Semméxico, Chilpancingo, Gro., 28 julio de 2018.- Presiones para ceder la candidatura y no reclamar, coacción, amenazas incluso de muerte, homicidios dolosos, difamación, calumnias, guerra sucia, sabotaje a sus actos proselitistas, son algunas modalidades de violencia política en razón de género que se presentaron en el proceso electoral contra de mujeres en esta entidad.
Así se dio a conocer durante Foro Regional de Evaluación sobre la Participación Política de las Mujeres realizado en esta ciudad, en la que se dijo que hasta el 17 de julio, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses registró 19 casos de violencia política en contra de mujeres, tres feminicidios, la mayoría se concentran en la región centro, informó Muriel Salinas Díaz, coordinadora de dicha organización.
De acuerdo a la sistematización de la información, se trata de agresiones a ocho candidatas a cargos de elección popular, ocho precandidatas, una militante de un partido y dos de organizaciones de sociedad civil. Más de la mitad, el 53 por ciento, tiene entre 40 a 49 años; el 37 por ciento entre 30 a 39 años, y el 10 por ciento entre 18 y 29 años.
La mayor cantidad de casos se registraron en la zona centro del Estado, 10 (53 %); en Acapulco, Costa Chica, Tierra Caliente y en la Costa Grande con un caso, respectivamente; tres en la norte, dos en la Montaña. Salinas Díaz destacó que la región Centro es un foco rojo por el número de casos de violencia política por razón de género.
Por municipio, se registraron un caso en Acapulco; tres en Chilpancingo; dos en Iguala, dos en Chilapa, uno en Atzacoaloya (municipio de Chilapa), uno en Tlapa, tres en Iguala, tres en Mártir de Cuilapan; en Cuautepec, Pungarabato, Ayutla y Olinala un caso de violencia política de género, respetivamente.
De acuerdo a los tipos de violencia cuatro están relacionados con violencia psicológica, económica, amenazas o coacción; nueve son de violencia psicológica; tres de violencia feminicida u homicidios dolosos (ocurridos en el municipio de Chilapa), y tres de amenazas y coacción.
En cuanto a modalidades, el 63 por ciento de las víctimas señalaron que la violencia ocurrió al interior de los partidos políticos a los que pertenecen; el 21 por ciento en la comunidad; en menores proporciones, entre el 5 y 6 por ciento se trato de hechos de violencia política de género a través de las redes sociales; otras comentaron que fue dentro de la comunidad por medio de una organización social u otras organizaciones; en menor proporción, dentro del partido político, en la comunidad pero con presencia de grupos criminales.
Para efectos de este estudio desarrollaron criterios o preguntas tales como si el acto o la omisión se dirige por ser mujer, si afecta por el hecho de ser mujer; si tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos político electorales; si se da en el marco del ejercicio, es decir, puede tratarse de alguien que no necesariamente participó en el proceso electoral como candidata o precandidata, sino con algún cargo en funciones como alcaldesa, regidora, servidora pública en algún órgano electoral o gubernamental y que en el ejercicio de sus funciones enfrentó actos u omisiones que menoscabaron o anularon su ejercicio del cargo.
Otros cuestionamientos fueron si el acto u omisión fue verbal, patrimonial, económico o físico sexual psicológico o simbólico; si fue perpetrada por el estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos, por algún medio de comunicación, como la difamación, o a través de campañas sucias.
En siete de los 19 casos dijeron que se trató de un acto u omisión dirigida por ser mujeres, que tiene un impacto diferenciado que le afectó por ser mujer; 15 que tuvo por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos electorales; nueve explicaron que se dio en el marco del ejercicio de sus derechos político electorales, o del cargo público que ocupaban.
Además, tres respondieron que se trató de un acto u omisión verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, psicológico o simbólico; seis que la agresión fue perpetrada por el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo o representantes de partidos, medios de comunicación, particulares o un grupo de personas; y en tres casos no aplicaba ninguno de esos criterios, aunque en un análisis cualitativo encontraron que sí tenía que ver con violencia política de género como sucedió en el caso de organizaciones de la sociedad civil.
Salinas Díaz dijo que encontraron que las mujeres son víctimas de violencia política en razón de género dentro de las organizaciones sociales, al participar en proceso de selección interna, ya sea por hombres o las propias mujeres “y el comportamiento no es diferente al que se da en los partidos políticos”.
En nueve de los 19 casos las víctimas señalaron que fueron presiones para ceder a la candidatura o no reclamar; otras, enfrentaron ausencia de apoyos materiales, financieros y humanos para hacer su campaña; una dijo que además de presiones para ceder su candidatura o no reclamarla, no la dejaron ser candidatas sin justificación alguna.
Otra de las mujeres que dijo que además de las presiones, enfrentó difamación, desprestigio y calumnias; una más informó: “no me dejaron participar para poner a la esposa del síndico municipal”; en otro caso denunció un hecho de difamación, desprestigio y calumnias.
Una más sufrió agresiones y amenazas contra su integridad, la de su familia y colaboradores -antes, durante y después de la campaña-, y otra reportó agresiones y amenazas durante la campaña o antes, además de acciones que pretendieron desprestigiarla mediante calumnias y el sabotaje a sus actos de proselitismo.
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