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El conservador eres tú (parte 2)

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La mitad del cielo

Por Muriel Salinas Díaz

SemMéxico. Cd. de México. 23 de abril 2021.- En días recientes la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció en la conferencia mañanera del Presidente que el gobierno “valorará” la operación de los refugios para mujeres víctimas de violencia, que desde hace más de dos décadas son operados por organizaciones de la sociedad civil, las cuales han contado hasta la fecha con un subsidio federal para garantizar su funcionamiento. Para esta encomienda, informó la conformación de una coordinación interinstitucional integrada por siete dependencias.

Recordemos que el gobierno federal intentó eliminar del Presupuesto de Egresos de la Federación este subsidio y que, gracias a la presión de la Red Nacional de Refugios, organizaciones feministas y legisladoras federales, se logró mantener a duras penas. Pero el panorama no es halagüeño, pues el anuncio de Sánchez Cordero tiene como finalidad iniciar un proceso de rediseño de los refugios en los que se prevé eliminar la participación de las OSC en su operación.

Sobre este mismo tema, es preciso recordar que en noviembre del año pasado integrantes de la organización MIRA Pensadoras Urbanas publicaron un valioso documento para responder al Comunicado /084/2020 emitido por el INMUJERES el 19 de abril, en el que exponen un detallado análisis sobre el Anexo 13 del PEF, en el que destacan que el presupuesto destinado a la operación de los refugios tenía una reducción entre el monto aprobado y el modificado del 14.4%. (García Hernández Magdalena, 2020).

En este mismo informe, la organización denuncia “la absoluta inflexibilidad de la mayoría de las y los legisladores de la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados, que en compañía de integrantes del personal de la Secretaría de Hacienda, se negaron a atender las propuestas del movimiento feminista por ampliar renglones estratégicos en diversos rubros, entre ellos disponer de una política anticrisis con perspectiva de género”, ya que desde que existe el Anexo 13 no había ocurrido algo así. (García Hernández Magdalena, 2020)

Como consecuencia de lo anterior, MIRA señala en otro documento que en el paquete económico del PEF 2021 se expresa un claro debilitamiento del compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres por parte de las y los titulares de la mayoría de las dependencias del gobierno federal, pues “en 17 de los 27 Ramos presentes en el Anexo 13, se destinaron menos recursos que en 2018, a precios constantes, lo que contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos.” (García Hernández, 2021)

La abyecta respuesta de la mayoría parlamentaria de MORENA ante la agenda feminista de los derechos humanos de las mujeres que denuncia MIRA y que se expresa con toda claridad en el PEF, no es sólo producto de un desconocimiento generalizado del tema por parte de estos actores o simple desinterés. Representa una postura conservadora y abiertamente antiderechos de las mujeres que predomina en la 4T y que en gran medida deriva de la propia vocación conservadora del presidente y las alianzas políticas que desde su candidatura construyó con poderosos grupos religiosos y conservadores, que le ayudaron a llegar al poder.

Al respecto, estudios como los de Gisela Záremberg han develado cómo se expresan estas alianzas en la Cámara de Diputados y en espacios clave del gobierno federal. Por ejemplo, la alianza entre el Partido Encuentro Social (PES) y MORENA en el proceso electoral de 2018, que llevó a la presidencia a López Obrador, favoreció al PES con treinta curules en la Cámara de Diputados y varios más en las legislaturas locales, a pesar de haber perdido el registro. (Záremberg, 2020)

El estudio antes referido también destaca el caso de Hugo Flores Cervantes, líder pastor de la iglesia neo-pentecostal Casa sobre la Roca, quien después de haber sido senador y diputado federal suplente en las LX y LXI Legislaturas, fue designado por el actual presidente como uno de los 32 Delegados Federales para el estado de Morelos. Otro ejemplo es el caso de Arturo Farela Pacheco, pastor de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, perteneciente al culto evangélico no pentecostal y líder de la CONFRATERNICE, organización que se define como una asociación civil integrada por personas físicas y morales, incluyendo ministros de culto, profesionistas e intelectuales, identificados como cristianos evangélicos. Cuyo hijo, Josué Farela, fue nombrado por el presidente como coordinador regional de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar (Záremberg, 2020).

La misma autora explica en su investigación que “en el Congreso Federal y en diversos congresos estatales, el PES ha impulsado, en articulación coyuntural con algunos sectores católicos, una agenda legislativa en contra de la educación laica, a favor de que las donaciones a las iglesias sean deducibles de impuestos y para que se permita financiamiento privado (de las iglesias) a los partidos políticos (Delgado-Molina 2019).” Además de que nos recuerda que en 2020, “algunos diputados del PES notoriamente han apoyado la propuesta del Fiscal de la Nacional, para desaparecer el feminicidio como tipo legal penal. Congruente con esta posición, muy recientemente el diputado local del Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia (un declarado admirador del partido Vox español) afirmó desconociendo todos los avances feministas y compromisos en derechos humanos nacionales e internacionales, que “las leyes a favor de las mujeres, como el delito de feminicidio son un privilegio y debe de eliminarse (Contreras 2020).”

Otros datos clave tomados de los imperdibles estudios de Záremberg explican que, “en diversas entrevistas, Farela padre ha confirmado que el presidente encargó a CONFRATERNICE apoyar la difusión de valores espirituales entre los mexicanos por medio de la entrega de la Cartilla Moral, además de brindar sostén organizacional para la distribución de programas sociales a partir de las más de siete mil iglesias afiliadas ubicadas a lo largo del territorio nacional (Ruiz Parra 2020); proceso que “parece haberse cristalizado en el inusitado Reglamento de SEGOB emitido el 31 de mayo del 2019 en el que se habilita una explícita colaboración con las iglesias en la implementación de políticas públicas en todo el país (Nassif 2019).” (Záremberg, 2020)

Para quienes todavía piensan que la agenda conservadora en este país está en todas partes, menos en la 4T. Y para ajustar mejor la brújula, bastaría con echar un vistazo más allá de la retórica de las mañaneras presidenciales y situar la mirada en la relación entre las medidas regresivas adoptadas por el gobierno federal en materia de derechos humanos de las mujeres que se expresan con toda contundencia en el PEF y el perfil de algunos de sus principales aliados políticos, quienes ocupan cargos estratégicos en el gobierno de la 4T y el Congreso de la Unión, que también explican las reiteradas posturas del presidente de la República y del presidente nacional de MORENA en defensa de diversos actores políticos que militan sus filas, quienes violan deliberadamente derechos humanos de las mujeres y para los cuales está garantizada no sólo la impunidad, sino su acceso al poder.

Referencias

García Hernández Magdalena, M. T. (2020). Análisis del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de MIRA Pensadoras Urbanas. Ciudad de México: MIRA Pensadoras Urbanas.

García Hernández, M. (2021). El Anexo 13 en el Paquete Económico 2021. Ciudad de México: MIRA Pensadoras Urbanas.

Záremberg, G. (2020). Reacción Conservadora en México: Eventos, Actores y Estrategias. LASA Forum, 52-56.

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