*Abroga la ley de 1974, aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre 2020 es un avance dicen diputadas
Responde a los desafíos que plantea un México con 126 millones de habitantes
En el Día Mundial de la Población: el Senado detiene nueva Ley de Población que moderniza los derechos de las mujeres y los sexuales y reproductivos
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 11 de julio, 2021.- La nueva Ley de Población, aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2020, revoluciona lo que en 1974 fue un gran salto, ahora obliga a las autoridades a respetar los derechos sexuales y reproductivos, desde una mirada de género e introduce el tema de las identidades.
Hace 47 años, la ley vigente rompió con la prohibición del uso de anticonceptivos, fue el primer avance en cuanto a derechos sexuales y reproductivos; hoy, dice que urge “diseñar políticas y programas integrales en materia de planificación familiar a través de los servicios públicos educativos y de salud pública, orientadas a la distribución racional y estabilización del crecimiento de la población, en el marco de los derechos humanos, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
El 3 de diciembre la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática calificó: “ el nuevo ordenamiento legal contiene elementos que son baluartes de la lucha histórica del PRD como la perspectiva de género, la de derechos humanos, la de niñez y la interculturalidad”, pero además hizo notar que las disposiciones relativas al Programa Nacional de Población se incorporan de forma amplia los derechos sexuales y reproductivos de las personas, haciendo obligatoria la existencia de una oferta anticonceptiva que responda a las necesidades de la población.
Ahora esta ley, que está sin aprobarse en el Senado de la República, fue resultado de un parlamento abierto y una discusión nacional. Abarca las regulaciones de otros marcos jurídicos como la interrupción legal del embarazo, la educación sexual desde edades tempranas, el acceso a servicios de salud y los métodos anticonceptivos todos en distintos marcos normativos, la aprobada por la diputación será la primera ocasión que se encuentren claramente establecidos en la ley de población.
Hace 47 años, la Ley vigente, dio lugar a la campaña más grande y abarcadora para el uso de anticonceptivos, creó el Consejo Nacional de Población y en su discusión, entonces, se habló por primera vez de medio millón de abortos en México. Así lo dijo, Silvia Hernández desde las galería del Senado, como dirigente de Mujeres Insurgentes, luego dos veces senadora de la República.
11 de Julio, Día mundial de la Población
Tiene como objetivo llamar la atención sobre la importancia de los problemas de población en el mundo, en particular en el contexto de los programas de desarrollo, y la urgencia de encontrar soluciones a los mismos.
Se estableció por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de este día, pero dos años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes.
Hoy la preocupación es que la población pueda planear sus familias lo que implica planear su vida, vencer a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos, lograr una mayor equidad de género, disminuir la mortalidad materna y sostener a la juventud.
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Más allá de la discusión del carnet de identidad
Según el Censo de Población 2020, México inicia la segunda década del siglo XXI con más de 126 millones de habitantes y una larga lista de retos sociales por atender, reconocidos en estudios, investigaciones parciales e Inegi: el envejecimiento poblacional paulatino, el embarazo adolescente, primer lugar en la OCED, la pobreza, la desigualdad, el rezago educativo, el matrimonio infantil y la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
Todos estos fenómenos son fundamentos del estudio de la población, y según la discusión, larga y discutida, podrían enfrentarse estos problemas con una nueva Ley General de Población, la cual se encuentra en el Senado de la República y tiene como eje central fomentar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente los de las mujeres que representan más del 51 por ciento de la población mexicana.
Guadalupe Almaguer Pardo, ese diciembre pasado dijo que las disposiciones relativas al Programa Nacional de Población se incorporan de forma amplia los derechos sexuales e indica que la política poblacional es reflejo del acercamiento a la movilidad humana y migración, y en ese sentido la Ley General de Población reconoce el derecho a la movilidad, incluyendo a las personas en situación de migración.
Al respecto la diputada emecista Martha Tagle Martínez, dijo que se establece que el Ejecutivo Federal formule y conduzca la política de población; realizar acciones que contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; promover que las autoridades de las entidades realicen acciones que favorezcan la atención de problemas demográficos. Además, se regula el derecho a la identidad consagrado en el artículo 4º constitucional.
