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El Desplazamiento Interno Forzado: una realidad para las comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua

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  • 385 mil personas desplazadas por la violencia en México.
  • Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado redujo en más del 80 por ciento los apoyos en este gobierno.

Redacción

SemMéxico/PBI*, Ciudad de México, 22 de agosto del 2022.- En México miles de familias se ven obligadas a abandonar sus comunidades a causa de la violencia y las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Solo entre 2006 y 2021 más de 385 mil personas fueron desplazadas por la violencia en México. El estado fronterizo de Chihuahua, en el norte del país no ha sido la excepción y sigue aumentando de manera sistemática cada año, destacando por la existencia de desplazamientos masivos en diferentes municipios del Estado.

“Nos quisieron matar, iban a matarnos y a quitarnos las cosas, se aprovecharon de todo, todo se llevaron, salimos corriendo al cerro y ahí nos estuvimos hasta que nos vinimos para acá” la historia de Manuel, a quien llamaremos así por su seguridad, es la de muchas personas en las comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, inmersa en lo profundo de las montañas de la Sierra Madre Occidental en el noreste de México.

Esta región ha sido históricamente habitada por numerosas comunidades indígenas, principalmente Rarámuri y Ódami, y se ha caracterizado por una riqueza de bienes naturales, que según organizaciones de la sociedad civil que acompañan a estas comunidades, la ha convertido en un territorio de interés para numerosos grupos delictivos, dedicados a prácticas económicas ilegales. El saqueo del territorio, la violencia e inseguridad constante se ha combinado con una ausencia de garantías básicas como salud, educación y oportunidades laborales, obligando a numerosas personas a desplazarse forzadamente, abandonando sus hogares y su territorio ancestral en busca de salvaguardar su vida y encontrar condiciones dignas para vivir.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el contexto de violencia relacionado con la actuación de los cárteles y los conflictos políticos, sociales y territoriales evidencian una ausencia del Estado o al menos su omisión e incapacidad de generar condiciones de seguridad y evitar nuevos desplazamientos en regiones como Chihuahua, generando que comunidades completas se encuentren en situación de desplazamiento prolongado.1

Manuel, originario de la comunidad El Manzano, ubicada en el municipio de Uruachi, nos comenta que los motivos que lo llevaron a él y su familia a huir en el año 2015, fueron las constantes amenazas, intentos de asesinato y el miedo recurrente por la inseguridad latente que los grupos del crimen organizado generan en la zona:

“Ya tenían rato amenazándonos de que, si no entrabamos con ellos, nos iban a correr, sufrimos muchas amenazas (…) desde que nosotros salimos, han salido más, pero de los que estamos así, no más somos nosotros los que hemos denunciado, ya casi queda todo solo ahí (en El Manzano)”. 

El Manzano, así como Monterde en Guazapares, son dos de las comunidades serranas que se han visto seriamente afectadas por el desplazamiento forzado y que desde que se produjo su primer desplazamiento, hace siete años, han sido acompañadas por la Organización Civil Consultoría Técnica Comunitaria A.C (CONTEC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.(CEDEHM). Estas comunidades integran un colectivo de más de 90 personas en situación de desplazamiento en la ciudad de Chihuahua.

Las casusas del desplazamiento en la Sierra no son nuevas y, por el contrario, se han venido agravando con el tiempo. Cuenta de esto fueron las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2015, para preservar la vida e integridad de miembros de la comunidad indígena de El Manzano. A pesar de esto, entre 2015 y 2019, tres personas fueron asesinadas.

Las zonas en donde se concentra la población desplazada son principalmente en Guachochi, Baborigame, Guadalupe y Calvo, Hidalgo de Parral, Cuauhtémoc y la ciudad Chihuahua según han identificado organizaciones como CONTEC A.C.

Para las personas indígenas el desplazamiento forzado implica, además de una pérdida patrimonial, la pérdida de lazos comunitarios, la red de apoyo social, así como las prácticas sociales y culturales de base asociadas a su territorio ancestral. Manuel relató que la adaptación a un contexto tan diverso sigue siendo complicado y que la esperanza de retornar a su territorio no la pierden aún: “Extraño mucho la vida en mi comunidad; recuerdo a mi señora preparar las tortillas, los frijoles y el café. Mis hijos y yo trabajábamos en la madera, teníamos una “troca” en la que transportábamos la leña; había mucho trabajo”.

Para estas familias desplazarse a la ciudad, no solo supone el abandono de sus territorios, sino emprender una lucha por el reconocimiento de sus derechos y el acceso a la justicia. Según CONTEC A.C el reconocimiento como víctimas de las personas desplazadas es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan. La Ley General de Victimas exige la denuncia como un requisito para su reconocimiento, y la realidad a la que se enfrentan muchas de las personas en situación de desplazamiento en Chihuahua, está marcada por el temor a denunciar por miedo a que existan represalias.

