- Ellas están encarceladas, se hacen carpetas de investigación a modo y las secuestran autoridades
- El Colectivo Cereza acusa a las Fiscalías General, de Homicidios y Feminicidios de violencia institucional de género
Mitzi Fuentes Gómez
SemMéxico, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 27 de noviembre 2020.- En Chiapas, en el sureste de México, defensoras de los derechos de la Mujeres detectaron en causas penales un proceso de institucionalización de la detención arbitraria, la fabricación de carpetas y la tortura sistemática a mujeres indígenas por parte de Fiscalía General del Estado, Fiscalía de Homicidios y Feminicidios, denunció Marcela Fernández Camacho, la defensora de mujeres en situación de cárcel de El Colectivo Cereza, AC..
“Hay una institucionalización de este modo operandi de la fiscalía del estado, que consiste en detener arbitrariamente, citando a uno de los fiscales que detiene a la malagueña. para después construir carpetas de investigación y judicializar, con el aval del poder judicial del estado” dijo a efe Marcela Fernández Camacho.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra a las Mujeres, Marcela Fernández indicó que a pesar de la reforma de derechos humanos desde el 2011, la cultura jurídica presente en las instituciones mexicanas, principalmente las de Chiapas, no se toman en serio los derechos humanos, los derechos humanos son sistemáticamente pisoteados por estas autoridades.
Luego explica “se liberan ordenes de aprensión, se vincula a procesos a estas mujeres indígenas, se alegan las violación a derechos humanos con figuras jurídicas que están presentes en el código nacional de procedimientos penales dentro de audiencias en el sistema acusatorio. Los jueces no toman en cuenta las violaciones a los derechos humanos pese a que sean parte de la legalidad”.
Los casos documentadosque muestran tal acción son: la detención de Francisca de la Cruz Hernández, su hermana y sobrina quienes fueron detenidas a la media noche del 21 de agosto del 2018 en su domicilio de la comunidad Agua Escondida, Teopisca, por hombres encapuchados y armados, quienes ejercieron tortura sexual mientras las conducían con amenazas de muerte y de ser quemadas vivas sino se declaraban culpables de la muerte de sus sobrina y prima.
La fiscalía de Asuntos relevantes construyo carpetas de investigación de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo contra Francisca de la Cruz Hernández y su sobrina, asegurando que portaban bolsas de polvo blanco, pero luego las dejaron libres por que el delito no mecería presión preventiva.
“En realidad esta carpeta de investigación fue para justificar la detención arbitraria de ambas, la sobrina adolescente, fue una simulación corrupta, pues las mujeres detenidas por un grupo de hombres armados” mientras la fiscalía obliga a autoculparse de delito de homicidio calificado, dijo la abogada.
Las mismas prácticas corruptas y violatorias de derechos humanos de las mujeres y de los pueblos originarios se repiten en el caso de cinco familias de la comunidad de Chigton donde Adolfo, padre y abuelo fue asesinado en las instalaciones del CERS 5; tres mujeres permanecen presas en el AMATE y 23 infantes fueron retenidos de manera ilegal por dos meses, hecho de la procuradora del DIF estatal, acusada inicialmente de secuestro de Dilan niño indígena desaparecido el día 30 de junio del 2020.
“Exigimos que estos casos no se sigan repitiendo porque constituyen violencia institucional contra las mujeres y una violación a su derecho a un acceso a una vida libre de violencia” y así también pidieron la liberación de cuatro mujeres de Chigton acusadas de trata en 17 de julio del 2020.
