- Entre 2010 y 2019 4 mil elementos de la ahora Guardia Nacional, fueron sensibilizados vía internet, presentan informe opaco y contradictorio: argumentan seguridad nacional.
- Informe “Falsa Salvaguarda: Las Capacitaciones de las Fuerzas Armadas 2010-2019” de Equis Justicia para las Mujeres y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 11 de diciembre 2020.- Pese a la falta de evidencia en la capacitación sobre derechos humanos y género, las violaciones y abusos en operativos donde intervienen elementos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional van al alza y el Estado Mexicano se niega a transparentar la información con el pretexto de que se trata de asuntos de seguridad nacional, advirtió la diputada Martha Tagle Martínez.
Así lo dijo al participar en la presentación del informe “Falsa Salvaguarda: Las Capacitaciones de las Fuerzas Armadas 2010-2019”, presentado de manera conjunta por varias organizaciones civiles
El informe detalla que los integrantes del ejército no fueron capacitados por las secretarías competentes a pesar de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hace 10 años, lo que no garantiza que se pararán la tortura y las violaciones sexuales, porque no han aprendido, ya ahora, están en todo el país, reiteró la diputada Tagle Martínez.
Las organizaciones sostienen que desde hace 10 años la CIDH sentenció al Estado Mexicano a capacitar a las fuerzas armadas y a comprometerse a no repetir actos de tortura y violación sexual. Sin embargo no sólo no cumplió, sino que entregó un informe que no tiene evidencias suficientes para pensar que hubo capacitación en género y derechos humanos, más bien se trata de un “informe” opaco y poco transparente.
En foro virtual, 4 organizaciones responsables de la observación del acatamiento de la sentencia, recordaron que esa surgió y obligó al Estado de Mexicano como resultado de los agravios contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas por varios soldados, hace 10 años, en la montaña de Guerrero, en la zona conocida como Barranca de Bejuco, asunto que, no obstante que este gobierno les pidió perdón, sigue en litigio.
Quienes debían capacitar y formar a soldados entre 2010 y 2019, son la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, pero aseguraron las organizaciones que no cumplen con esa obligación. Dijeron que esas dependencias entregaron un informe, que además de no tener evidencia, está lleno de contradicciones, con supuesta información de programas de capacitación, poco claros.
En el Foro, hicieron estos planteamientos las organizaciones, Equis Justicia para las Mujeres, Data Cívica, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro de Derechos Humanos Agustín Pro responsables del informe Falsa Salvaguarda: Las Capacitaciones de las Fuerzas Armadas 2010-2019”, donde señalan que no se ofreció información suficiente para asegurar que las capacitaciones sí se llevaron a cabo, si acaso sirvieron para garantizar que las injusticias cometidas contra Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes garantizan la no repetición de actos de tortura y violación a manos de los integrantes de las fuerzas armadas contra la población.
Melissa Zamora Vieyra, representante del Centro Prodh, dijo que no existen indicadores clave de los resultados de la capacitación y los elementos castrenses siguen cometiendo las mismas violaciones que en años anteriores.
La moderadora Estefanía Vela Barba, de la organización feminista Intersecta expresó, a manera de conclusión,” lo que nos están vendiendo como salvaguardas, capacitaciones en derechos humanos para evitar abusos por parte de las Fuerzas Armadas, no lo son en realidad”.
La diputada Tagle Martínez, también señaló que la militarización en nuestro país está sin límites y sin control. “El Ejecutivo le ha dado incluso hasta tareas de administración y la falsa apuesta de llevar a los militares a las calles solo incrementa la violencia, por lo tanto las violaciones a los derechos humanos seguirán en aumento”.
SEMAR
En los argumentos oficiales, la Secretaría de Marina aseguró que ni siquiera está obligada por los fallos de la Corte relacionados con las injusticias cometidas contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por integrantes del ejército en el año 2002 en el estado de Guerrero.
Sin embargo, afirma contar con un curso permanente de capacitación en derechos humanos, el cual no incluye los criterios mínimos ordenados por la Corte, el análisis de las organizaciones afirma que esta dependencia no pudo proporcionar información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asiste a las actividades de capacitación, ni proporcionó información acerca de la duración de las actividades reportadas. Tampoco fue capaz de proporcionar las cartas descriptivas y temarios de las mismas.
Militarización de la Guardia Nacional
De acuerdo con Alicia Franco, integrante de la organización Data Cívica, la Guardia Nacional recibió un aumento de 21 por ciento en su presupuesto para 2021 presupuesto, superior a lo que recibirá Salud en medio de la pandemia por Covid-19.
Al menos siete de cada 10 de sus elementos pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina y el resto eran oficiales de la extinta Policía Federal. Solo un tercio de este personal recibió el curso de capacitación para ingresar a la corporación y solo siete de cada 100 han cubierto uno de los cuatro escalones para participar en sus filas.
Lo que dice la guardia nacional es que cuatro mil elementos que han sido desplegados han participado en cursos de derechos humanos y equidad de género.
SEDENA
Sofía Huete, de Intersecta, afirmó que la Sedena contestó que ha realizado cursos por internet, a los cuales se conectaron miles de sus elementos, sin tener certeza del número exacto, pero que se trató de eventos con una mecánica unidireccional. Además, de que en estos cursos están sobrerrepresentados los grados inferiores, y no se pudo comprobar que ningún general la recibiera.
Resalta que solo haya efectuado una capacitación en derechos de personas indígenas, cuando el origen de la sentencia es el abuso sexual a la joven indígena Valentina Rosendo Cantú, de sólo 17 años en ese entonces.
En el informe se señala que se reportaron 12 cursos y 62 videoconferencias impartidas a lo largo de siete años, entre 2013 y 2019.
La situación es similar en el caso de la capacitación sobre temas como equidad de género, no discriminación y derechos de la población LGBTI+, donde las corporaciones dedicadas a la seguridad nacional dijeron si estar trabajando, pero no pudieron comprobar ningún resultado.
