- En 2019 hizo 650 mil aprehensiones, de hombres, mujeres, niños y niñas sin miramiento.
- La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, exige se cumpla la ley y pare el “holocausto”.
Sara Lovera
SemMéxico. Ciudad de México. 10 de febrero 2020.- El gobierno de Andrés López Obrador viola el artículo 11 constitucional e incumple sistemáticamente la ley en materia de migración, afirmó la diputada perredista Guadalupe Almaguer Pardo, al sostener que las acciones de contención en la frontera sur donde actúan 27 mil policías, militares y marinos vulnera los derechos humanos de las personas migrantes, se trata de un verdadero “holocausto”, frente a la omisión y silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además impide dar acompañamiento a esas personas y casi 70 por ciento del presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Esta política, instrumentada colabora con los Estados Unidos con un muro de contención para favorecer los intereses del vecino del norte, afecta a las madres centroamericanas que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas y a miles de mujeres que huyen de la pobreza y la violencia de género. Sólo en junio pasado las deportaciones crecieron en 50 por ciento, detalló.
La diputada Almaguer afirmó que en los últimos años México realizó 650 mil aprehensiones de personas del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras- y si se consideran las cifras de 2007 a la fecha suman ya son un millón 200 mil detenciones.
Todo ello lo dijo y documentó ante un auditorio de la Cámara de Diputados, en el marco de la celebración del 4º. Aniversario del grupo feminista “Las Constituyentes de CDMX” y ante dirigentes, legisladoras y militantes en el Foro: Los Derechos Humanos de las Mujeres frente al 2020.
Luego destacó que víctimas, mujeres y niños y niñas, vienen a la frontera sur de México por persecución y pobreza. Llamó al gobierno a retomar nuestra tradición como país de migrantes y regirse por una perspectiva humanitaria, hoy inaplicada, agregó.
En esta política reactiva a las amenazas del gobierno de Estados Unidos, no se ha considerado que es la violencia la explicación de fondo de los patrones migratorios, el Triángulo Norte configura una de las regiones con mayor concentración homicida en el mundo entero. Además que en Guatemala y Honduras la pobreza alcanza al 60 por ciento de la población, según datos del Banco Mundial, explicó.
Encima las acciones del gobierno han convertido a nuestro país en la palanca de la política migratoria de Estados Unidos, debido a nuestra dependencia económica y social de ese país. Actúanos como “un gran filtro o un muro de contención que se aplica sobre las personas que quieren llegar a Estados Unidos, sin la debida protección humanitaria que además de violar la Constitución, impide dar a los migrantes los mínimos de protección.
Paralelamente reflexionó sobre los datos de la migración de mexicanos y mexicanas que migran hacia Estados Unidos, y reveló que en 2019 en la frontera norte se registró el mayor número de personas muertas según un monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Esta organización realizó un monitoreo encontró que sólo en 2020 ya suman 15 migrantes muertos en territorio mexicano, 4 en el sur y 11 en la frontera con Estados Unidos.
A eso se refirió la legisladora al hablar de “holocausto”. Las muertes se dan en un contexto en el que México ha intensificado su estrategia para impedir el paso de migrantes que buscan atravesar el país hacia EEUU. Solamente en junio pasado aumentó la deportación de “extranjeros” en 50 por ciento.
El estado mexicano viola la Constitución
Luego de preguntarse ¿Cómo ha actuado el actual gobierno frente a la migración? sin dejar de anotar la enorme cantidad de mujeres y niñas y niños en este flujo de Centroamérica al norte, Almaguer Pardo, dijo sin miramientos, que este gobierno falta a la Constitución y a la Ley, y sus acciones vulneran los derechos humanos.
Anotó algunas de las acciones puestas en marcha por el gobierno de la 4ª.Transformación:
* Uso de la Guardia Nacional para contener el flujo de personas migrantes, con 27 mil efectivos, policías, militares y marinos.
* La omisión y silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respeto al trato y criminalización que se da a las personas migrantes.
* La inexplicable prohibición a que las organizaciones humanitarias y de la Sociedad Civil para dar acompañamiento y asesoría a las y los migrantes.
* También ha quedado muy clara la débil intervención de la Secretaria de Gobernación, encargada históricamente de estos asuntos.
* El debilitamiento presupuestal para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR pese al aumento de 195 por ciento de solicitudes de asilo. Para 2020 sólo se etiquetaron 47 millones de pesos para su trabajo, cuando necesita 124 millones, una reducción casi del 70 por ciento.
Luego señaló que como legisladora está exigiendo que se respete la ley, llamó al gobierno de la 4T a ceñirse al artículo 11 Constitucional que dice a la letra: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes. (…).
Igualmente, demandó que se ajuste la política migratoria al enfoque humanitario y derechos humanos y no discriminación en estricto apego al artículo primero Constitucional que señala que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderá, salvo en los casos y bajo las constituciones que esta Constitución estables.
Recordó finalmente que ese artículo primero también obliga a todas las autoridades mexicanas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; así como prohíbe toda discriminación. Marco legal y constitucional claramente violentado, afirmó.
