- Urgente establecer una agenda de políticas públicas.
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México. 16 de mayo 2020.- En el marco del 15 de mayo Día Internacional de las Familias la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera la obligación constitucional del estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos de las familias, que habitan o están en tránsito en el país ante los fenómenos de crisis humanitarias como los desplazamientos o emergencias sanitarias como el COVID 19, que actualmente vive el país.
Considerando que en el país existen 34.7 millones de hogares, de los cuales el 81.7% el proveedor principal es una mujer, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de los Hogares 2018.
Así como desde el año 2011 la violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de casi 9 millones de personas, el organismo autónomo hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a proteger y garantizar la seguridad de las familias y de sus integrantes ante los fenómenos de violencia, inseguridad, desaparición de personas y pobreza.
Asimismo, la CNDH señala que el objetivo es garantizar el desarrollo integral de la familia, la convivencia pacífica basada en el respeto de los derechos humanos de todas y todos sus integrantes y la solidaridad para concretar el proyecto o plan de vida familiar deseado.
Destaca que entre las obligaciones del Estado está el reconocimiento de la gran diversidad de configuraciones familiares que existen y sus diferentes características de acuerdo a la región en que viven y su pertenencia cultural y social.
Por lo que la protección debe ser integral, basada en el reconocimiento de los diferentes acuerdos familiares que generan múltiples consecuencias jurídicas que habrán de establecerse en la normatividad vigente, la cual requiere ser actualizada para armonizarla con el marco jurídico internacional y constitucional de protección a los derechos humanos.
La CNDH observa que se requiere diseñar e implementar políticas públicas que aborden una serie de pendientes en la agenda social para atender las exigencias de seguridad económica, laboral, y personal de todas y todos sus integrantes.
Como transferencias económicas, la provisión de servicios de acceso gratuito y universal, accesibles y de calidad, servicios de atención médica, educativos, cuidado de niñas y niños, créditos para la vivienda, transporte, espacios para recreación, por mencionar algunos.
La CNDH se suma a través de sus programas y acciones, para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de quienes integran las familias para proporcionar a ellas y a las personas que las integran la protección más amplia posible y real, contra actos u omisiones que vulneren o menoscaban su dignidad e integridad, para así lograr el Estado democrático al que se tiene derecho.
Asimismo, un ejemplo reciente de estas afectaciones a las familias es el de los ataques armados en los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, los cuales fueron objeto de la Recomendación 71/2019 de este órgano autónomo, y cuyo origen es una disputa por 60 hectáreas que, tanto el municipio de Aldama como el de Chenalhó aseguran les pertenecen, por lo que, a partir del año 2015, comenzaron a suscitarse agresiones con armas de fuego, y dichos ataques se intensificaron en 2018. Sin embargo, durante 2020 los ataques se han reanudado, impidiendo que las familias puedan permanecer en sus casas y cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia de COVID-19.
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