SemMéxico. Ciudad de México. 12 de febrero 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al presidente de la Cámara de Diputados al Secretario de Hacienda y a la Secretaría de Bienestar para que se atienda el interés superior de la niñez, ya que la transferencia económica directa de recursos a las familias para el cuidado de los niños y niñas, debido a los altos índices de pobreza del país, es muy probable se destine a cubrir otras carencias.
Además de que esta medida puede ahondar las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de sus hijos e hijas.
De manera respetuosa, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, recordó a las autoridades federales que, en 2020, el Estado mexicano deberá rendir ante el Comité de los Derechos del Niño, su sexto informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención, donde el recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles, podría derivar en un señalamiento por parte de ese organismo internacional.
Señalo que ya se recibió escrito de queja por los recortes presupuestales anunciados al programa de Estancias Infantiles, al que se dará el debido trámite.
Para la CNDH es incuestionable que el Estado tiene obligaciones que cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores, y que los argumentos de presuntos actos de corrupción en el pasado, no pueden eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones ni que se deje de lado los Derechos Humanos.
Considero que es obligación de las autoridades investigar y sancionar a los responsables de algún ilícito en el manejo presupuestal de las guarderías, y si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas.
En un documento del ombudsperson nacional dirigido al Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, los exhorto a observar los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior.
González Pérez solicito a las autoridades ponderar el recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, porque puede restringir los derechos de los niños a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral.
Además, que el recorte presupuestal anunciado por más de dos mil millones de pesos, puede propiciar que las madres y padres afectados al buscar otras opciones del cuidado de sus hijos e hijas derive en más gasto al presupuesto familiar, y ante la falta de redes apoyo pueden verse obligados a dejar a sus hijos e hijas con personas sin preparación sobre el cuidado de los niños y niñas.
Solicito a las autoridades impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias Infantiles conforme a la demanda social, privilegiando los derechos de la niñez y la perspectiva de género.
Así como analizar el impacto de las medidas adoptadas en las condiciones de vida de niñas y niños, y establecer los mecanismos administrativos e institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoria de los recursos que se transfieren a los proveedores públicos y privados de cuidado y atención integral infantil, para garantizar su aplicación al objetivo destinado, evitando afectaciones a los derechos de las personas menores de edad.
La CNDH hizo hincapié en que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que la inversión en el desarrollo en la primera infancia tiene un efecto positivo en su capacidad para ejercer sus derechos, rompe los ciclos de pobreza y genera una elevada rentabilidad económica, y advierte que la falta de inversión suficiente puede ser perjudicial para su desarrollo cognitivo, y puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergeneracional existentes.