Al respecto, según recoge La Lista “El enfoque de derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, tiene en el fondo una visión para tratar de disminuir las inequidades sociales, de género, de generaciones, diversos tipos de inequidades y desigualdades que ponen en condiciones de vulnerabilidad a la población frente a diversos fenómenos”, comentó sobre la nueva ley Patricia Vargas Becerra, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede).
La legislación, que fue discutida previamente por académicos, organizaciones sociales y dependencias del gobierno, ha dado un viraje de 180 grados respecto de las leyes generales de población de 1947 y de 1974. Esta última es la que aún está vigente –con algunas modificaciones– y desde su lenguaje da cierta prioridad a los hombres.
El artículo tercero de la ley vigente señala que el gobierno federal debe “realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias”.
Mientras que la legislación que hoy – pendiente de aprobación en el Senado-, votada casi sin oposición en la Cámara de Diputados, es clara, dice que es responsabilidad del gobierno federal “diseñar políticas y programas integrales en materia de planificación familiar a través de los servicios públicos educativos y de salud pública, orientadas a la distribución racional y estabilización del crecimiento de la población, en el marco de los derechos humanos, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Vargas Becerra explica que a diferencia de las leyes de 1947 y 1974, la nueva legislación está impregnada por el reconocimiento que se ha dado a nivel global sobre la importancia de las mujeres en la sociedad. “El contingente de mujeres en el volumen de la población se ha incrementado en los últimos años, numéricamente somos un contingente importante que merece ser considerado y se deben reconocer nuestros derechos en leyes”, afirmó.
Si bien la interrupción legal del embarazo, la educación sexual desde edades tempranas, el acceso a servicios de salud y los métodos anticonceptivos ya están considerados en distintos marcos normativos, esta será la primera ocasión que encuentren nombrados en una ley de población.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tiene claro que los servicios de salud sexual y reproductiva son claves para que hombres y mujeres tengan un desarrollo equitativo. Además, eso podría derivar en crecimiento económico para México.
Hace unos días -tal como lo publicó SemMéxico- Alicia Bárcena dijo “Las mujeres tienen menos posibilidad de acceder a la educación y trabajos de calidad cuando no pueden decidir el número de hijos que quieren tener ni el espaciamiento de los nacimientos y cuando no hay corresponsabilidad en tareas de cuidado”.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2021 las mujeres representaban el 38 por ciento de las personas que tenían un trabajo. De las mexicanas económicamente activas, solo 344 mil 439 ganan un sueldo equivalente a cinco salarios mínimos, mientras que 830 mil 237 hombres perciben esta misma cantidad.
La nueva Ley y sus desafíos
Virgilio Partida, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), explica que la Ley General de Población de 1974 antecedió a la Conferencia Mundial de Población de Bucarest del mismo año, donde se pidió a los países reducir la fecundidad para lograr un mejor desarrollo socioeconómico.
Sin embargo, el especialista – dijo a La Lista- toma como referencia las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y rechaza que la meta se haya cumplido. “Han pasado 47 años y todavía tenemos 20 por ciento (de la población) en pobreza extrema, no les alcanza ni para comer, es decir, no se ha alcanzado el objetivo que se pretendía completamente”, asevera.
Según se lee en la minuta que se envió al Senado, para enfrentar estos rezagos en el siglo XXI, la Ley General de Población también toma en cuenta las garantías de la comunidad LGBT+, los adultos mayores, los menores de edad, las comunidades indígenas, las personas desplazadas y los adultos mayores.
Respecto de las personas en situación de desplazamiento interno dice, por ejemplo, que tienen derecho a todos los programas y servicios públicos de los tres niveles de gobierno, a los menores se le debe garantizar el acceso a la educación, a los adultos mayores y personas con discapacidad accesos a servicios de salud.
Es posible que la nueva legislación no se apruebe hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, – septiembre próximo- las diputadas consultadas, las personas que conocen señalan que la Ley General de Población debe estar acompañada de otros marcos legales para cumplir su objetivo de acabar con las desigualdades, sobre todo ahora que la pandemia de Covid-19 amenaza con generar retrocesos en el país.
“Los desafíos sociodemográficos han avanzado con una celeridad muy importante y por supuesto estos desafíos visibilizan la necesidad de accionar”, dice Noé Valdiviezo, responsable del área de Demografía de la oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas. “Un ejemplo es que bajo las vicisitudes del Covid-19 existe un potencial riesgo de perder avances en materia de los derechos de las personas jóvenes, adultos mayores y otros sectores, justo por eso necesitamos acelerar estas acciones”.
