sus homólogas enfrentan litigios agresivos en contra de las víctimas y es contra ellas donde despliegan los recursos y la maquinaria de la institución. 

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