Además, tal como se desprende de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo de 2022, hubo omisiones por parte de las autoridades responsables para proporcionar a las comunidades desplazadas de El Manzano y Monterde un ambiente seguro en el que vivir y desarrollarse plenamente y señala las irregularidades en las investigaciones de los delitos que obligaron a estas familias a huir. Así mismo, se reconoce el desplazamiento forzado como una consecuencia de la inseguridad y la violencia que enfrenta el estado. Ante esto, se emitieron una serie de recomendaciones al Gobierno del Estado para la reparación del daño a víctimas de desplazamiento interno forzado de 120 personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados.

Las omisiones que reconoce la CNDH están relacionadas de igual manera con la atención a las víctimas después de ocurridos los hechos. Lamentablemente entre los numerosos obstáculos que han de confrontar las personas indígenas desplazadas, está la falta de atención por parte de las autoridades encargadas y el reconocimiento de sus derechos por parte de la institucionalidad como ha destacado CONTEC A.C, además se enfrentan a situaciones de discriminación y criminalización como sucede con las comunidades de la sierra Tarahumara.

Junto a la organización CONTEC A.C., el colectivo de personas desplazadas de El Manzano y Monterde han sostenido una lucha legal para exigir a las autoridades ser reconocidos como víctimas y que se garantice una calidad de vida digna para las familias desplazadas. Y a pesar de que las familias de El Manzano tienen las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, en 2022 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), redujo en más del 80 por ciento los apoyos humanitarios que recibían el colectivo de personas desplazadas de El Manzano y Monterde durante los primeros seis meses del 2022. 2

Manuel asegura que esta lucha no ha sido sencilla:

“Pues difícil sí ha sido, uno en primer lugar no anda a gusto, luego si de repente que te digan no ya no hay apoyo, no hay nada, pues ya que va a hacer uno (…) por una parte me siento a gusto aquí, mi familia se halla conmigo. No obstante, me gustaría tener una casa, una tierra para sembrar algo, tener un terreno grande para tener vacas, chivas, otra vez”.

En cuanto a la atención a las víctimas organizaciones como CONTEC A.C. señalan que, la ayuda humanitaria como acción primaria debe ser garantizada por parte del Estado, sin embargo no puede ser la única, se deben atacar las causas estructurales que contribuyan a estabilizar la situación en las comunidades de origen, es indispensable una renovación del sistema de justicia, la construcción de políticas que proporcionen condiciones de vida dignas y las autoridades tienen el deber de respaldar y asegurar el retorno digno y seguro. 

“Es una responsabilidad del Estado abordar el desplazamiento forzado interno, órgano encargado de asegurar la seguridad y la calidad de vida de sus ciudadanos. Lo que sucede es que no se atiende el asunto desde su origen, no se nombra, y tampoco se muestra un interés por parte de las autoridades, que muestran una actitud de indiferencia”, afirmó CONTEC A.C.

A la fecha no existe en México un marco normativo específico en materia de desplazamiento interno forzado a nivel nacional, lo que implica un vacío en torno a la distribución de recursos y responsabilidades para implementar políticas públicas de prevención y atención integral a esta problemática.

Desde octubre de 2021, CONTEC A.C junto con organizaciones del resto del país conformaron el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes con el objetivo de visibilizar la grave crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México e impulsar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual fue aprobada por unanimidad en la cámara de diputados, pero se encuentra congelada en el Senado de la República desde hace más de un año.

Desde el PBI continúan visibilizando y expresando preocupación a las redes de apoyo nacionales e internacionales por la situación de riesgo a la que se enfrentan las comunidades desplazadas de la sierra Tarahumara y de las personas defensoras que les acompañan en la defensa de sus derechos humanos como CONTEC A.C.

  • PBI/México es una organización no gubernamental de apoyo a las y los defensores de derechos humanos, vive con donaciones internacionales de varios países, como Australia.
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. “Episodios de Desplazamiento interno Forzado Masivo en México”. Noviembre  2021.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-05/REC_2022_096.pdf

  • En mayo de 2021 las familias desplazadas de El Manzano y Monterde, junto a CONTEC  A.C.  promovieron   un amparo ante el Juzgado segundo de Distrito que concedió la suspensión definitiva a fin de que las autoridades atendieran a las familias, garantizándoles una vivienda, apoyo en alimentación, educación, trabajo y servicios.
  •  Fotos cedidas por la Organización civil Consultoría Técnica Comunitaria A.C

SEM/MG

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