También hay esperanza de que se apruebe finalmente una nueva legislación poblacional. La ONU advierte que a México le queda poco tiempo para cumplir con las metas de desarrollo fijadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 2030. Estas están relacionadas, entre otros temas, con consolidar la igualdad de género, poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y que ninguna persona pase hambre.
“Todas las instituciones (del gobierno) deberían tener una injerencia para poder tratar desde su propia temática algunos de los elementos, las instituciones vinculadas con salud, economía, medio ambiente, entre otras instituciones, deberían estar trabajando conjuntamente”, concluye Valdiviezo Villanueva.
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Aprobada por la diputación, detenida en El Senado
En Sesión Ordinaria, las y los diputados aprobaron con 426 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones, el dictamen por el que se expide la Ley General de Población, y abroga la publicada en 1974.
- La ley regula la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, registro e identidad de las personas; además, define las políticas de movilidad humana y de interculturalidad para salvaguardar los derechos humanos y sus garantías.
Estipula que la Secretaría de Gobernación establecerá, administrará y operará el Servicio Nacional de Población, y expedirá la Cédula Única de Identidad Digital.
El dictamen turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad, y establece las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir una política de población e interculturalidad que atienda las causas y consecuencias de la dinámica demográfica
Lo discutido
Al fundamentar el dictamen, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena), indicó que la nueva ley busca atender los cambios demográficos mediante el uso de información y estadísticas sociodemográficas para prever los efectos del envejecimiento. Y dijo su objetivo, establecer las bases de coordinación interinstitucional
En el debate se avaló con una propuesta de modificación planteada por el diputado Rubén Cayetano García (Morena) para adicionar las fracciones V y VI al artículo 48 y establecer que el Registro Nacional de Población debe contener el número del certificado de discapacidad, emitido por la autoridad competente del sector salud, cuando corresponda; y la auto-adscripción como integrante de los pueblos indígenas o población afromexicana, en los términos que establezca el reglamento.
Esta Ley busca crear la Cédula Única de Identidad Digital, misma que será gratuita y expedida por la Secretaría de Gobernación.
Esta Cédula se constituirá en el documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero y ante las personas físicas y morales con domicilio en el país, así como para todo tipo de trámite o servicio.
La nueva ley busca regular la operación del Registro Nacional de Población, y del Servicio Nacional de Identificación Personal, así como la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, registro e identidad de las personas.
Asimismo, hará uso de todos los mecanismos a su alcance para contrarrestar el racismo, discriminación por cualquier causa, segregación, misoginia, homofobia, la censura a cualquier profesión religiosa, xenofobia y el discurso de odio, por razones de su origen, identidad, religión, género, discapacidad, problemas de salud, orientación sexual y todo otro tipo de marginalización y exclusión.
Puntualiza que son principios rectores de esta ley: el enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; la transversalidad de la política de población; el federalismo; la transparencia y rendición de cuentas; la perspectiva intercultural.
Asimismo, la perspectiva de género y de curso de vida; el desarrollo sostenible; el bienestar social e individual, y la promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la política de población.
Al fundamentar el dictamen, el diputado César Agustín Fernández Pérez (Morena) afirmó que la legislación vigente que data de 1974 ha quedado rebasada por desafíos poblacionales que deben ser atendidos con urgencia.
“Hoy la mayoría de los artículos de la Ley General de Población han sido derogados, lo que resulta una norma fragmentada que se aplica sin visión de transversalidad, sin perspectiva de género y sin estrategia y objetivos claros, dijo.
Ante ello, el nuevo ordenamiento debe ser piedra angular para definir, implantar y evaluar una política poblacional moderna que aproveche el bono demográfico y se prepare para los retos que conlleva el paulatino envejecimiento de la población, los avances tecnológicos y los cambios en las relaciones sociales, distribución y rasgos de la población.
La nueva ley prevé integrar un registro de personas en la que se concentre información relativa a la identidad de todos los que habitamos México, que se alimente de información actualizada y fidedigna, que se pueda constituir como un insumo para la toma de decisiones y nos coloque en un esquema de protección de derechos. @NoticiaCongreso
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Foto ONU
