Elecciones 2018Soledad Jarquín Edgar

En México han sido asesinados 112 políticos desde septiembre de 2017

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Redacción

Rodrigo Islas Brito 

SemMéxico/ Tres Grados. Oaxaca. 19 de junio de 2018.- “El INE está haciendo bien su trabajo, las autoridades encargadas de la seguridad pública de la prevención y sanción de los delitos deben hacer el suyo. Necesitamos que el primero de julio tengamos un clima de tranquilidad y paz social que no vaya a perjudicar el desarrollo normal de la elección y que tampoco vaya a interferir con el hecho de que los ciudadanos salgan a votar masivamente”, declara Edgar Arias, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Oaxaca. 

En México han sido asesinados 112 políticos desde septiembre de 2017, de los cuales 28 eran precandidatos, 14 más candidatos a puestos de elección y el resto corresponde a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.

La citada cifra aumentó en más del 300% respecto a las elecciones de 2015. Además de que la violencia contra políticos y candidatos en México ha dejado 292 víctimas en los últimos doce años, según el Atlas de Riesgo Político Electoral, un estudio realizado por un grupo de especialistas y miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema de la seguridad. 

En el estado de Oaxaca está presente el atentado cometido el dos de junio en Juchitán, Oaxaca contra la candidata a concejala por el PRI Pamela Terán, en donde también murió asesinada la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y el primo de la concejala, Adelfo Guerra. Esto llevó a que momentáneamente las campañas políticas fueran canceladas en el Istmo de Tehuantepec, que fueron reanudadas después de un anuncio del gobernador Alejandro Murat Hinojosa sobre la conformación de una Fuerza Especial Oaxaca, integrada por más de 500 elementos de diferentes corporaciones policiacas, tanto federales como del estado de Oaxaca que se anunció patrullaran Juchitán y el Istmo de Tehuantepec. 

En la segunda parte de esta entrevista, Edgar Arias informa que el INE sigue participando en mesas de coordinación con autoridades de seguridad pública tratando de que estas “planteen un operativo de seguridad para el primero de julio que nos de las mayores garantías de que vamos a tener una jornada tranquila”.

En cuanto a niveles de riesgo el delegado informa que los órganos electorales ha establecido protocolos para que candidatas y candidatos que se sientan amenazadas soliciten, a través del INE y del IEEPCO, a los gobiernos que correspondan que los provean de seguridad. “A nivel federal solamente una candidata al senado lo solicitó y se le proporcionó”, puntualiza Arias.

Detalla que el INE canaliza la petición a la Secretaría de Gobernación que hace una valoración del contexto particular y decide el tipo de seguridad que envían. “No tengo conocimiento de que haya solicitudes de protección en orden local”, agrega el entrevistado. 

Se le comenta a Arias que la periodista Soledad Jarquín, madre de María del Sol Cruz Jarquín ha declarado que su hija, adscrita a la oficina de comunicación social de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, fue concentrada laboralmente en Juchitán por imposiciones y amenazas de despido de su jefe y ahora extitular de la SAI, Francisco Javier Montero López, quien la quería cubriendo la campaña de su hermano Hageo Montero López, candidato del Frente PRI-PVEM-PANAL a la alcaldía de Juchitán y con quien Pamela Terán compartía planilla política. 

Soledad Jarquín incluso le solicitó al PRI nacional y estatal que como un acto de coherencia y sensibilidad le fuera retirada la candidatura Hageo Montero López, cuestión a la que el PRI nunca respondió oficialmente a Jarquín, y que finalmente atajó con una negativa vertida a través de la prensa.

Se le cuestiona a Arias su opinión como máximo representante del INE en Oaxaca sobre este posible tráfico de influencias que hoy es investigado oficialmente por la representación en Oaxaca de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)

“Es un tema eminentemente local, es una desgracia por supuesto, como Institución hemos lamentado mucho el infortunio para esta familia. Se requiere una investigación de la Fiscalía exhaustiva que deje claro que fue lo que ocurrió, porque si bien hay declaraciones de la madre de la víctima, también las declaraciones del funcionario, que se separó del cargo que niega que los hechos hayan sido así, todo tiene que investigarse. Nosotros no podemos adelantar juicios ni hacer condenas de algo que todavía está por aclararse”, responde Arias. Asegura que la FEPADE tiene que hacer un trabajo serio que merezca la confianza de la familia de la víctima, en primer lugar, así como de la sociedad en general

¿Los asesinatos políticos no traerán consigo el miedo y esto sea causante para que la gente no salga a votar el primero de julio?, se le cuestiona a Arias, quien responde que respecto a esto tiene una valoración contrastante.

“El contexto que se han realizado algunas campañas empañadas por la violencia y los asesinatos de candidatos o de gente que aspiraba a tener una candidatura, es absolutamente incompatible con un sistema democrático como el que quisiéramos tener. Nos habla de un problema grave que enfrenta el país y de una debilidad muy evidente de las instituciones encargadas de procurar seguridad y procurar justicia”, expresa. 

Comenta que en el INE existen cincuenta mil personas haciendo actividades de campo en todo el país que todos los días han estado recorriendo todas las secciones electorales y todos los municipios llegando a lugares remotos a los que nadie llega.

“Tenemos a una persona en el estado de Guerrero que sufrió un atentado que le costó la vida. Todavía no sabemos en qué circunstancias, en Oaxaca no hemos tenido ningún incidente al respecto. La ciudadanía en general está muy entusiasmada con la elección y muy comprometida a que se concrete”, pondera el funcionario.

Explica que nacionalmente se necesitan más de un millón de funcionarios de casillas a nivel nacional, pues serán 150 mil casillas en todo el país, y en el estado de Oaxaca un poquito más de dos millones trescientas mil personas las que forman parte ya del padrón electoral, con 5421 casillas a instalarse en la entidad y cincuenta mil ciudadanos próximos a fungir como funcionarios de casilla.

“No podemos permitir que lo que está pasando desincentive la participación. Yo no veo miedo, hay quienes auguran una cifra de participación cercana al setenta por ciento en un país donde el voto no es obligatorio y donde hay muchos incentivos para no dejar de mirar la desconfianza en las instituciones, el descredito de la clase política, el rechazo en general a los partidos políticos y los malos resultados de los gobiernos”, expresa el Delegado. 

Se le cuestiona si la sección 22, que en su jornada de lucha de las elecciones intermedias del 2015 llegó incluso a quemar boletas y urnas electorales es un factor de riesgo para estas elecciones con sus movilizaciones y plantones hoy en constante movimiento. 

“Hace tres años a estas alturas ya teníamos oficinas tomadas, ya había una declaración de boicot electoral, un anuncio que se concretaba en acciones en contra de la Institución. Ahora las cosas son diferentes, la sección 22 incluso tiene candidatos en algunos partidos políticos y públicamente han dicho que no se van a meter en el proceso electoral”, expone. 

Arias comenta que una agencia de Juchitán llamada Álvaro Obregón y la comunidad de San Dioniso del Mar en el Istmo de Tehuantepec son dos puntos en los que el INE tiene focalizadas amenazas de la misma comunidad de que ahí no se permitirán la instalación de casillas el día de la elección 

“Son siete casillas en San Dionisio”, informa. Se le comenta que también existe el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, donde por conflictos donde acusan al pueblo vecino de Tamazulapan de cerrarles el suministro de agua durante más de un año, sus pobladores han dicho que como método de presión para que su problemática sea resuelta podrían no permitir la instalación de casillas electorales en su comunidad. “Si la ciudadanía decide que no se instalen, no se van a instalar”, es la final respuesta del Delegado INE

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